13 de abril de 2014

INTERVENCIÓN DE DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA EN SEMINARIO SOBRE MEGAPROYECTOS Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS



El jueves 10 de abril, Lina Solano Ortiz y Rosío Pérez Arévalo, en representación del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, participaron en el Seminario “Megaproyectos de desarrollo y su Impacto en los Derechos”, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México UNAM.

La participación se hizo mediante un video en el cual las Defensoras de la Pachamama expusieron sobre la experiencia de su organización en la resistencia contra los megaproyectos de minería en Ecuador. Lina Solano Ortiz presentó un marco general sobre el conflicto minero en Ecuador, poniendo énfasis en el proceso de resistencia de la última década y los derechos que han sido violados desde la entrega de las concesiones. Rosío Pérez Arévalo por su parte habló sobre el Frente de Mujeres, la labor que realizan y los obstáculos que han tenido que afrontar como sector organizado en resistencia a los proyectos Quimsacocha-Loma Larga y Río Blanco en Azuay.


CARTA DEL CEIICH-UNAM AL FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA

Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama:

Expresamos el gusto de contar con su participación;  su reflexión no sólo ha dejado en la mesa el debate de las posibilidades y límites de lo que la doctrina jurídica se empeña en nombrar el "Nuevo constitucionalismo latinoamericano", con su ejemplo dimos cuenta de la necesidad de discutir amplia y profundamente la posición de los estados del Sur y sus élites políticas quienes expropian los discursos de los pueblos campesinos e indígenas en el camino al neodesarrollismo. 


En México la situación es aún más cínica, el retorno del Partido Revolucionario Institucional acelera las transformaciones legales en materia laboral, educativa, fiscal, energética, entre muchas otras. Arrebatando las conquistas que en materia de derechos sociales y colectivos, la movilización popular había logrado.

Como bien advirtió Rodrigo Gutiérrez, nuestra América padece los mismo males, resultado de una dependencia encarnizada que adopta diversas caras, ahora la del neocolonialismo.  

Si bien el panorama no es el más alentador, el compromiso de construir un mundo distinto se hace cada día más necesario. Todas y todos los presentes,  agradecemos profundamente su participación y lamentamos lo acelerado del tiempo. También  esperamos que haya resultado enriquecedor para ustedes  tanto como lo fue para nosotros.  

Gracias especialmente a Lina y Rosío por el tiempo y las ganas de participar. 

Aleida Hernández y Lizbeth Hernández

CEIICH-UNAM

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9 de abril de 2014

Defensoras de la Pachamama participarán en Foro de la Universidad Autónoma de México UNAM



DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA PARTICIPARÁN EN FORO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

Rocío Pérez Arévalo y Lina Solano Ortiz, Coordinadora y Directora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pahamama respectivamente, intervendrán este día jueves 10, vía internet, en el Foro: “MEGAPROYECTOS DE DESARROLLO Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS”, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México UNAM.

Las representantes del Frente participarán con el tema “Por el derecho a defender nuestros derechos: el caso de las Defensoras de la Pachamama frente a la megaminería en el sur ecuatoriano”. En este evento internacional también se presentarán varios casos de conflictos por megaproyectos en México.


Programa
Evento: Megaproyectos de desarrollo y su impacto en los derechos
Coordinadores: Aleida Hernández Cervantes (CEIICH) y Rodrigo Gutiérrez Rivas (IIJ)
10 de abril de 2014
Auditorio del CEIICH, Torre II de Humanidades, Cuarto piso


16:00-16:10 Palabras de bienvenida de la directora del CEIICH
Dra. Norma Blázquez Graf

16:10-16:50 Conferencia inaugural
Gerardo Pisarello/Universidad de Barcelona
“El desmontaje de los derechos sociales en el contexto neoliberal”

17:00-18:15 Mesa 1: Los megaproyectos de desarrollo en México: la imposición del modelo extractivista y la normatividad con la que operan

Francisco López Bárcenas/Especialista en Derecho Indígena
“Territorios en resistencia: el cuarto ciclo de la colonización indígena"

Aleida Hernández Cervantes/Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM
“El protagonismo jurídico de las empresas transnacionales y los organismos financieros internacionales en el marco de los megaproyectos de desarrollo: ¿normatividad transnacional que simula?”

Edmundo del Pozo Martínez/Centro de Análisis e Investigación, A.C.
“El despojo institucionalizado de los pueblos: el derecho al consentimiento de la Tribu Yaqui sobre el Acueducto Independencia”

Fabiola del Jurado Mendoza/Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas
“Mi abuela me enseñó a defender mi pueblo: experiencia de lucha por el territorio de Tepoztlán”

Moderadora: Mylai Burgos Matamoros/Facultad de Derecho-Colectivo de Estudios Críticos de Derecho-Radar

18:15: 18:30 Presentación de vídeo: “Por el derecho a defender nuestros derechos: el caso de las defensoras de la Pachamama frente a la megaminería en el sur ecuatoriano”/ Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama


18:40-19:50 Mesa 2: La afectación a derechos de los megaproyectos de desarrollo: presentación de casos

Mariana González Armijo/Centro de Análisis e Investigación, Fundar, A.C.
“Cerro de Oro: desarrollo y derechos humanos frente al marco de gobernanza”

José Luis Fernández/Frente de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra
“Despojo, devastación ambiental y derechos de los pueblos indígenas”

Marisol Anglés Hernández/Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM
“Los impactos socio-ambientales de la fracturación hidráulica”

Andrea Cerami/Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
“El caso de Wirikuta: minería y derecho al consentimiento libre previo e informado”

Moderador: Rodrigo Gutiérrez Rivas/Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM


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WARMI Voces y Acción 8

Durante la entrevista con el compañero Manuel Pacheco 
de la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS

Les invitamos a escuchar nuestro octavo programa de “WARMI Voces y Acción, transmitido el 8 de abril de 2014. 

Escúchenlo en el archivo de Punkuradio.com




También pueden encontrarlo en Radioteca.net



LA PIEDRA EN EL ZAPATO
EDITORIAL DE "WARMI Voces y Acción" 8

ECUADOR ESTRATÉGICO: 
COMPRANDO LA LICENCIA SOCIAL

Hace una década comenzó en distinta comunidades del sur de Ecuador, la preocupación por la presencia de empresas mineras en sus territorios, las cuales estaban avanzando en el exploración de distintos minerales, en algunos casos incluso ya habían construido campamentos, tenían personal trabajando en forma permanente y, habían establecido relaciones con los gobiernos locales, en especial con Juntas Parroquiales.

A pesar de que la presencia de compañías mineras es mucho más antigua, y de que comunidades ya habían realizado anteriormente movilizaciones o acciones en rechazo a las empresas, hace una década esta  movilización se hizo permanente y fue tomando dimensiones más allá de las comunidades directamente afectadas hasta confluir en un movimiento nacional al constituirse en enero de 2007 la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS.

Con este movimiento se puso en cuestionamiento la entrega de miles de hectáreas del territorio ecuatoriano en manos de corporaciones transnacionales a espaldas de las comunidades, por tanto, violando fundamentales derechos como la información y Consulta Previa. Además se constató que estas concesiones fueron entregadas dentro de bosques protectores, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, así como ecosistemas en donde nacen fuentes de agua. Y para mayor indignación, fueron acaparadas por pocas personas y compañías, que llegaron a adueñarse de extensos territorios, como es el caso del denominado cinturón de cobre de la canadiense Corriente Resources (hoy perteneciente al consorcio chino CCRC Tongguan Invesment).

Por todas esas razones, las comunidades reclamaron la nulidad de las concesiones mineras y llevaron esta demanda a la Asamblea Nacional Constituye, la cual emitió en el 2008 el Mandato Minero, que fue desacatado por el Ministerio de Minas y Petróleos, dejando intocadas las concesiones de las trasnacionales, y más bien cincos de los proyectos donde la resistencia era más fuerte fueron declaradas de prioridad nacional.

Al mismo tiempo se inicia un proceso de persecución y criminalización de la protesta. Los juicios se ponen a la orden del día, y el gobierno emprende una campaña para desacreditar y deslegitimar la resistencia anti-minera. A su vez se apresura en aprobar una nueva ley de minería que le permita dar continuidad a la política de los anteriores gobiernos, y en enero de 2009 se aprueba ese cuerpo legal en medio del rechazo y la movilización de las comunidades.
A pesar de todos los esfuerzos por llevar adelante los proyectos, la resistencia continuó, sobre todo para evitar que estos se legalicen con la entrega de licencias ambientales. Por ejemplo, en el 2011 en Molleturo se rechaza la socialización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Río Blanco, y se inicia un proceso de cuestionamiento del mismo, sin que se haya aprobado hasta la fecha.

Todo lo anteriormente señalado evidencia que los proyectos de minería no tienen legitimidad, y que no han logrado la aceptación de las comunidades, en palabras de las empresas no tienen “licencia social”.

Según algunos autores, la licencia social se define como la “…aprobación continua o amplia aceptación, por parte de una comunidad local y sus grupos de interés… de un proyecto de inversión…” La licencia social implica legitimidad, credibilidad y confianza. (Thomson y Joyce, 2000).

En busca de conseguir esa “licencia social” para los proyectos de los sectores estratégicos, dentro de ellos los mineros, se crea el 5 de septiembre de 2011Ecuador Estratégico mediante el Decreto Ejecutivo 870. Este ente, responde a las necesidades del sector minero para generar confianza con la construcción de obras de infraestructura en las comunidades que están dentro del área de influencias de los proyectos, convirtiéndose en un mecanismo a través del cual el Estado cumple su rol de facilitar el ingreso, o, la permanencia de las corporaciones, y garantiza su inversión.

Es importante aquí subrayar que actualmente 3 de los 5 proyectos mineros denominados “estrellas” por el régimen de Correa están en manos de consorcios chinos, los cuales no van a actuar como los canadienses, es decir, no entregarán dinero directamente en las comunidades, sino exigen la intervención del Estado.

Es así que Ecuador Estratégico ha comenzado a construir escuelas, hospitales, y las famosas “comunidades del milenio”, obras con las que quieren convencer de las bondades de la “nueva minería”, como dice la propaganda gubernamental.

El Estado nuevamente está actuando para favorecer a las corporaciones mineras, igual que lo ha hecho desde el inicio al entregar las concesiones sin información ni consulta; como lo ha hecho al desacatar el Mandato Minero, y al criminalizar y judicializar la resistencia. Está simplemente cumpliendo su papel al servicio del capital transnacional, desbrozando el camino, comprando la “licencia social”.

Y eso es lógico pues vemos cómo el gobierno actual está desesperado por captar inversión extranjera, sobre todo de corporaciones chinas, ante las cuales fue inclinarse Jorge Glas en enero de este año. En un video de su visita a China que cínicamente se difunde hasta en el ingreso del mismo Ministerio de Ambiente, se dice:

“La transformación de Ecuador precisa de importantes inversiones que sostengan las ambiciosas obras de infraestructura planificadas por el gobierno. Con la intensión de captar inversionistas el Vicepresidente Glas se presenta en el Foro Ecuador Crece, ante 100 de los más influyentes empresarios chinos.”

China tiene según Glas lo que “Ecuador necesita para sostener su modelo de desarrollo. Ecuador, por otro lado, tiene los recursos naturales no renovables que necesita China”.
Es decir, puertas abiertas para el saqueo.

Entonces, por un lado tenemos al gobierno verdeagua desesperado por entregar al capital internacional –especialmente Chino-, los recursos no renovables, y las corporaciones presionando para que se les dé “mejores condiciones” para su inversión; por otro lado, especialmente en el caso de la minería, comunidades resistiendo una década a pesar de la criminalización y judicialización de la protesta social. Ecuador Estratégico aparece en este escenario como el instrumento ideal para doblegar la voluntad de las comunidades, creando un ambiente tranquilizador para que las empresas inicien la explotación y ganando credibilidad para el Estado y el gobierno.

En algunos casos lamentablemente las comunidades están aceptando pasivamente la presencia de Ecuador Estratégico, sin darse cuenta del costo político que implica, es decir, como afecta su posibilidad de organización y movilización para continuar resistiendo.

Si Ecuador Estratégico da los resultados esperados, las comunidades se encandilarán con las obras y permitirán el inicio de la explotación minera, con lo que habrán cambiado su vida, sus ecosistemas, su agua y su salud por un espejismo de desarrollo.

Sin embargo, una “licencia social” comprada no legitima los proyectos, no garantiza una credibilidad y confianza sostenible, ya que no puede evitar los impactos desastrosos de la minería, por lo que los proyectos siempre estarán en terreno inestable sujetos a los sismos del cambio de opinión de las poblaciones.



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2 de abril de 2014

DERECHOS VIOLADOS, RESISTENCIA, CRIMINALIZACIÓN. EL ROL DE LAS MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA EN EL CONFLICTO POR EL PROYECTO MINERO RÍO BLANCO

Soc. Lina Solano Ortiz Mgtr[1]

*Este artículo es parte de la publicación especial de la revista digital LatiCe "¿Por qué nos oponemos a la mega minería?", de marzo de 2014. 





INTRODUCCIÓN

El proyecto minero denominado Río Blanco es uno de los cinco proyectos que el gobierno actual de Ecuador ha determinado como de “interés nacional”, y pretende desarrollarlos a corto plazo para dar inicio a la mega minera en el país.

Este proyecto se encuentra en la parroquia de Molleturo, provincia del Azuay (sur de la región Andina de Ecuador), y está siendo impulsado por el actual régimen a pesar de los años de resistencia que las comunidades han levantado, y los probados derechos que han sido violados desde la entrega misma de las concesiones sin que hayan existido procesos de información ni Consulta Previa.

En este artículo trataré sobre los impactos sociales que ha ocasionado este mega proyecto minero, que al momento se encuentra en trámites para obtener la licencia para la fase de explotación, centrándome en aquellos que tienen relación con las violaciones a Derechos Humanos y constitucionales.

También me interesa evidenciar la resistencia de las comunidades, dando énfasis, en el rol que han jugado las mujeres en este proceso, en especial el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, y la respuesta del gobierno y el Estado a las justas demandas de la población.

1.      DATOS DEL PROYECTO RIO BLANCO

El proyecto Río Blanco está ubicado en la parroquia rural Molleturo, noroeste del cantón Cuenca, provincia del Azuay, cerca de la comunidad de Río Blanco, pequeño asentamiento de población campesina mestiza.
Las concesiones para este proyecto están en el páramo andino entre los 3.500 y 4.000 m.s.n.m., dentro del área del Macizo del Cajas, declarado en mayo de 2013 como Zona de Reserva de la Biósfera por la UNESCO. Se encuentran además dentro del Bosque Protector Molleturo-Mollepongo, del Parque Nacional Cajas y su área de amortiguamiento.

Este sector de páramo andino tiene cuerpos lagunares que cubren una superficie de 68,21 has., siendo los principales: Yantahuayco (de donde se tomaría parte del agua para la mina), Sunincocha, Luspa, Patul, Larga, Playas Encantadas.

De igual manera de aquí nacen importantes ríos que son parte de microcuencas, subcuencas y cuencas que van hacia la Costa de Ecuador y desembocan en el Océano Pacífico. Muchos de estos ríos serían potencialmente afectados por el proyecto Río Blanco, entre ellos: río Blanco, en cuya cabecera se emplazaría el depósito de relaves, exactamente sobre la quebrada del mismo nombre; río Migüir; río El Chorro, donde habrá una disminución del flujo de sus tributarios por la captación de agua para la construcción y operación de la mina; río Canoas, a donde llegarían las descargas de agua de mina tratada que serán depositadas en la quebrada Migsihuigsi. 

Este proyecto minero comprende 4 concesiones vigentes: Canoas (2.940 has.), Canoas 1 (459 has.), San Luis A2 (270 has.), Migüir (2.130 has.). Las dos primeras fueron entregadas a la corporación RTZ Mining and Exploration en los años 1995 y 1996, la cual transfirió en 1998 los derechos a la empresa EMIDEL C.A, que a su vez vendió las concesiones en el 2001 a San Luis Minerales S.A.(SLM), subsidiaria en Ecuador de la compañía canadiense International Mineral Corporation (IMC).

Cabe subrayar aquí que las comunidades de Molleturo jamás fueron informadas, mucho menos consultadas, mientras el territorio concesionado pasaba de mano en mano.

Por su parte San Luis Minerales consiguió la concesión San Luis A2 en 1999 y Migüir en el 2003, bajo su primera denominación que fue Chorrera Corporation.

A partir de 1997, San Luis Minerales inició la fase de exploración. En el 2004 y 2005 se hizo el estudio de Factibilidad (EF). A partir del 2004 se dio inicio a los trámites para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la fase de explotación.

En el 2012 se concreta la venta de este proyecto a la corporación china Junefield que es la actual propietaria.

En Río Blanco se prevé la extracción de alrededor de 665.000 onzas de oro y más de 4 millones de onzas de plata con una mina subterránea y el sistema de lixiviación con cianuro. Esta mina dejará millonarias ganancias para la corporación china Junefield, mientras a Ecuador le quedará un pequeño porcentaje por concepto de regalías de las cuales los mayores beneficiarios serán los acreedores internacionales, siendo actualmente el principal China; otra parte irá para el gobierno y el Estado, y una miseria caerá para las comunidades, como ocurre con los ingresos por la explotación petrolera.

Según el EIA de Río Blanco, el requerimiento de agua fresca para la construcción y operación será aproximadamente 6 litros por segundo, dato que ha sido cuestionado por expertos por no corresponder a las necesidades que se desprenden de las actividades expuestas en EIA, el cual además carece de información suficiente y confiable sobre las aguas superficiales y subterráneas de la zona.

Por las características del área en la que se pretende desarrollar este mega proyecto: frágiles ecosistemas de páramo con una flora y fauna endémica que dependen del equilibrio de su  hábitat, donde además  existen nacimientos y fuentes de agua que abastecen importantes microcuencas, subcuencas y cuencas hídricas, es evidente que el impacto ambiental, de darse este proyecto, tendría consecuencias irreversibles, que además afectarían directamente la vida de las poblaciones locales.

2.      ACERCA DE MOLLETURO

Molleturo es una de las parroquias más grandes de Ecuador, tiene una superficie de 1.331 Km2. Está ubicada a aproximadamente a 50 Km de la ciudad de Cuenca que es la cabecera cantonal y capital de la provincia de Azuay.

Esta parroquia rural tiene una población total de 7.166 habitantes según el censo de 2010, repartida en 71 comunidades que se encuentran entre los 20 y 4.560 m.s.n.m., es decir, que están tanto en la zona de la cordillera andina como en la región costanera.

Por su ubicación geográfica esta parroquia tiene diferentes pisos ecológicos con una gran biodiversidad.

De igual manera, su población dedicada principalmente a las actividades agropecuarias, tienen una producción diversificada. En la parte andina se producen especies propias de la zona como el maíz, frejol, mellocos, camote, hortalizas, sobre todo para abastecer mercados internos de las ciudades como Naranjal o Cuenca; mientras que las comunidades ubicadas en la parte costanera producen cacao, plátanos, frutas de clima cálido, destinados en parte para la exportación. Tanto en la parte alta como en la costa de Molleturo predominan las pequeñas y medianas unidades agropecuarias, que mantienen la soberanía alimentaria abasteciendo mercados locales de importantes sectores de las provincias de Azuay, Guayas y El Oro. Por tanto, de desarrollarse el proyecto minero Río Blanco, una extensa zona de producción agropecuaria sería impactada, con las consecuencias que ya son conocidas en otras experiencias a nivel mundial.

A más del proyecto Río Blanco, en Molleturo existen otras concesiones para mega minería entregadas a la compañía Ecuador Gold, así como varios sitios concesionados para mediana y pequeña minería, que igualmente están causando conflicto con la población.

3.      IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO RÍO BLANCO

3.1. Violación de derechos humanos y constitucionales, su defensa y exigibilidad a través de la movilización social

Como en todos los otros proyectos mineros en Ecuador, en el caso de Río Blanco, nunca ha existido procesos de información ni Consulta Previa a las comunidades que van a ser afectadas, violándose así lo establecido en la Constitución de 1998 y la actual, reformada en el 2008 por la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi.

Por esta razón desde hace más de una década las comunidades por cuenta propia se han informado sobre los graves impactos ambientales y sociales de la mega minería, y en base a ese conocimiento se han movilizado para rechazar la imposición de esta industria extractiva en sus territorios.

La resistencia en Molleturo ha sido parte de un proceso general en los distintos puntos de conflicto minero en Ecuador, que en enero de 2007 llevó a la conformación de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS), la cual integró en una plataforma común la exigencia de nulidad de las concesiones, por las que en ese año se dieron grandes movilizaciones en los primeros meses de posesionado el gobierno de Alianza País.

Posteriormente, en el 2008, la Asamblea Nacional Constituyente, por la presión social de los afectados por la minería que se encontraban movilizados y a días de un nuevo paro indefinido, emite en Abril de ese año el Mandato Constituyente No. 6 o Mandato Minero[2], el cual recogiendo la demanda por la falta de Consulta Previa, establece en su artículo 1 la extinción sin compensación económica alguna de todas aquellas concesiones “…que no hayan realizado los procesos de consulta previa…”.

Esto significó el reconocimiento de que la demanda de las comunidades era justa, ya que las concesiones se entregaron sin conocimiento de las poblaciones asentadas en esos territorios por parte de distintos gobiernos desde la década de los 80 y 90 del siglo pasado, a un dólar por hectárea.

Este Mandato constituyente además extinguió las concesiones mineras “…otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua.” (Art. 3)

Sin embargo el Ministerio de Energía y Minas en aquel entonces, y de Recursos Naturales No Renovables posteriormente, jamás aplicaron este Mandato, dejando en firme todas las concesiones de los grandes proyectos que más bien fueron declarados de “interés nacional”.

La CNDVS entonces llevó adelante dos trámites en la Defensoría del Pueblo de Ecuador por el incumplimiento del Mandato Minero, el primero presentado en noviembre de 2008 y el segundo en septiembre de 2011. A través de estos dos procesos quedó demostrado que las concesiones de los mega proyectos de minería, y en particular el de Río Blanco, son inconsultos, están dentro de áreas protegidas, bosques protectores, zonas de amortiguamiento y afectarán nacimientos y fuentes de agua, estando incursas además en otros puntos del Mandato Minero.

En el caso del proyecto Río Blanco no ha existido proceso de Consulta Previa a las comunidades (Art.1 del Mandato); estas concesiones inconsultas se encuentran en el área del Macizo del Cajas, dentro del Bosque Protector Molleturo-Mollepongo, del Parque Nacional Cajas y su área de amortiguamiento, y en fuentes de agua y nacimientos de varios ríos que integran microcuencas, subcuencas y cuencas hídricas que van hasta la Costa de Ecuador (Art. 3). Además se mantienen las 4 concesiones vigentes, cuando según el Art. 4 del Mandato fueron extinguidas al haber sido otorgadas en un número mayor de 3 a una sola persona jurídica.

“Para las organizaciones comunitarias el proyecto Río Blanco pone de manifiesto que el desacato fue un acto premeditado por parte del Ministerio de minas el cual haciendo a un lado las graves consecuencias sociales y ambientales, muchas de ellas irreversibles que el proyecto representa para la Parroquia Molleturo simplemente decidió no aplicar el mandato minero a la empresa SLM/IMC.”[3]

Todo este proceso por la exigencia de los derechos violados ha implicado la movilización permanente de las comunidades y poblaciones afectadas, por lo que en medio del mismo se han cometido graves violaciones a los derechos humanos de quienes han participado en este movimiento social cometidas por el gobierno y el Estado, cuya respuesta ha sido la represión, persecución y criminalización de la protesta. Se han documentado casos de violaciones graves como: privaciones arbitrarias de la libertad; agresión verbal, física y psicológica de la parte de la fuerza pública, funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad de las mineras y pro-mineros; persecución judicial, intimidación, amenazas, descalificación, discriminación, desprestigio, difamación, instigación al ataque, entre otras.

3.2. Criminalización de la resistencia

Concomitante con la violación de los derechos y la legítima protesta de las comunidades para defenderlos, se da un proceso de criminalización y judicialización de la protesta social. Desde que se dieron las primeras acciones de hecho en contra la minería en junio de 2007, a pocos meses de haber iniciado el gobierno de Correa y siendo el Ministro de Minas y Petróleos el economista Alberto Acosta, se hizo un uso indiscriminado de la fuerza para sofocar las revueltas populares y comenzó una verdadera persecución judicial contra quienes eran identificados como dirigentes.

A pesar de que el 14 de marzo y 22 de julio de 2008 la Asamblea Nacional Constituyente dio Amnistía para cientos de procesos iniciados en contras de defensores de derechos humanos, la persecución judicial continúo. La Resolución de la Amnistía la Asamblea Constituyente reconocía que se trataban de casos de criminalización de la protesta social que se daba en medio de las movilizaciones por los conflictos con empresas mineras, petroleras y otras que afectan en especial a la Naturaleza.

En junio del 2007, en que se dan las paralizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS, decenas de manifestantes son detenidos en forma violenta y se les inicia juicios por “obstaculización de la vía pública”. Pero será sobre todo en enero de 2009, cuando las comunidades vuelven a movilizarse en contra del proyecto de Ley de Minería, que la represión se da con más fuerza.

En el caso de Molleturo, el 5 de enero de 2009, se producen hechos no esclarecidos hasta hoy como la quema de una ambulancia de la policía, por lo que se inician varios juicios, incluso por “terrorismo organizado”, en contra de varias mujeres y hombres. En pretexto de lo sucedido hubo una verdadera cacería de brujas; la policía allanó viviendas para apresar en forma ilegal y violenta a personas supuestamente implicadas en los hechos. Posteriormente las personas son dejadas en libertad, y, como las acusaciones no tenían ningún sustento, en agosto de 2009 quedó sobreseído el juicio por “terrorismo organizado” en el cual fueron acusadas varias socias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.

Cabe indicar aquí que la Ley de Minería fue aprobada sin la consulta pre-legislativa a los pueblos indígenas violándose con ello nuevamente la Constitución y demostrando la decisión el gobierno de Rafael Correa de llevar adelante los mega proyectos mineros a costa de los derechos de las/los ciudadanos ecuatorianos y la Naturaleza reconocidos en la Carta Magna vigente.

La criminalización y judicialización de la protesta social en el caso de los conflictos mineros se ha hecho con el objetivo de desmovilizar y amedrentar, tanto a los acusados, procesados y sentenciados, como a los miembros de sus comunidades u organizaciones, para permitir que las corporaciones mineras puedan seguir adelante con sus actividades. En el caso de Río Blanco, estos juicios ha cumplido su objetivo, muchas personas han dejado la lucha por temor y otras han tenido que bajar su perfil debido a los procesos judiciales. Para ilustrar mencionaremos el caso de socias del Frente de Mujeres acusadas por “obstaculización de la vía pública”, cuyo juicio fue prescrito recién en agosto de 2013, manteniéndolo como una amenaza permanente sobre las mujeres por cinco años.

La criminalización de  la protesta se implementa además a través de la deslegitimación. El gobierno actual ha venido haciendo en ese sentido un trabajo continuo sobre todo en el discurso que manejan los funcionarios comenzando por el propio Presidente.

“Considerando lo mencionado, la Defensoría del Pueblo ha podido constatar que el discurso oficial es una herramienta de criminalización secundaria en cuanto ha permitido que desde las autoridades gubernamentales se vayan construyendo en la sociedad ecuatoriana percepciones estereotipadas en contra de quienes se movilizan en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y cuestionan la política vigente.
…Así a través de Enlaces Ciudadanos, cadenas nacionales, discursos pronunciados en eventos públicos y notas de prensa en medios estatales y privados el gobierno ha logrado posicionar el tema en la agenda pública y consolidar el apoyo social para deslegitimar las acciones de protesta de quienes defienden los derechos constitucionales.”[4]


4.      Rol de las mujeres y la presencia del Frente de Defensoras de la Pachamama en el conflicto por el proyecto Río Blanco

Es muy importante comprender el proceso de cómo mujeres campesinas, muchas de ellas sin mayor instrucción ni gran experiencia organizativa anterior al conflicto minero, se convirtieron en Defensoras de Derechos y activistas en la resistencia contra los megaproyectos.
Fue sobre todo la defensa del agua vista por ellas como recursos fundamental para la vida, lo que las llevó a dejar el espacio doméstico y participar en el proceso de resistencia.

“El impacto de la minería en la calidad y cantidad de agua es una las motivaciones principales por la participación de las mujeres en el activismo en contra la minería. Las mujeres destacan el hecho de que las zonas propuestas para la minería coinciden con los sitios donde nacen los arroyos y ríos que sostienen sus comunidades y el país entero. Se utiliza evidencia de otros sitios sobre la contaminación del agua por las actividades mineras, sobre todo la posibilidad de que cianuro, mercurio y metales de base se contaminen el agua… responsables por las cosechas y los animales, las mujeres sienten profundamente estas amenazas. Asimismo, muchas mujeres explican su activismo en términos del impacto potencial de la contaminación del agua en la salud de sus familias…”[5]

El tomar conciencia del riesgo que corren sus espacios de vida, especialmente el agua, y de todas las implicaciones que eso puede traer, es lo que las motivó a participar en forma activa en la defensa de sus formas de sobrevivencia.

Posteriormente las mujeres van reflexionando en forma colectiva y ampliando sus conocimientos y conceptos a cerca de los ecosistemas, la relación seres humanos-naturaleza, los impactos ambientales y sociales que provoca la minería, los Derechos Humanos, de Género y de la Naturaleza, como lo señala Rosío Pérez, actual Coordinadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama: 

“Antes cuando comenzamos en esta lucha era sólo por el agua, el agua, el agua y nada más, entonces ahorita son nuestros derechos, el agua, la vida, el ecosistema, o sea, esas palabras no hubiesen estado en nuestro vocabulario si no es gracias a la organización…”[6]

Empezaron a comprender más a fondo los impactos de la minería y ampliaron su visión hacia los efectos sociales. Ahora cuando hablan de la problemática minera se refieren a distintos aspectos, como se puede evidenciar en lo dicho por otra socia de las Defensoras de la Pachamama, Marcia Ortiz:

“Otra cosas es la contaminación y las enfermedades de las personas que están al lado, y no sólo la contaminación, la enfermedad, sino también la pobreza que existe allí al lado de la minería, o sea la minería está allí los pueblos del lado son tan pobres que no tienen inclusive ni luz, en tantas partes que ya hemos visto esto de la minería, que realmente es una destrucción de personas, de la tierra y de los pueblos que están al lado, es un desastre de la pobre gente.”[7]

Desde el 2008 en que fue creado el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama con mujeres de distintas comunidades del Azuay afectadas por la minería, entre ella de la parroquia Molleturo, esta organización pasó a ser un actor principal en la resistencia contra los mega proyectos, especialmente Río Blanco y Quimsacocha.

Las Defensoras de la Pachamama comienzan así a actuar en varios ámbitos para la defensa de los Derechos Humanos:

-          A nivel internacional, especialmente como parte de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, toman contacto con organismos y organizaciones de derechos humanos donde presentan denuncias sobre los casos de violaciones, especialmente a miembros del Frente. Asisten a diferentes foros internacionales donde hacen escuchar su voz y acceden medios de comunicación en diferentes países.

-          En lo nacional, igualmente, llegan a distintas instituciones, como la Defensoría del Pueblo, y asisten a diversas actividades en distintas provincias, así denuncian y hacen conocer su experiencia.

-          A nivel local, sobre todo en la ciudad de Cuenca, donde el Frente tiene su sede, ha realizado actividades de protesta, gestiones, así como eventos de difusión, educación, motivación sobre la defensa de los derechos.

-          En las comunidades de las que son parte. Este ámbito de su actividad cotidiana donde enfrentan directamente toda la problemática por la presencia de las empresas mineras.

A través de sus actividades las Defensoras de la Pachamama tratan de sensibilizar, educar, informar, crear conciencia, abrir espacios para promover la reflexión, en especial sobre los derechos humanos relacionados con el ambiente y los de la Pachamama. Un ejemplo de ello son los Concursos Estudiantiles “S.O.S Pachamama” que los han realizado por 4 años consecutivos en el mes de abril con motivo del Día Mundial de la Tierra, logrando en el 2013 convocar a 25 colegios de la ciudad de Cuenca y sus alrededores con el tema: “Juventud por el derecho a vivir en un ambiente sano”.

En el caso específico de Río Blanco, el Frente de Mujeres ha organizado, conjuntamente con otras organizaciones como la Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo, la Comuna San Felipe de Molleturo, Juntas de Agua y de Regantes de la parroquia, Asociación de Afiliados al Seguro Social, entre otras, actividades como Diálogos por la Vida, Asambleas Populares Ambientales, en las cuales con una participación masiva de la población se ha rechazado rotundamente la minería.

También ha realizado acciones para impulsar los trámites en la Defensoría del Pueblo como parte de la CNDVS. Una de las más importantes ha sido la recolección de firmas[8] de moradores de distintas comunidades que están siendo afectadas por el proyecto Río Blanco, corroborando que jamás ha existido información ni Consulta Previa. Incluso se llegaron a realizar acciones de presión directamente en la Defensoría del Pueblo en Quito para exigir el pronunciamiento sobre las peticiones realizadas.

El Frente lideró en el 2011el rechazo a la socialización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Río Blanco, por tratarse de un mero trámite que el Ministerio de Ambiente exige dentro del proceso de aprobación de la licencia para la explotación. Además porque se pretendía hacer apresuradamente con el fin de firmar el contrato de explotación entre el gobierno y la IMC, en medio de la coyuntura favorable que representaba que el ex gerente de dicha empresa, Federico Auquilla, estuviera en ese momento como Viceministro de Minas.

Junto con el rechazo a la socialización, el Frente consiguió que una experta en estudios de impacto ambiental de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental ELAW por sus siglas en inglés, revise y haga observaciones al EIA de Río Blanco. La Asesora Técnica  de ELAW, Mercedes Lu, presentó un informe[9] en el 2012 con 28 observaciones que dan cuenta de las graves falencias este EIA. El Frente de Mujeres entregó estas observaciones a varias autoridades entre ellas a la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación del Ministerio de Ambiente  en Quito donde se tramita la aprobación de dicho EIA. Posteriormente el propio ministerio emitirá 121 observaciones al EIA de la fase de explotación y otros 80 y tantos al EIA de la fase de beneficio, donde se confirma que la información que contienen dichos documentos es incompleta, desactualizada, errónea, carente de referencias. En el caso del IEA de la fase de explotación por ejemplo, no contiene una línea base en cuanto a la flora y la fauna siendo este un sitio de conservación de la biósfera; tampoco hay una definición adecuada del área social de influencia directa e indirecta del proyecto.

Todas estas preocupaciones se han ahondado con la presentación en agosto de 2013 del Informe del Instituto Francés de Investigación Geológica y Minera BRGM de Francia, contratado por la Municipalidad de Cuenca para hacer un análisis de los proyectos mineros en el cantón. En el informe presentado por BRGM se pone una alerta, entre otras cosas, porque ese EIA de Río Blanco carece de información sobre las aguas subterráneas, e incluso las superficiales del área a ser afectada.

Todas las observaciones realizadas, tanto por Mercedes Lu como por el BRGM e incluso por el propio Ministerio de Ambiente, demuestran el gravísimo riesgo en el que se encuentran los ecosistemas y las comunidades que serían afectados de desarrollarse el proyecto Río Blanco, razones más que suficientes para no expedir la licencia para la explotación aplicando el principio de PRECAUCIÓN. Sin embargo, como en el negocio minero no es la razón a la prima sino los intereses del capital, se mantiene latente la amenaza de la aprobación de la licencia para la explotación de este mega proyecto.

Con toda la información generada a través de las fuentes mencionadas, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama ha realizado varios pronunciamientos públicos a través de los medios de comunicación para expresar su desacuerdo con que el Ministerio de Ambiente esté tramitando este EIA totalmente carente de valor científico-técnico, y pretenda dar la licencia para la explotación a un proyecto cuyas concesiones en principio son inconsultas y quedaron extintas por el Mandato Minero. El Frente de Mujeres además ha desarrollado eventos de difusión de esta información en las comunidades de Molleturo.

5.      SITUACIÓN ACTUAL DEL CONFLICTO

Por el momento la empresa Junefiel, actual propietaria del proyecto, continúa los trámites para la aprobación del EIA para la fase de explotación en el Ministerio de Ambiente en Quito.

El gobierno por su parte, continúa empeñado en llevar adelante este proyecto dejando en pie las violaciones constitucionales cometidas en nombre del “interés nacional”. Es pertinente dejar mencionado que, a la par de su política de criminalización de la resistencia, está implementando una nueva estrategia que es la construcción de obras directamente en las comunidades donde la resistencia ha sido más fuerte, a través de un ente creado para canalizar el presupuesto requerido como es ECUADOR ESTRATÉGICO, el cual realiza todo una campaña de convencimiento de las “bondades de la minería” y un despliegue publicitario dirigido a mostrar la supuesta “nueva minería”, por lo que dicha estrategia es motivo de un análisis particular que no se incluye en el presente artículo.

Por su parte, las comunidades se mantienen en alerta de lo que ocurra en el trámite de aprobación del EIA y de la nueva coyuntura que representa el cambio de autoridades parroquiales, cantonales y provinciales por los resultados de las últimas elecciones del 23 de febrero. Aunque no se puede dejar de reconocer que las estrategias implementadas por el gobierno han provocado la disminución de la movilización, a lo que ha coadyuvado también otros factores como la utilización de esta justa lucha para fines electorales, entre otros.

Como sector organizado de la resistencia, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama continúa su labor permanente de denuncia, información, concientización y sensibilización, con nuevos proyectos como el de la incursión en la radio a través del programa “WARMI Voces y Acción”, y otros que se preparan para los próximos meses.

CONCLUSIÓN

1.      El conflicto por el proyecto minero Río Blanco enfrenta los derechos humanos y de la Naturaleza contra el interés particular de una corporación que quiere obtener ganancias con la extracción de oro y plata, y de un gobierno y un Estado que protege esos intereses privados para obtener parte del lucro.

Esto lo demuestra el hecho de que a pesar de que se han reconocido las violaciones de derechos constitucionales que se cometieron con la entrega de las concesiones mineras sin información ni Consulta Previa, y de un Mandato Constituyente que las extinguió por varias causales, la corporación china Junefield mantiene vigentes las 4 concesiones de Río Blanco, y se encuentra en trámite para la obtención de la licencia ambiental para iniciar la explotación.

El gobierno por su parte se obstina en que se desarrolle este proyecto a pesar de las alertas que han puestos varios informes científico-técnicos sobre el eminente riesgo en que se encuentran los ecosistemas que serían afectados con las operaciones mineras de Río Blanco.

2.      En este conflicto hay un desbalance de poder que permite al gobierno y Estado arremeter en contra de las comunidades cuya vía más efectiva para hacer prevalecer sus derechos es la movilización. La criminalización y judicialización de la protesta, así como las violaciones de derechos humanos ha sido la única respuesta que han encontrado las comunidades de Molleturo a sus justas demandas.

3.      En ese escenario, un grupo de mujeres afectadas por el mega proyecto minero Río Blanco han tendido que salir del ámbito doméstico y convertirse en activistas, siendo por ello blanco de violación de sus derechos, de la criminalización y persecución judicial. A pesar de las adversas circunstancias, las mujeres han podido organizarse uniéndose a otras compañeras de distintas comunidades de Azuay, llegando a ser uno de los actores principales dentro de este conflicto socio-ambiental, por su labor diaria y consecuente para que los derechos humanos y de la Pachamama primen sobre las ambiciones corporativas.

BIBLIOGRAFÍA


“Una mirada regional al derecho a la Consulta Previa e informada en el contexto de las industrias extractivas”, Latin American Mining Monitoring. 2014.

-    Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: Desafíos para un estado constitucional de derechos”. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Diciembre de 2011.
     
      Jenkins Katy. Descubriendo el activismo de las mujeres en contra de la minería en los Andes. Universidad de Northumbria. Julio 2012. http://www.northumbria.ac.uk/static/5007/sasspdf/LAMMPSpanish.pdf.

-      Solano Ortiz Lina. “Impactos Sociales de la minería a gran escala en la fase de exploración y el rol de las Defensoras de la Pachamama en la resistencia a los proyectos Río Blanco y Quimsacocha”. 2013. http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4701/1/TESIS.pdf.

     “Frente presenta firmas contra proyecto minero”, diario El Mercurio. http://www.elmercurio.com.ec/317912-frente-presenta-firmas-contra-proyecto-minero/#.UxO5_eN5NvI

 Oficio al Ministerio de Ambiente sobre Observaciones al EIA de Río Blanco. http://defensoraspachamama.blogspot.com/2012_09_01_archive.html




[1] Socióloga Lina Solano Ortiz, Magíster en Sociología y Desarrollo; egresada de la Maestría en Salud con Enfoque de Ecosistemas en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Socia fundadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS. Actualmente Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM.
[2] Mandato Minero. http://www.recursosnaturales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/MANDATO-MINERO-6-CONCESIONES-MINERAS.pdf.
[3] “Una mirada regional al derecho a la Consulta Previa e informada en el contexto de las industrias extractivas”, Latin American Mining Monitoring. 2014.
[4] Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. “Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: Desafíos para un estado constitucional de derechos”. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Diciembre de 2011.

[5] Jenkins Katy. Descubriendo el activismo de las mujeres en contra de la minería en los Andes. Universidad de Northumbria. Julio 2012. http://www.northumbria.ac.uk/static/5007/sasspdf/LAMMPSpanish.pdf.
[6] Entrevista a Rosío Pérez, Coordinadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, en “Impactos Sociales de la minería a gran escala en la fase de exploración y el rol de las Defensoras de la Pachamama en la resistencia a los proyectos Río Blanco y Quimsacocha”, Solano Ortiz, Lina. 2013, Pág. 122. http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4701/1/TESIS.pdf.
[7] Entrevista a Marcia Ortiz, miembro del Directorio de las Defensoras de la Pachamama, en Ibíd., Pág. 122.
[8] “Frente presenta firmas contra proyecto minero”, diario El Mercurio. http://www.elmercurio.com.ec/317912-frente-presenta-firmas-contra-proyecto-minero/#.UxO5_eN5NvI
[9] Oficio al Ministerio de Ambiente sobre Observaciones al EIA de Río Blanco. http://defensoraspachamama.blogspot.com/2012_09_01_archive.html


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