31 de agosto de 2015

ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE LAS DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA Y GUARDIANAS DE LA AMAZONÍA / AGOSTO 2015

Defensoras de la Pachamama inician espacios para la reflexión colectiva sobre los Impactos de la minería en las Mujeres


¿Por qué hablar de impactos específicos y diferenciados de la minería en las mujeres? Fue una de las preguntas que se reflexionó en el primer Taller que sobre el tema realizó el 28 de agosto el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.

Como parte del constante proceso de capacitación de las socias del Frente de Mujeres, se programó con el apoyo de la organización Luna Roja de Quito, este Taller que a más de permitir a las participantes conocer a cerca de los impactos de la minería sobre las mujeres en las distintas fases de la actividad minera, les sirvió para identificar los impactos específicos de género que ellas han recibido por su activismo en oposición a los mega proyecto de minería en sus territorios.



Paola Fuentes de Luna Roja hizo una exposición sobre los impactos de la minería en las fases de exploración, explotación y cierre de minas, donde se resaltó como esta industria extractiva refuerza el patriarcado y el machismo.


Las socias del Frente de Mujeres que participaron en el Taller mencionaron la represión y el “maltrato físico y sicológico” por parte de la fuerza pública entre los impactos más graves que ellas han vivido por la presencia de los mega proyectos mineros en sus comunidades.



Igualmente se mencionó como otro de los impactos más importantes la persecución judicial hacia muchas mujeres con juicios penales incluso por “terrorismo organizado” y/0 sabotaje, y todos los problemas que hasta en el ámbito familiar causa esta judicialización a mujeres campesinas.


A los impactos mencionados anteriormente las participantes agregaron la indefensión, falta de acceso a la justicia e impunidad de sus agresores, lo que configura un cuadro de extrema violencia hacia las defensoras en estos conflictos socio-ambientales por minería.

Dada la importancia del tema, las Defensoras de la Pachamama estarán organizando otros espacios con la participación de más mujeres para continuar reflexionando sobre cómo la minería las afecta en forma directa, específica y diferenciada.



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Guardianas de la Amazonía participan en la realización del nuevo programa de Warmi Voces y Acción


Durante una minga para la siembra de maíz organizada por la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI, en San Miguel de Conchay el 29 de agosto, varias mujeres del Frente de Guardianas de la Amazonía participaron en la grabación del segmento “El Grito de la Pachamama” del programa WARMI Voces y Acción No. 14 que se prepara para los próximos días.

El tema escogido fue justamente “La Minga y la Siembra del Maíz”, para dar a conocer estas tradiciones campesinas y la importancia de recuperarlas y mantenerlas.

“Sí, que bonita ha sido esta tradición, ha sido de retomar de nuevo para que siga siendo así como ha sido antes las mingas”, dijo Luz Ramón, joven campesina de San Miguel de Conchay, comunidad afectada por el mega proyecto de cobre Pananza-San Carlos.


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19 de agosto de 2015

MUJER, VIOLENCIA E INDUSTRIA MINERA

MUJER, VIOLENCIA E INDUSTRIA MINERA[1]

Por Lina Solano Ortiz[2]


En el sistema capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su imposición y desarrollo. Múltiples son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.

Violencia contra las mujeres antes, durante y después de la explotación minera

En del sistema capitalista-imperialista y patriarcal las mujeres son explotadas, oprimidas y excluidas. Son la población con mayor índice de pobreza, desempleo, analfabetismo y están sometidas a distintos tipos y niveles de violencia y discriminación en el ámbito público y privado. En las comunidades rurales sus espacios de participación son limitados, no tienen el mismo peso en la toma de decisiones que los hombres, quienes acaparan la representación comunitaria muchas veces utilizando figuras femeninas dóciles a su manipulación, por ello las necesidades de las mujeres son las menos tenidas en cuenta. En esas condiciones cuando una empresa minera se adueña de territorios vía concesiones por parte de los Estados, y violando derechos como el de la Autodeterminación, las opiniones, aspiraciones, posiciones y exigencias de las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades despojadas simplemente no cuentan. Las corporaciones, gobiernos, estados, y en algunos casos los propios miembros de las comunidades, buscan pretextos para excluirlas, por ejemplo con el discurso de que la minería es un tema estrictamente “técnico” y que ellas no están en capacidad de discutir estos temas.

En el caso de Ecuador, cuando los gobiernos y el Estado entregaron los territorios a las grandes corporaciones para la prospección y posterior exploración de los minerales, las comunidades no fueron informadas ni consultadas, a pesar de que estos derechos ya estaban reconocido en la Constitución. Miles de mujeres de los territorios concesionados se enteraron luego de muchos años de que sus propiedades estaban dentro de las áreas acaparadas por las transnacionales, y comenzaron a reclamar, en especial al conocer sobre los graves impactos sociales y ambientales que genera la minería.

Cuando ellas decidieron levantar su voz recibieron como respuesta violencia por parte de las empresas, del gobierno, del Estado, de quienes estaban a favor de las mineras dentro de sus propias comunidades e incluso dentro de sus familias. Un ejemplo de ello es el caso de las socias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quienes han vivido los impactos negativos de la minería a través de la persecución, judicialización, criminalización y otras violaciones de sus derechos, llegando incluso a ser privadas injustamente de su libertad, enjuiciadas penalmente con falsas acusaciones hasta de “terrorismo organizado”; siendo además insultadas y discriminadas por las autoridades del actual gobierno, comenzando por el propio Rafael Correa. Y cuando no han sido ellas el blanco directo de los ataques, han tenido que afrontar la persecución y criminalización de sus hijas/os, madres, padres, esposos, hermanas/os, otros familiares, y/o miembros de sus comunidades o de sus organizaciones. Comenzaron también a vivir los efectos del rompimiento del tejido social, llegando a ser agredidas físicamente por hombres pro-mineros a favor de las empresas Iamgold e International Mineral Corporation (IMC), con sus proyectos Quimsacocha (hoy Loma Larga) y Río Blanco, ubicados en las parroquias Victoria del Portete y Molleturo respectivamente[3].

Este es un patrón en todos los territorios afectados por la industria minera. Las mujeres no son escuchadas, ni cuentan con mecanismos para presionar por sus legítimas demandas, todo lo contrario pasan a ser blanco de rabiosos y permanentes ataques por parte de las corporaciones, gobiernos y estados que las consideran un “obstáculo” para la imposición de los mega proyectos. Un caso ilustrativo es el de la campesina cajamarquina Máxima Acuña en Perú, dentro del conflicto por el megaproyecto de oro denominando Conga. Máxima y su familia viven desde hace años un hostigamiento constante de parte de la empresa minera Yanachocha junto con el gobierno y Estado de ese país, que ha incluido violencia física por parte de la policía y fuerzas de seguridad de la minera intentando desalojar a los Chaupe de su terreno en el sector Tragadero Grande. La empresa además les ha enjuiciado por invasión de propiedad privada, y, tanto Máxima como su familia, son blando de amenazas, intimidación, campañas de desprestigio, daños a su propiedad, entre otras violaciones a sus derechos. Así esta corporación minera, una de las más grandes del mundo, le ha quita a esta humilde campesina cajamarquina la paz y tranquilidad, y la ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad, ejerciendo distintas formas de violencia contra ella y su familia.

Las mujeres se enfrentan así al poderío corporativo en defensa de sus legítimos derechos. Frente a ello los usurpadores recurren a otras formas y mayores niveles de violencia contra las mujeres, como la violación sexual para el despojo forzado de los territorios. Uno de los casos emblemáticos de cómo se utiliza a la violencia sexual para los desalojos en favor de las empresas mineras es el de las indígenas Maya-Q´eqchis de Lote Ocho en Guatemala: “El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fe víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemala de Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. LA CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera trasnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.”[4]

El ambiente de hostilidad permanente que viven las mujeres, incluso antes del inicio de la explotación minera, incrementa sus preocupaciones cotidianas, pone en grave riesgo su vida, su integridad, y su salud física y emocional ya que las somete a mayores niveles de presión y sentimientos de frustración al no poder hacer frente al poder corporativo y de los gobiernos y estados cómplices del saqueo minero.

Una vez que las corporaciones se instalan en los territorios usurpados, el predominio de los hombres será mayor, ya que la minería es una actividad que demanda principalmente su mano de obra, provocando una verdadera “masculinización” de los territorios donde se implanta. A la par con ello, las mujeres despojadas de sus medios de subsistencia como es la producción de alimentos a pequeña escala, caerán en una una mayor dependencia económica con respecto a los hombres, esto como es lógico se traducirá en mayores niveles de violencia intrafamiliar.

A más de la violencia doméstica, las mujeres deberán seguir haciendo frente a la violencia institucionalizada por parte de los gobiernos y estados, cuando no a la de otros actores que se involucran en los conflictos mineros como mafias de la droga o de la trata de personas y/u otros grupos armados. Así la violencia se instituye en forma permanente en los territorios ocupados y se vuelven cotidianos los casos de mujeres violadas, heridas, asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas. Laura Carlsen, analizando el caso de México señala: “Las mujeres organizadas contra la minería, los megaproyectos y otras invasiones de sus derechos y tierras entran en conflicto con adversarios inmensamente poderosos y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por los invasores, las fuerzas gubernamentales de seguridad y las fuerzas paramilitares con frecuencia atacan a la gente que defiende sus tierras donde las mujeres a menudo lideran estas luchas… La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos presentó un diagnóstico de los ataques contra las defensoras en 2012. En la región, 38 fueron asesinadas, la mayor parte mujeres defendiendo tierras, territorios y recursos.”[5]

Y no se puede dejar de mencionar una de las formas de violencia directa contra el cuerpo de las mujeres que genera la industria minera y que afecta cada vez con mayor fuerza a miles de mujeres, incluso niñas y adolescentes, esto es la prostitución y el negocio de la trata de blancas. Para mencionar sólo un ejemplo, es conocido el caso del municipio de Bosconia en Colombia donde la minería de carbón ha provocado altos índices de prostitución infantil y juvenil. Niñas de 13 y 14 años son obligadas a vender sus cuerpos en una zona donde las grandes corporaciones del carbón como la estadounidense Drummond, embolsan millonarias ganancias cada año. En su artículo “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales”, Dana Barón, citando una investigación periodística de agosto de 2013 referida a la prostitución infantil en Bosconia, da a conocer que: “desde Cartagena, Pereira, Medellín, Armenia y Cali se mueven ‘oficinas de enganche’ de menores y prostitutas de hasta 26 años (…) estas redes criminales han montado campamentos, cerca de las minas, para prestar servicios de entretenimiento a los trabajadores”[6].

Cuando el mineral se agota, las empresas abandonan los territorios devastados, dejando dolorosas secuelas para las comunidades y en especial para las mujeres. Si por efecto de la contaminación minera las mujeres se ven afectadas en su salud y/o en la de sus hijas/os u otros miembros de su familia, esto hará que la carga de su trabajo reproductivo aumente, ya que el cuidado de las/los enfermos recae directamente sobre ella. En el Valle de Siria Honduras se han documentado casos de graves impactos a la Salud de las/los niños por las operaciones de la mina San Martín de Entre Mares, subsidiaria de la canadiense ColdCorp. En el 2008 comenzó el cierre de la mina y se acrecentó las denuncias de las comunidades de los terribles daños ambientales y sociales que dejaban 8 años de explotación de oro a cielo abierto. “La investigación “Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud humana”, realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.[7]” Y a pesar de que las demandas han llegado incluso a tribunales internacionales no se ha logrado justicia para los afectados por ColdCorp, no sólo para quienes actualmente ya han sido privados de su salud, sino para las generaciones venideras, ya que los daños causados a los ecosistemas son irreversibles y sus efectos nocivos durarán por cientos de años.

Las mujeres hacen frente a la violencia minera con dignidad y valor

A pesar de toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en los territorios bajo el dominio de la industria minera, eso no ha impedido que sigan siendo protagonistas de la resistencia que levantan los pueblos en defensa de la Pachamama (Madre Tierra), la Vida y la Soberanía, jugando un rol fundamental en la denuncia y exigencia por los derechos violados.

El aumento de las formas y niveles de violencia es una dura realidad que la viven miles de mujeres de comunidades afectadas por los intereses y necesidades del capital transnacional minero, sin embargo esta realidad ha llevado a gran número de ellas a no resignarse al papel de víctimas, a abandonar el ámbito doméstico o comunitario y ponerse en primera fila para organizarse, luchar, denunciar, reclamar, protestar, y, en algunos casos, convertirse en activas defensoras de derechos, siendo la viva muestra de que “donde hay opresión hay resistencia”.





[1] Una versión del presente artículo traducida al francés fue publicada en la revista Droits et libertés, de la Liga por los Derechos y Libertades de Quebec. Volumen 34, número 1. Junio, 2015.

[2] Lina Solano Ortiz es Ecuatoriana. Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región. Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.

[3] Estas dos parroquias pertenecen al cantón Cuenca de la provincia de Azuay (sur de la Región Andina de Ecuador).

[4] “Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: Violencia Sexual contra Mujeres Q´eqchis”.  http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=78687.

[5] “¿Por qué “la seguridad” induce más violencia contra las mujeres”. Laura Carlsen. Abril 2014. http://www.cipamericas.org/es/archives/11957.

[6] “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales?”, Dana Barón. http://cinep.info/cinep/images/stories/Documentos/ciendias80/2_mineria.pdf.

[7] “Actividad minera en Región de Honduras deja rastros de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo”. Giorgio Trucchi. Septiembre de 2014. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2014/09/actividad-minera-en-region-de-honduras.html

8 de agosto de 2015

MINERÍA RESPONSABLE. ¿DE DÓNDE SALIÓ ESE CUENTO?

MINERÍA RESPONSABLE
¿DE DÓNDE SALIÓ ESE CUENTO?

(Editorial del programa No. 13 de WARMI Voces y Acción
producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama)

El discurso oficial del actual gobierno de Alianza País con respecto a la minería es el mismo que las corporaciones de esta industria extractiva han impuesto en todo el mundo desde el 2002: “minería responsable”, “sustentable”, “amigable con la naturaleza”, “que beneficie a las comunidades”, “minería para superar la pobreza”, “para que el país se desarrolle”, y demás eslogan del lenguaje corporativo acuñado por las propias transnacionales de megaminería. Los funcionarios del gobierno, comenzando por Rafael Correa, utilizan las mismas palabras, las mismas frases, los mismos “argumentos” que cualquier representante o asalariado de las empresas mineras, para justificar la entrega del territorio ecuatoriano para el saqueo de los minerales.

Es interesante conocer dónde se originó este discurso de la “minería responsable”. En el 2002, con una conferencia en Toronto, ciudad del Canadá donde se ubica la mayor bolsa de valores de la industria minera, culminó la denominada Iniciativa Global Minera que comenzó en el año 2000. En esta conferencia las grandes transnacionales del sector y sus socios corporativos estatales y privados, etiquetaron a su actividad como “responsable” y “sustentable”, con el objetivo de recuperar imagen, y darle legitimidad por decreto a esta industria extractiva. Basta ver cuáles fueron las empresas que financiaron esta Iniciativa, justamente algunas de las más grandes transnacionales a nivel mundial, entre ellas las auríferas: Barrick Gold, Anglo American, Rio Tinto, M.I.M Holding, y Newmont.

Con esta Iniciativa las corporaciones mineras trataron de hacer ver al mundo que realizaban un “mea culpa”, aceptando que su actividad contamina, pero al mismo tiempo dando una supuesta salida. El mensaje que esa Iniciativa dejó, es que si bien se habían podido cometer ciertos “errores”, de allí para adelante la actividad minera era por decreto “responsable” y “sustentable”, punto. Simplemente las corporaciones ordenaron pasar la página y dieron la bienvenida a una supuesta “nueva era de la minería”, para lo cual era necesario dejar en el olvido todos los daños ambientales y sociales que esta industria ha sembrado por todo el mundo, y adoptar a partir de 2002 una “nueva cultura” con relación a la minería, y así, como por arte de magia se solucionaba el problema con el sólo hecho de adoptar, o mejor dicho, aceptar esta supuesta “nueva cultura” cuyo pilar es el discurso de “minería responsable y sustentable”.

Vemos entonces que la famosa Iniciativa Global Minera no fue más un gran tongo, para utilizar palabras muy nuestras, ya que en primer lugar sólo sirvió como un justificativo para evitar que las corporaciones respondan por todos los daños ambientales y sociales que han causado en el mundo, impunidad que es favorecida por los estados y gobiernos cómplices, que en lugar de reclamar por los Derechos Humanos y de la Naturaleza, violados persistentemente por esta industria, lo que hacen es crear las condiciones para que los países sean saqueados con mayor facilidad, y esto incluye adoptar el discurso de las corporaciones y convertirse en sus propagandistas.

Además se puede afirmar que la Iniciativa Global Minera y su engendro: la “minería responsable y sustentable” son un gran tongo, porque la realidad así lo demuestra. Antes, y especialmente después de la famosa Iniciativa, la industria minera ha continuado pisoteando y violando Derechos Humanos y de la Naturaleza con la misma, o mayor agresividad. A las pruebas nos remitimos:

Barrick Gold, una de las impulsoras de Iniciativa Global Minera, la más grandes empresa productora de oro del mundo, antes de 2002 ya fue denunciada en distintos países por los daños ambientales y sociales que ha provocado, y luego del 2002, ha continuado incrementando su récord. En República Dominicana por ejemplo, desde 2013, comunidades de Cutuí, municipio de la provincia de Sánchez Ramírez, vienen denunciando los graves impactos ambientales y sociales que la explotación de oro de Barrick ha provocado, especialmente las afectaciones en la salud de la población, como consecuencia de la contaminación del agua con cianuro y metales pesados, y del aire con polvillos tóxicos. Sin embargo hasta la fecha no encuentran respuesta a sus demandas, todo lo contrario, cuando protestan son reprimidos por la fuerza pública. Esta es la cruda realidad que desmiente la charlatanería de que la explotación minera trae “desarrollo” y “bienestar para los pueblos”, ya que esto no es concebible si los derechos son violados, si el ambiente es contaminado, si la población pierde condiciones fundamentales para la vida como el agua, el aire o la salud.

Barrick Gold también lleva adelante la polémica extracción de oro en la zona de glaciares en la frontera entre Chile y Argentina. Ya en el 2005 un informe técnico señaló que la superficie de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades realizadas por Barrick.” Sin embargo, la empresa continúa la explotación y ha informado que para el 2013 registró una producción de 640.000 onzas de oro en su mina Veladero, a pesar de las continuas denuncias y protestas de la población por los impactos ambientales, especialmente en los glaciares, lo cual, debemos tener muy presente, no es un perjuicio sólo para las comunidades aledañas, o para Argentina, sino para todo el Planeta.

Igualmente en el lado chileno su proyecto Pascua Lama está provocando afectaciones irreversibles en los glaciares y con ello al suministro de agua de las poblaciones. En junio de 2014 el Tribunal Permanente de los Pueblos TPP que se realizó en Montreal (Canadá), para juzgar casos de violaciones de Derechos Humanos cometidas por empresas mineras canadienses en Latinoamérica, declaró culpable a Barrick Gold por violar los derechos al Agua, al territorio y a la Libre Determinación de las comunidades indígenas diaguitas de la provincia de Huasco en Chile.

Como vemos nada cambió luego de la famosa Iniciativa Global Minera, todo quedó en palabras, ya que justamente sus principales impulsoras continúan contaminando, destruyendo, violando derechos de las poblaciones y de la Naturaleza. Otro caso sintomático de esto es lo que sucede en Cajamarca Perú, con la empresa Newmont, otra de las patrocinadoras de la Iniciativa, la cual ha afectado con su mina Yanacocha extensas zonas de páramo andino y con ello cuencas y subcuencas hídricas, provocando el rechazo de la población cajamarquina, no sólo a esta mina, sino frente a la pretensión de iniciar un nuevo proyecto de explotación de oro denominado Conga. Las comunidades campesinas se han levantado en defensa del agua, en especial de las lagunas que perderían de darse este proyecto.

En este proceso de resistencia, Newmont quiere hacer sentir todo su poder para imponer su nueva mina, y por otro lado las comunidades se mantienen firmes a pesar de la represión y criminalización, porque, aunque usted no lo crea, la policía nacional tiene un contrato con esta empresa minera para brindarle “servicios de seguridad”. El poder de Newmont-Yanacocha se extiende también a las instituciones judiciales, ni que decir de las otras instancias estatales y gubernamentales, a la mayoría de medio de comunicación, en fin. Es por ello que esta empresa no puede soportar la idea de que una campesina cajamarquina le esté haciendo frente. Nos referimos a Máxima Acuña y su familia, quienes se han convertido en un símbolo de la resistencia al proyecto Conga, ya que no han querido venderle a la minera su terreno, y por ello son blanco de un constante hostigamiento por parte de la empresa. En los últimos días Máxima ha vuelto a recibir amenazas de muerte de parte de trabajadores de la minera y el día de ayer nuevamente su propiedad fue sitiada por la policía al servicio de Newmont. Estos últimos incidentes se suma a las constantes invasiones a su terreno para destruir construcciones, cultivos, robar o matar a sus animales, intentos violentos de desalojo, es decir, una verdadera guerra en contra de esta defensora, que además enfrenta a Newmont en los juzgados por los múltiples juicios con los que esta corporación transnacional, una de las más poderosas del mundo, trata de acribillar la voluntad de Máxima Acuña, a quien se la ha llamado la Dama de la Laguna Azul por su valentía y tesón para defender los Páramos.

En conclusión la tan cacareada “minería responsable o sustentable” es sólo un cuento que salió de las propias corporaciones mineras. La megaminería es un negocio en el cual las transnacionales ganan y las comunidades y la Pachamama pierden, sino no funciona. Y esto lo saben muy bien todos los actuales gobernantes de Alianza País, pero engañan al pueblo repitiendo sin cesar el discurso forjado en las cúpulas corporativas mineras.

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6 de agosto de 2015

Programa No. 13 de WARMI Voces y Acción

Para quienes no puedieron escuchar nuestro programa No. 13 de WARMI Voces y Acción, transmitido el 6 de agosto de 2015 por la Radio de la Universidad de Cuenca

En la radio de la Universidad de Cuenca en el programa
WARMI Voces y Accion 13, producido por el 
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4 de agosto de 2015

El jueves 6 de agosto se transmitirá programa No.13 de "WARMI Voces y Acción"

Escuche este jueves 6 de agosto a partir de las 3 pm (hora de Ecuador) la transmisión del programa No.13 de Warmi Voces y Acción producido por el Frente de Mujeres Defensora de la Pachamama, a través de la Radio de la Universidad de Cuenca: www.radio.ucuenca.edu.ec
No se pierda en el segmento “El Grito de la Pachamama” el diálogo de las compañeras Panchita y Carmen y muchas sorpresas más

Francisca Zhagüi Chuchuca y Carmen Pérez Arévalo,
integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama
en la grabación del segmento "El Grito de la Pachamama"

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