2 de marzo de 2015

Ante la preocupante situación de las mujeres defensoras de derechos en Cajamarca - Perú

El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama miembro de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, expresa su más profunda preocupación ante la situación de las mujeres defensoras de derechos en resistencia al proyecto minero Conga en Cajamarca, Perú.

A la persecución, hostigamiento y campañas de desprestigio de que viene siendo blanco Máxima Acuña de Chaupe, se suma la pretensión de iniciar una investigación fiscal contra la compañera Elvira Vásquez Huamán de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida miembro de nuestra red ULAM, cuyo pronunciamiento damos a conocer a continuación:

Pronunciamiento de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida de Cajamarca


La Asociación de Mujeres en defensa de la Vida, frente a la DECISIÓN de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, de APERTURAR PROCESO investigatorio por el presunto delito en contra de la tranquilidad pública en su modalidad de DISTURBIOS, a nuestra compañera ELVIRA VÁSQUEZ HUAMÁN, por los hechos suscitados el día 13 de mayo del 2014, durante la VISITA DE INSPECCIÓN a las lagunas Azul y Perol de Conga, acordada en ASAMBLEA DE RONDAS del Valle de Jadibamba; se pronuncia en los siguientes términos:

EXPRESAMOS nuestro más amplio RESPALDO a nuestra compañera ELVIRA VÁSQUEZ HUAMÁN, pues es evidente que el proceso investigatorio que se le inicia a partir del 03 de marzo del año en curso, por un plazo de 60 días, forma parte del oscuro PLAN DE INTIMIDACIÓN a nuestros líderes sociales, con el que el gobierno traidor pretende acallar nuestras voces de resistencia e imponernos el maligno Proyecto Minero Conga.

RESPONSABILIZAMOS al coronel del Frente Policial Cajamarca, Arturo Carbajal Bellido, por los hechos suscitados el día de la inspección ya que en forma ILEGAL, dígase ANTICONSTITUCIONAL, ordenó a sus tropas IMPEDIR EL LIBRE DESPLAZAMIENTO de las delegaciones de ronderos y ronderas que en cumplimiento de los acuerdos de su asamblea iban rumbo a la laguna Azul, por la CARRETERA PÚBLICA a Santa Rosa de Huasmín, obligándolos a desplazarse a campo traviesa donde fueron REPRIMIDOS CON VIOLENCIA por estar, dizque, en propiedad de Yanacocha.


DENUNCIAMOS la infame pretensión de CRIMINALIZAR a nuestra compañera Elvira por una SUPUESTA AGRESIÓN a un mastodonte DINOE armado y protegido con casco y escudo, siendo en realidad todo lo contrario, ya que fue ella quien sufrió agresiones físicas cuando se encontraba tomando fotografías de la abusiva intervención de la DINOE a unos turistas extranjeros que acompañaban a las delegaciones ronderas y se la detuvo, en forma arbitraria durante siete horas, sometiéndola hasta en tres oportunidades a una humillante requisa personal sin respetar su dignidad de mujer y fue luego conducida, junto con otros siete detenidos al interior del campamento de Yanacocha, con quién sabe qué perversa intención.

PROTESTAMOS por la ACTITUD COLUDIDA E INTERESADA de ciertas autoridades policiales y judiciales que no dudan en levantar CARGOS FALSOS para CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL de los pueblos que lo único que hacen es defender sus oportunidades de supervivencia en sus propios territorios.

No obstante, CONFIAMOS EN LA TRANSPARENCIA de las autoridades judiciales honestas y dignas que todavía hay en nuestra Cajamarca, para ABSOLVER a nuestra compañera Elvira de los cargos falsos que se le imputa.

¡JUSTICIA PARA ELVIRA VÁSQUEZ!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
¡VIVA EL COMPROMISO CON LA VIDA DE LAS MUJERES CAJAMARQUINAS!

Cajamarca, 01 de marzo del 2015 


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25 de febrero de 2015

Jornadas de Conmemoración por el Día Internacional de la Mujer - 2015



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18 de febrero de 2015

Derechos de la Naturaleza frente a la imposición de la minería a gran escala en Ecuador. Más allá de las ilusiones constitucionalistas

Compartimos la ponencia "Derechos de la Naturaleza frente a la imposición de la minería a gran escala en Ecuador. Más allá de las ilusiones constitucionalistas", presentada por nuestra compañera Lina Solano Ortiz en el Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo SITAC, el 23 de enero de 2015 en México D.F.

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA sobre ARTE CONTEMPORÁNEO SITAC XII
“ARTE JUSTAMENTE”
23 de enero 2015: JUSTICIA ALIMENTARIA


De izquierda a derecha: Paulo Tavares, Lina Solano Ortiz, Federico Navarrete,
Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg

PANEL: “¿Juicio frente a quién? En el choque –o interdependencia- entre los derechos humanos y no-humanos / ¡A la desaparición de diferencia!

Ponencia:
Derechos de la Naturaleza frente a la imposición de la minería a gran escala en Ecuador. Más allá de las ilusiones constitucionalistas

Lina Solano Ortiz*

Por motivos de tiempo mi presentación se limitará al caso de la resistencia a la mega minería en Ecuador, primer país en introducir en su Constitución Derechos de la Naturaleza, para evidenciar como la movilización social impulsó el reconocimiento jurídico de dichos derechos, y como su aplicación se ve restringida y limitada por contradicciones en el propio texto constitucional, por la legislación posterior a su aprobación y por los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales, correspondiendo nuevamente al movimiento popular luchar para que estos derechos se hagan efectivos.
Sectores organizados y comunidades campesinas e indígenas en varias provincias de Ecuador han venido resistiendo a la minería desde hace décadas, pero a partir del 2005 comienza un proceso que llevará, a mediados del 2007, a las más grandes protestas contra la imposición de la mega minería, y a generar un verdadero movimiento de las comunidades en exigencia de la salida de las compañías y la anulación de sus concesiones entregadas en forma inconsulta. 

En 2006 Ecuador va a un proceso electoral luego de un período de gran conflictividad social que llevó al derrocamiento sucesivo de 3 gobiernos. El partido Alianza País, apoyado por el centro y la izquierda, triunfa en las elecciones con la propuesta de instalar una Asamblea Constituyente para “refundar la nación” reformando la Constitución. Rafael Correa es electo Presidente con la promesa de que la “larga noche neoliberal” llegaba a su fin y de recoger las demandas populares, entre ellas las del movimiento contra la mega minería que había tomado dimensiones nacionales cuando varios campamentos mineros fueron desalojados por las comunidades campesinas e indígenas a finales de 2006, en especial en el sur de la Amazonia ecuatoriana.
En enero de 2007 surge la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS, coincidiendo con el inicio del gobierno de Correa, cuyo primer ministro de Energía y Minas fue el Alberto Acosta, quien conocía muy de cerca el conflicto entre las comunidades y las transnacionales mineras, por lo que se esperaba que hiciera algo frente a la demanda de nulidad de las concesiones, pero él más bien priorizó los intereses del gobierno.
En junio de 2007 se realiza un Levantamiento Nacional contra la minería que fue brutalmente reprimido, iniciándose además decenas de juicios penales contra los manifestantes, mostrando claramente cuál iba a ser la línea a seguir por parte del gobierno de Rafael Correa.
Para finales del 2007 se instala la Asamblea Constituyente presidida por Alberto Acosta y con una amplia mayoría gobiernista, mientras la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, y otros sectores, continuaban movilizados. En el caso de la CNDVS a través de los denominados Diálogos por la Vida, con lo que se logró colocar el tema minero como uno de los centrales en la Asamblea Constituyente, a tal punto que entre los Mandatos que emitió estuvo el No. 6 conocido como Mandato Minero, que fue expedido en abril de 2008 frente a la presión de nuevas medidas de hecho que las comunidades reunidas en CNDVS realizaron.
Este denominado Mandato Minero se constituye en un importante antecedente del reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, no solo porque es un instrumento jurídico de una Asamblea instalada con plenos poderes, sino porque jamás fue aplicado a los mega proyectos de minería como era la aspiración de las comunidades.
El Mandato Minero establecía claramente que los proyectos que no hubieran tenido proceso de Consulta Previa, que se encontraran dentro de Áreas Protegidas, Bosques Protectores o sus zonas de amortiguamiento, sitios de nacimiento de agua, entre otras causales, quedaban extinguidas “sin compensación económica alguna”. En cumplimiento de este Mandato, el Ministerio de Energía y Minas debió proceder contra todos los proyectos de mega minería, cosa que jamás sucedió, al contrario el gobierno declara de interés nacional los proyectos: Mirador, Pananza-San Carlos, Fruta del Norte, Quimsacocha y Río Blanco.
Posterior al desacatado Mandato Minero, se aprueba la Constitución en la que se reconocen los Derechos de la Naturaleza y otras importantes demandas como el derecho humano al Agua, que han quedado lamentablemente como letra muerta, debido a que la propia Constitución limita y restringe los derechos reconocidos al dar al Estado central competencias exclusivas sobre los Recursos Naturales, en especial sobre aquellos determinados como “sectores estratégicos”, entre los que están las minas. En la práctica esto ha significado que las comunidades sean excluidas completamente de las decisiones sobre sus territorios.
Si bien en el artículo 398 de la Constitución se mantiene la obligación de consultar a las comunidades sobre todas decisión o autorización estatal que afecte al ambiente -más todavía si se trata de comunidades indígenas-, sin embargo, en este mismo artículo se añadió que “Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”, es decir, la decisión de las comunidades no es vinculante.
Otro ejemplo de como en la misma Constitución existen contradicciones que limitan y restringen los derechos reconocidos a la Naturaleza es lo relacionado con las Áreas Protegidas. En el Art. 407 se establece: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal" Pero: "Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.” A través de este subterfugio es que el gobierno aprobó el año pasado, con la mayoría de asambleísta de su partido, la explotación de los campos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta y territorio de pueblos indígenas amazónicos no contactados.
Estos son solo algunos ejemplos, de una Constitución plagada de bonitas palabras como Pachamama (Madre Tierra) o Sumak Kawsay (Buen Vivir), pero también de contradicciones destinadas a impedir la exigencia y ejercicio de los derechos que dice reconocer.
Luego de que fue aprobada la Constitución a finales del 2008, inmediatamente se aprobaron leyes declaradas como urgentes, entre ellas la de Minería en enero de 2009 en medio de la protesta de las comunidades y la represión y judicialización de los manifestantes como respuesta del gobierno.
La ley de minería aprobada, entre otras cosas, la declara de interés nacional, dando con ello todas las garantías a las empresas mineras, las cuales pueden, por ejemplo, disponer del agua no solo que este dentro de su área de concesión sino en sectores aledaños. Según esta ley también se puede hacer actividades mineras en cuerpos de agua y en zonas protegidas.
A la nefasta ley de minería se suman otros instrumentos legales que hacen impracticables los derechos constitucionales reconocidos a la Naturaleza, como son la ley de Aguas, que declara, entre otras cosas, como autoridad única del agua a la instancia estatal denominada Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, así una empresa minera puede solicitar concesiones de agua directamente a este organismo y no se requieren consultar a las comunidades. Y para evitar la reacción popular, se aprobó un nuevo Código Orgánico Integral Penal que endurecen las sanciones contra la protesta social, a pesar de que el artículo 98 de la Constitución reconoce el derecho a la resistencia.
Para completar este nefasto marco legal, en los últimos días de diciembre de 2014 se aprobó la Ley Orgánica de Incentivo a la Producción, mediante la cual, entre otros “estímulos” a la inversión minera, se congelarán las tarifas tributarias a la fecha de firma de los contratos con el Estado, y, para captar mayores inversión en el sector, se establece que las nuevas inversiones no pagarán impuesto a la renta por 10 años.
De esta manera, a pesar del reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución, las corporaciones continúan haciendo su voluntad. Ya han obtenido enormes ganancias sin haber siquiera empezado la explotación de los minerales, gracias al negocio de la especulación, compra y venta en las bolsas de valores en Canadá. Varios de los proyectos declarados de interés nacional fueron vendidos por compañías canadienses a otras empresas de ese país o a consorcios chinos, como el caso de los proyectos de cobre Mirador y Pananza-San Carlos, ubicados en el sur de la Amazonía. De todas estas millonarias transacciones en las bolsas de valores de Canadá, Ecuador no ha recibido un solo dólar.
Otra muestra de cómo el reconocimiento de Derechos de la Naturaleza no impide el saqueo minero son los procesos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y licenciamiento por parte el Ministerio de Ambiente. En el caso del proyecto de oro Río Blanco de la empresa china Junfield, ubicado en una zona de páramo, el año pasado fue aprobado su EsIA y ni siquiera se cuenta con estudios serios, confiables y actualizados sobre el agua superficial y subterránea del área que será impactada. La preocupación aumenta más al conocerse que la empresa está pidiendo en concesión a SENAGUA 3 veces más agua de la que consta en el EsIA aprobado. Y hay que subrayar que en aplicación del Mandato Minero las concesiones de este proyecto debieron ser revertidas al Estado en el 2008. Cabe entonces preguntar ¿dónde quedan los principios como el de precaución, así como el “interés nacional” de proteger el ambiente establecidos en la Constitución ecuatoriana?
Todo este panorama preocupa si se piensa que el mayor porcentaje de inversión en minería actualmente es de corporaciones de China, país con el que Ecuador se ha venido endeudando en forma vertiginosa en los últimos años. Hace pocos días Rafael Correa regresó de una gira por ese país con el ofrecimiento de nuevos préstamos por 7 mil millones de dólares para inversión, esto en medio del desplome de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Ecuador, que además en gran parte está ya comprometido a China a través del mecanismo de venta anticipada de crudo.
En conclusión, ha sido fundamentalmente con la movilización social que se ha logrado hasta el momento detener el avance de los mega proyectos mineros, ninguno de los cuales ha iniciado su fase de explotación. Más allá del reconocimiento jurídico-formal de los derechos de la Naturaleza en la Constitución, ha sido la acción legítima y directa de las comunidades y organizaciones la que ha frenado el saqueo minero. Pero el costo ha sido alto: heridos e incluso muertos durante las protestas o en las áreas de conflicto; cientos de encarcelamientos, juicios por terrorismo organizado, sabotaje y otros delitos contra la seguridad del Estado; múltiples violaciones de derechos humanos que han quedado en la impunidad.
Luego de esta brevísima síntesis de un proceso tan complejo quisiera, para finalizar, invitarles a que recordemos que “la Pachamama existió y podría seguir existiendo sin los seres humanos, pero nosotros jamás podríamos existir sin la Pachamama”. Gracias.

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Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región.
Desde hace más de una década ha sido parte del movimiento de resistencia a los mega proyectos de minería, en especial en el sur de Ecuador, siendo por ello blanco de persecución, judicialización y criminalización por parte de las corporaciones mineras, el Estado y gobierno de ese país Sudamericano.
Ha participado en foros y eventos internacionales para denunciar la imposición de la mega minería en Ecuador y la criminalización, en especial de las Mujeres Defensoras de Derechos en conflictos socio-ambientales por la minería.
En mayo-junio de 2014 fue invitada en calidad de experta para la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre violaciones de derechos y daños ambientales cometidos por compañías mineras canadienses en América Latina, que se desarrolló en Montreal, donde hizo una presentación sobre “Impactos de la industria minera en los derechos de las Mujeres”.
Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. (SITAC XII)





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14 de febrero de 2015

Nos unimos a la solidaridad internacional con la compañera Máxima Acuña ¡Estamos contigo!

Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama
Cuenca-Ecuador


Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida
Cajamarca-Perú


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10 de febrero de 2015

ULAM informa sobre participación en Consulta regional sobre situación de defensores/as de DDHH

De izquierda a derecha: Elizabeth Cunya Novillo (Secretaria de ULAM), Michel Forst, Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre la situación de defensoras y defensores de Derechos Humanos, y,
Lina Solano Ortiz (Presidenta de ULAM)

28 de Enero 2015, nuestras compañeras Lina Solano Ortiz y Elizabeth Cunya Novillo, Presidenta y Secretaria de ULAM respectivamente, participaron en Guatemala, junto con otras defensoras y defensores de Derechos Humanos de 17 países de Latinoamérica, en la Consulta Regional para las Américas con Michel Forst Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensoras y defensores de los Derechos Humanos.
Todos los días mujeres de comunidades rurales e indígenas en conflictos socio-ambientales por la minería son blanco de criminalización, persecución, judicialización y violación de sus derechos y libertades fundamentales. El conflicto que se genera por la presencia de estas industrias extractivas coloca a las mujeres en altos niveles de riesgo y vulnerabilidad, situación que muchas veces es invisibilizada o desconocida.
La Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM saluda este acercamiento del nuevo Relator Especial a defensoras y defensores de la Región, en especial la preocupación y apertura que ha mostrado a las mujeres defensoras de derechos, y espera que se mantenga esa línea de diálogo directo,  la misma que adquiere más sentido si los gobiernos demuestran la voluntad de examinar las observaciones e  inquietudes   que exprese el relator en sus resultados y recomendaciones respecto a la situación de las y los defensores de los derechos humanos.

Para ver la nota en la página web de ULAM haga click aquí


PRONUNCIAMIENTO DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS PARTICIPANTES EN LA CONSULTA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES
Guatemala, a 27 de enero de 2015

Nosotras, defensoras de derechos humanos participantes en la Consulta Regional para las Américas del Relator Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos, hemos denunciado agresiones y violaciones a nuestro derecho a defender derechos y planteado recomendaciones sobre la situación que enfrentamos las mujeres defensoras en 15 países del continente.
Reconocemos la apertura y sensibilidad que el Relator Michel Forst tuvo para abrir un espacio específico para que las defensoras de derechos humanos pudiéramos compartir los riesgos y necesidades particulares que las mujeres defensoras tenemos para ejercer en condiciones adecuadas nuestro trabajo en favor de los derechos humanos.
Algunas de las principales preocupaciones que hemos expresado al Relator durante estos días fueron:
-La discriminación de género que persiste en nuestras sociedades y gobiernos limita el trabajo de las defensoras de derechos humanos y genera riesgos específicos que muchas veces no son contemplados en los mecanismos de protección, tanto oficiales como de la sociedad civil.
El aumento de la violencia contra las mujeres en la mayoría de los países de la región ha generado un entorno de riesgo para las mujeres que defendemos los derechos humanos.
Las defensoras de derechos humanos muchas veces defendemos derechos poco o nada reconocidos social y jurídicamente o que ocupan una atención secundaria o limitada por parte de los Estados. Tal es el caso de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho al territorio y los bienes naturales o el derecho a una vida libre de violencia.
-Muchas mujeres que defienden derechos humanos no son reconocidas como defensoras ni por ellas mismas, ni por el Estado y, algunas veces, ni por el movimiento de derechos humanos. Tal es el caso de muchas defensoras comunitarias e indígenas, defensoras de migrantes, defensoras de víctimas de trata o defensoras familiares de víctimas de violencia o desaparición forzada, mujeres trans, entre otras. La falta de reconocimiento del carácter que tienen estas mujeres como defensoras las pone en situación de riesgo y limita su trabajo.
Las defensoras del territorio y los bienes naturales son de los grupos que más ataques y agresiones están recibiendo tanto por parte de los Estados como por parte de las empresas con la complicidad de las propias autoridades.

-Las defensoras de derechos humanos muchas veces no contamos con redes de apoyo para enfrentar ataques y agresiones cometidas como consecuencia del ejercicio de nuestra labor. Ello se debe a que no siempre es reconocido nuestro trabajo en nuestras familias, comunidades y organizaciones, y a que incluso en estos espacios también enfrentamos agresiones y discriminaciones.
-En contextos de conflicto, gobiernos autoritarios o en territorios controlados por grupos criminales con la complicidad de las autoridades o en donde se están imponiendo proyectos extractivistas, se incrementa la violencia contra las mujeres, se cierran espacios de interlocución y se limitan las garantías mínimas de participación política y social de las mujeres. Estos contextos no solo obstaculizan el trabajo de las defensoras, sino que inhiben la participación de todas las mujeres, las cuales dejan de participar en iniciativas de promoción de los derechos humanos.
-Las agresiones contra las defensoras de derechos humanos suelen tener componentes de género. Campañas de desprestigio centradas en poner en cuestión nuestra moral sexual, violencia o amenazas de violencia sexual, amenazas o ataques contra nuestros hijas e hijos son algunos ejemplos de ello.
-Muchas defensoras de derechos humanos realizamos nuestro trabajo en condiciones de precariedad y discriminación. Algunas no contamos con suficientes recursos económicos o asumimos solas el cuidado familiar y las labores domésticas. Esta situación no solo limita nuestro trabajo sino que nos genera un mayor desgaste y deterioro de nuestra salud física y mental.
-Frente a esta situación hemos propuesto al Relator Especial sobre la Situación de las y los Defensores que apele a los gobiernos de nuestros países para que:
-Fortalezcan el marco de protección de los derechos de las mujeres a nivel nacional, elevando a rango constitucional o asegurando el cumplimiento de los tratados, convenciones e instrumentos de derechos humanos que han sido firmados por los países. En particular que adopten, cuando no lo hayan hecho, el Protocolo Facultativo de la CEDAW y que respeten los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Reconozcan el papel de las defensoras de derechos humanos como una acción que genera un entorno social respetuoso de la labor de las defensoras e inhibe posibles agresiones. Algunas medidas específicas en las que se concreta este reconocimiento son:
>Que todo funcionario o funcionaria del Estado se abstenga de emitir cualquier declaración que cuestione o deslegitime la labor de las defensoras, así como cualquier declaración que promueva la estigmatización, difamación, discriminación y machismo en contra de una defensora.
>Reconozca públicamente las obligaciones que como Estado tiene con la protección de las defensoras de derechos humanos.
>Reconozca públicamente a las defensoras y las organizaciones de mujeres como interlocutoras válidas y necesarias para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como la legitimidad del trabajo que realizan, en particular cuando denuncian violaciones a derechos humanos.

-Asuman las implicaciones jurídicas de la adopción de la Resolución “Protección de las defensoras de los derechos humanos”, adoptada en noviembre de 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
-Elaboren, en los países donde no exista, y fortalezcan en los casos donde sí, mecanismos jurídicos e institucionales para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos que tengan una perspectiva transversal de género tanto en la formulación misma de la ley como en sus mecanismos de implementación. Para ello resulta fundamental que defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas participen de forma activa en la formulación, implementación y evaluación de estos marcos jurídicos/institucionales.
-En el marco de estos mecanismos institucionales de protección, asegurar el diseño de un protocolo de protección integral específico para defensoras de derechos humanos que contemple medidas de reparación integral que, entre otras cosas, combatan la estigmatización de las defensoras de derechos humanos.
-Se abstengan de criminalizar o amenazar con la criminalización a defensoras que trabajan derechos consagrados en instrumentos internacionales pero que no están reconocidos en el marco nacional como el aborto o la diversidad sexual.
-Se reconozca y aplique el marco internacional en materia de tortura sexual.
-Se reconozca el necesario aporte y rol de las redes de defensoras de derechos humanos para fortalecer, dar seguimiento, observar y generar recomendaciones tanto en la atención de casos particulares como en la implementación general de las políticas de protección.
La labor de las defensoras de derechos humanos fortalece la democracia y el estado de derechos y asegura la plena participación en condiciones de igualdad de todas las mujeres en la sociedad. Es obligación de los Estados y responsabilidad de toda la sociedad proteger y reconocer el trabajo y contribución de las defensoras de derechos humanos.
Atentamente: 
Haydee Castillo, Instituto de Liderazgo de las Segovias (Nicaragua); Mayte Ochoa, IPAS Centroamérica; Azahalea Solis, Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicaragua); Natividad Obeso, Asociación Civil de Derechos Humanos: Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina; Marlin Sierra, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos; Regina Fonseca, Centro de Derechos de Mujeres (Honduras); Dalia Figueredo, Asociación Brasileña de Defensa de la Mujer de la Crianza y la Juventud; Beatriz Bataszew, Colectivo Mujeres Sobrevivientes de Chile; Tarcila Rivera, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas; Susana Chavez, PROMSEX Perú y Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI); Gabriela Redondo, Colectivo Unidad Color Rosa de Honduras; Emma Bolshia Bravo Cladera, Instituto de Terapia e Investigacion sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (Bolivia); Miriam Miranda, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH); Consuelo Castillo, Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA- Honduras) y Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; Maria Luisa Aguilar Rodriguez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Leyla Días, CLADEM Honduras; Elizabeth Cunya Novillo, Asociación de mujeres Protectoras de cuencas de agua, bosques, páramos y biodiversidad (Perú), miembra de la Unión Latinoamericana de mujeres (ULAM); Bettina Cruz Velázquez, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Ángela Fuentes, Red Nacional de Defensoras de Guatemala; Claudia Samayoa, UDEFEGUA (Guatemala) e IM-Defensoras; Marusia López, JASS e IM-Defensoras; Daniela Fonkatz AWID e IM-Defensoras; Yésica Sánchez, Consorcio Oaxaca, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México e IM-Defensoras; Alejandra Burgos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (El Salvador) e IM-Defensoras.


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8 de febrero de 2015

GRAN CHUMALADA E INAUGURACION DE SEDE EN SAN MIGUEL DE CONCHAY


Delegadas del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama estuvieron el 6 de febrero en la “chumalada” (fiesta con preparación de gran cantidad de humitas o chumales) que realizó la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI en San Miguel de Conchay, cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago.

Como una forma de recuperar las tradiciones ancestrales para la defensa de la Soberanía Alimentaria, socias y socios de la ACLI realizaron una minga para la siembra del maíz, parte del cual fue cosechado y convertido en las sabrosas humitas o chumales como se le conoce en el sur de Ecuador.

Además la chumalada se hizo con motivo de la inauguración de la nueva sede de la ACLI en San Miguel de Conchay. “Como núcleo de la ACLI en nuestra parroquia hemos estado haciendo algunas actividades en torno a la defensa de la Soberanía Alimentaria y la Salud -manifestó Manuel Peláez dirigente de la ACLI-. Tenemos un huerto que lo estamos cultivando a través de mingas y en el que queremos recuperar nuestras semillas y especies nativas, así como los conocimientos que nuestros abuelos nos han dejado. Queremos también fortalecer el autoconsumo de nuestros productos sanos.”


“Con estas actividades demostramos que con la organización podemos hacer nuestras actividades con independencia. Nosotros mismo sembramos, cosechamos, cocinamos y ya tenemos para comer estas ricas humas y hacer nuestras fiestas y reuniones sin rogar a ninguna autoridad o las mineras, ni depender de las migas del Estado o de las corporaciones. Nuestra independencia es básica para tener total libertad de hablar y actuar sin condicionamientos”, señaló por su parte Fernando Mejía miembro de la Coordinadora Campesina Popular CCP.

El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y Guardianas de la Amazonía participan con la ACLI en las diferentes iniciativas que se vienen desarrollando en estas comunidades afectadas por el proyecto minero Pananza-San Carlos, que se constituye en una de las principales amenazas del campesinado de la provincia de Morona Santiago (Amazonía sur de Ecuador).


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7 de febrero de 2015

Medios informan sobre cambio de Directorio de las Defensoras de la Pachamama



Agrupación femenina renovó su directorio
Publicado el 2015/02/04 por AZD

El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama renovó su directorio, los dirigentes que fueron recientemente electos estarán al frente de la organización durante el período 2015-2017.
Presidirá a la misma, caracterizada por su lucha antiminería, en calidad de presidenta, la campesina María Herlinda Gutama, oriunda de Molleturo, quien reemplaza a Francisca Zhagüi Chuchuca, de Victoria del Portete.
María Herlinda Gutama es una de las socias y fundadoras del frente; ella tendrá el apoyo directo de Rocío Pérez Arévalo (Tarqui), como vicepresidenta, y Georgina Gutama Gutama (Molleturo), quien asume el rol de coordinadora, se dijo en un comunicado de prensa.
Las mujeres asociadas han manifestado su respaldo al nuevo directorio que impulsará las iniciativas y actividades que ya se han desarrollado en los años anteriores y las nuevas que se han planteado.
Delegadas del frente realizaron varias actividades en Quito, se reunieron con funcionarios de la Delegación de la Unión Europea, de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ecuador, ONU Mujeres y de la Dirección Nacional de Derechos Colectivos, Naturaleza y Ambiente de la Defensoría del Pueblo.(AZD)-(I)


Frente femenino con nuevo directorio

María Herlinda Gutama, nueva presidenta del Frente de Mujeres Defensora de la Pachamama. El Tiempo

El fin de semana se eligió el nuevo directorio del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama para el período 2015-2017. La nueva presidenta es María Herlinda Gutama, de la parroquia Molleturo.
Fecha de Publicación: 2015-02-03 00:00

La nueva presidenta de la agrupación fue una de las socias fundadoras del frente, quien contará con el apoyo de Rocío Pérez Arévalo, de Tarqui, como vicepresidenta, y Georgina Gutama Gutama, de Molleturo, como coordinadora. Todas las mujeres pertenecientes a esta agrupación han manifestado su respaldo al nuevo directorio, el cual deberá impulsar las iniciativas y actividades que se han venido desarrollando en los años anteriores y las nuevas que se han planteado como retos para el presente año.

Delegadas del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama estuvieron en Quito para realizar varias actividades, entre ellas reuniones con funcionarios de la Delegación de la Unión Europea, de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ecuador, ONU, Mujeres y de la Dirección Nacional de Derechos Colectivos, Naturaleza y Ambiente de la Defensoría del Pueblo y con otras delegaciones internacionales. (FCS) (F)

Cuenca.


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