El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama realizó hoy un plantón en el Parque Calderón de la ciudad de Cuenca, para rechazar la pretensión de hacer mega minería en los páramos del Macizo del Cajas, en especial al conocerse de la aprobación en noviembre del año pasado de la licencia ambiental para el mega proyecto de oro Río Blanco.
Esta protesta se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer para denunciar también la farsa de la propaganda corporativa y gubernamental sobre que la minería trae "desarrollo" y "bienestar". Lejos de esto lo que los mega proyecto Río Blanco y Quimsacocha han generado es mayor violencia contra las mujeres, como lo indica el Frente en el comunicado que sigue.
MINERÍA EN NUESTROS PÁRAMOS Y AMAZONÍA ES VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Es realmente indignante ver cómo el gobierno
actual miente, miente y miente de la forma más descarada diciendo que el inicio
de la industria minería será la salvación para Ecuador, que la mega minería
traerá “desarrollo”, “bienestar”, que con la minería “se vencerá la pobreza”.
La evidencia de lo que sucede con la mega minería
de las corporaciones transnacionales en todo el mundo, desmiente de tajo esta
campaña a favor de las empresas extranjeras (chinas y canadienses
principalmente), que se están adueñando de territorios en los páramos andinos y
la Amazonía ecuatoriana para iniciar el cáncer minero, contando como principal
publicista y cómplice con Rafael Correa y su gobierno de la farsa denominada
“revolución ciudadana”.
En Latinoamérica cada vez más mujeres participan
en forma activa en los procesos de resistencia contra la minería, otras
industrias extractivas y relacionadas, lo que las convierte en blanco de la
violencia institucionalizada, en decir, aquella que proviene de las
corporaciones mineras, los gobiernos y estados. La muerte en Honduras de Berta
Cáceres, defensora de los Derechos Humanos, es una de las lamentables pérdidas
de los últimos días por los conflictos con industrias extractivas y de
megaproyectos de muerte.
Pero no sólo lo que sucede en otros países
desmiente las falacias sobre la minería responsable, sino lo que sucede en el
propio Ecuador desde hace más de una década cuando se entregaron las concesiones
a las corporaciones extranjeras sin que las comunidades, y mucho menos las
mujeres de los territorios invadidos, hayamos sido informadas ni consultadas.
Desde el momento mismo en que, violando los
derechos humanos y constitucionales de las y los ecuatorianos, se les entregó
los territorios vía concesiones, comenzó la historia de la gran minería que se
repite en todos los continentes, es decir, la violación sistemática de
derechos, pisoteo de libertades y garantías, adecuación de la legislación para
favorecer la penetración del capital minero transnacional, represión, uso de la
fuerza contra las comunidades, grupos, organizaciones y/o personas que se
oponen a la invasión minera, criminalización de la protesta, y a más de todo
ello, otro patrón que se repite por todo el mundo: aumento de la violencia
contra las mujeres.
Mujeres de distintas comunidades nos hemos
levantado contra los mega proyecto de minería en Ecuador. En algunos casos
hemos iniciado procesos de organización a partir de nuestra participación en
las movilizaciones en defensa del territorio, en especial, desde el 2006 y
2007. Cuando en el 2008, mujeres provenientes de distintas comunidades de Azuay
y Morona Santiago, decidimos conformar el Frente de Mujeres Defensoras de la
Pachamama, ya habíamos sido blanco de la represión, encarcelamiento,
persecución judicial, entre otras violaciones a nuestros derechos.
Por ejemplo, desde el 2006, Lina Solano Ortiz
co-fundadora del Frente, ha enfrentado varios juicios con acusaciones penales como
invasión de edificios, robo, obstaculización de la vía pública, entre otros.
Algunos de estos juicios fueron archivados por la Amnistía otorgada por la
Asamblea Constituyente en el 2008, especialmente aquellos que se iniciaron por
las movilizaciones en contra del proyecto Mirador en el Pangui y Gualaquiza.
Otros, a pesar de haber sido incluidos en la Amnistía, continuaron adelante,
tal es el caso de la supuesta invasión del campamento Rosa de Oro de la minera
Ecuacorriente-Explorcobres, que estaba ubicado en el área del proyecto
Pananza-San Carlos. Jamás se puedo probar absolutamente nada de las falsas
acusaciones que hacía la empresa sobre que varias personas, entre ellas Lina
Solano Ortiz, encabezaron un grupo armado que habría tomado el campamento de
Rosa de Oro por asalto y robado pertenencias de la empresa por un monto de
alrededor de 20 mil dólares.
¿Acaso esto no es violencia contra la mujer? No es
fácil tener que enfrentar una lluvia de juicios penales sin recursos ni para
contratar una o un abogado, ser acusadas injustamente y ser amenazada de ir por
varios años a prisión por el sólo hecho de defender a la Madre Tierra; y por
otro lado, constatar como las empresas pueden conseguir testigos que mienten
infamemente esperando ver a una mujer tras las rejas, seguramente no sólo por
el hecho de haberse rebelado contras las mineras, sino de ser un “mal ejemplo”
para otras mujeres.
¿Y no es violencia privar de la libertad a las
mujeres por atreverse a levantar su voz en contra de la injusticia de minar
nuestros páramos y la Amazonía?
Durante las movilizaciones convocadas por la
Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS), en
junio del 2007 en exigencia de la salida de las corporaciones mineras, a pocos
meses de iniciado el gobierno de Correa y cuando Alberto Acosta era Ministro de
Energía y Minas, varias mujeres en distintos puntos el país fueron injustamente
privadas de su libertad, entre ellas Lina Solano Ortiz, quien fue detenida en
forma violenta por la policía en Cuenca (sector llamado de El Descanso), donde
las comunidades cerraron las vías que comunican esta ciudad con la Sierra norte
y el sur Oriente.
Cabe recordar que estas movilizaciones fueron
fuertemente reprimidas por el gobierno de Correa, y muchas mujeres fuimos
agredidas física y verbalmente por la fuerza pública, atacadas con gas
lacrimógeno y balas de goma a pesar de tener nuestros hijas/hijos en brazos o
de cargarlos en la espalda; incluso se llegó a despojar a algunas mujeres de
sus polleras y exhibirlas en las carreteras, recibiendo así un trato
degradante. Jamás olvidaremos que quien estuvo a la cabeza de esta infame represión
fue Oswaldo Larriva, Gobernador de Azuay en ese entonces.
Otra Defensora de la Pachamama, Francisca Zhagüi
Chuchuca, fue injustamente privada de su libertad en abril del 2008, a poco de
conformarse el Frente de Mujeres. Detenida en Victoria del Portete durante las
protestas convocadas por la CNDVS en exigencia de que la Asamblea Constituyente
emita el Mandato Minero, la compañera Francisca tenía 65 años de edad. Otras
personas que fueron encarceladas junto con ella recuerdan que cuando llegó a la
cárcel con sus brazos en alto gritaba: “Viva el paro”. Posteriormente se le
inició un juicio penal por “Obstaculización de la vía pública” por su
inquebrantable oposición al megaproyecto Quimsacocha hoy cambiado de nombre a
Loma Larga.
Pero, quizá los momentos más difíciles que ha
tenido que enfrentar el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama fue en enero
de 2009, cuando varias compañeras de la organización fueron detenidas durante
las protestas en contra de la aprobación de la ley de minería, y se iniciaron
juicios por “Terrorismo Organizado”, “Obstaculización de la vía pública” y
“Lanzamiento de cuerpos a vehículos en marcha”, por hechos acaecidos en la
parroquia Molleturo, donde las comunidades cerraron la vía que conecta Cuenca
con las provincias de la Costa.
Nuevamente el incondicional Gobernador de Correa, Oswaldo
Larriva, hizo todos los esfuerzos para inculpar a miembros del Frente de
Mujeres Defensoras de la Pachamama, dando supuesta “pruebas”, como un oficio
sobre el tema de Río Blanco, que le dirigieron representantes de la Comuna San
Felipe de Molleturo entre los que firmaba Georgina Gutama como Secretaria de
esa organización.
Fueron varios meses de zozobra, que incluso quiso
hacer mella en la salud de las acusadas, hasta que algunos de los procesos
fueron sobreseídos en primera y segunda instancia por falta de pruebas de la
Fiscalía, quedando abierto el de Obstaculización de la vía pública, en el que
se pidió prisión preventiva para las implicadas y luego se fijó una fianza que
las mujeres nunca estuvieron en condiciones de pagar. Fue una verdadera
persecución judicial en contra de mujeres campesinas de Molleturo por oponerse
a megaproyecto minero Río Blanco. El último de los procesos judiciales
prescribió recién en agosto de 2013.
Todo el sufrimiento de estas madres y sus familias
al ser tratadas como criminales ¿no es acaso violencia contra las mujeres?
Y a más de la represión brutal por parte de la
fuerza pública, la criminalización, persecución judicial, encarcelamiento, etc.,
hemos recibido insultos de parte de funcionarios públicos de este gobierno
comenzando por el propio Rafael Correa, hasta sus subalternos, como Oswaldo
Larriva, quien luego de dejar la Gobernación pasó a la Gerencia de la empresa
municipal de Telecomunicaciones y Agua Potable de Cuenca ETAPA, y en varias
ocasiones, en reuniones públicas insultó a compañeras del Frente de Mujeres,
como en diciembre de 2011 en Molleturo cuando las llamó “asalariadas de las
mineras” y las acusó de estar “financiadas por esas grandes corporaciones
extranjeras mineras”.
¿Escuchar este tipo de infamias no es acaso
violencia contra las mujeres? Y más tratándose de un funcionario público, es
decir, de un actor con poder estatal contra Defensoras de los Derechos Humanos.
El último ataque que ha recibido el Frente de Mujeres
Defensoras de la Pachamama fue en octubre de 2015, cuando quisimos realizar una
manifestación pacífica para rechaza al proyecto minero Río Blanco. Este hecho
deja en evidencia el nivel de intolerancia y el grado de irrespeto a los
derechos a los que se ha llegado en Ecuador. El 20 de octubre del año pasado,
durante la visita de Rafael Correa a Molleturo para inaugurar una obra de
Ecuador Estratégico, quisimos exhibir una pancarta con la consigna “Minería
responsable, cuento miserable” en el Parque Central de Molleturo hasta donde
llegó Correa, siendo por ello agredidas física y verbalmente por miembros de la
policía y agentes de seguridad política, quienes nos golpearon para quitarles
la pancarta y luego nos detuvieron por más de dos horas en una calle aledaña al
parque hasta que Rafael Correa se fue de Molleturo. De esta manera se violó
nuestro derecho a la resistencia, a la libertad de opinión y expresión, a la
integridad física, a la participación y organización, entre otros. Ocho de las
agredidas, dos de ellas cercanas a los 80 años de edad, pusimos una denuncia en
la Defensoría del Pueblo y se lleva adelante una investigación.
A esta violencia institucionalizada debemos sumar
la que hemos recibido de parte de personas de nuestras propias comunidades que
están a favor de los proyectos mineros. El rompimiento del tejido comunitario
es uno de los primeros efectos que trae la minería y esto genera aumento de
violencia contra las mujeres a este nivel, lo que ha provocado que seamos agredidas
física y verbalmente por nuestro activismo en defensa de la Madre Tierra, como
en los ataques ocurridos en diciembre de 2008 contra Livia Jiménez en Victoria
del Portete, y, en abril de 2009 contra Etelvina Misacango en Molleturo.
Estos son sólo algunos de los casos que han sido
registrados por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Protección del Frente de
Mujeres Defensoras de la Pachamama, y que los hemos denunciado en
organizaciones y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y
en ocasiones en la Defensoría del Pueblo, sin que hayamos logrado que nuestros
agresores sean por lo menos amonestados por sus actitudes prepotentes,
machistas y discriminatorias.
Y estos casos son sólo un ejemplo de lo que
ocurren con las mujeres en resistencia a la invasión minera en Ecuador, que
hemos tenido impactos directos incluso antes de que comience la explotación de
los minerales.
Mientras las corporaciones están siendo protegidas
y apoyadas por el Estado y gobierno, cuentan con seguridad jurídica y pueden
utilizar el aparato judicial en contra nuestra, las mujeres de los territorios
afectados por la minería no podemos ejercer nuestros derechos, no tenemos seguridad
jurídica, ni acceso a la justicia, es decir, estamos en total indefensión
frente a las poderosas corporaciones transnacionales y sus cómplices nacionales.
Ante todo lo expuesto nos preguntamos: ¿se puede
hablar de que la minería trae “desarrollo” cuando hay un aumento de la
violencia contra las mujeres de territorios afectados por esta actividad
extractiva?, ¿se puede hablar de que la mega minería trae “bienestar” cuando se
pisotean los derechos de las mujeres, se desoye sus reclamos, se las
criminaliza, se les niega la participación?, ¿acaso la condición jurídica y
social de la mujer no es uno de los elementos básicos para superar la pobreza y
el “subdesarrollo”?
¡POR EL DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS
Y A LA MADRE TIERRA!
FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA
Cuenca, 8 de marzo de 2016
COMISION DE COMUNICACIÓN DEL
FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA
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