Lina Solano Ortiz, Presidenta de ULAM durante su exposición en la Audiencia ante la CIDH
Lina Solano Ortiz, en representación de la Unión
Latinoamericana de Mujeres ULAM y del Frente de Mujeres Defensoras de la
Pachamama de Ecuador, fue una de las participantes en la Primera Audiencia Regional
sobre Criminalización a Mujeres Defensoras de los Territorio y el Medio Ambiente
en las Américas, solicitada por una coalición de organizaciones, que se llevó a
cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el viernes 23 de
octubre de 2015.
En esta audiencia temática se expuso sobre tres de
las formas identificadas como más recurrentes que están siendo utilizadas para
atacar a las defensoras: la judicialización, la estigmatización y el
hostigamiento.
Dentro de los casos de persecución judicial presentados
durante la Audiencia, se mencionó el de las Defensoras de la Pachamama: Georgina
Gutama quien en el 2009 fue acusada, junto con otras personas, de “terrorismo
organizado”, por su resistencia al proyecto minero Río Blanco (Molleturo), y el
de Lina Solano Ortiz, quien ha tenido desde el 2006 varias acusaciones y
procesos judiciales penales por delitos contra la seguridad del Estado con
acusaciones como: invasión de edificios, robo, obstaculización de la vía
pública y otros. Todos estos procesos penales, hechos con falsas acusaciones,
son la evidencia de la persecución judicial como represalia contra las
defensoras por levantar su voz en contra de los megaproyectos de minería en
Ecuador.
También los casos de Máxima Acuña, Cleofé Neira y
Elizabeth Cunya en Perú, fueron presentados por ULAM como ejemplos vivos de la
estigmatización y hostigamiento a la que son sometidas las mujeres defensoras
en conflictos socio-ambientales por minería en la Región.
Durante su exposición Lina Solano Ortiz denunció
el ataque sufrido por integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la
Pachamama el 20 de octubre (dos día antes de la Audiencia), en Molleturo, cuando
fueron violentamente reprimidas por la policía y agentes de seguridad política
para impedir que expresen su rechazo al proyecto minero Río Blanco, durante la
visita de Rafael Correa para inaugurar una obra de Ecuador Estratégico, y por
ello señaló entre las recomendaciones a la CIDH “que se inste a los Estados a
no poner el aparato militar, policial y judicial a favor de intereses como los de
las grandes corporaciones.”
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