En el marco del cierre de las audiencias del Tribunal permanente de los
pueblos sobre la industria minera canadiense
Un jurado internacional publica su veredicto
preliminar juzgando a las empresas mineras canadienses y el Estado canadiense
en América latina
MONTREAL, 2 de junio de 2014. Es hoy, tras la conclusión ayer del
Tribunal Permanente de los pueblos sobre la industria minera canadiense en
América latina, que el jurado compuesto por expertos internacionales hace
público su veredicto preliminar que atribuye a las empresas mineras canadienses
y el Estado canadiense la falta a sus obligaciones con respecto al derecho
internacional en razón de acciones u omisiones de su parte.
En su veredicto preliminar leído ayer en el cierre de dos días de audiencias
que analizaban testimonios sobre casos relativos a las empresas canadienses
Barrick Gold, Goldcorp, Tahoe Resources, Blackfire Exploration, Excellon
Resources y a sus filiares en América latina, el Tribunal Permanente de los
pueblos constata la responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos
humanos, al igual que la responsabilidad de Estado de Canadá y de países donde
se produce la explotación de recursos naturales por no haber impedido, por
haber facilitado, tolerado u ocultado estas violaciones asi como por impedir en
la práctica el acceso de las víctimas a un recurso que les proteja contra tales
violaciones.
« Desde hace más de 35 años, el Tribunal Permanente de los pueblos ha
juzgado casos de violaciones masivas de derechos que el derecho no reconoce, en
razón del desiquilibrio de poder. En el caso de la industria minera canadiense,
las causas y los actores de estos crímenes son económicos y excluídos de la
competencia del derecho internacional vinculante. La primacía del comercio
sobre los derechos humanos genera impunidad", señala Gianni Tognoni,
médico y doctor en filosofía y secretario general del Tribunal permanente de
los pueblos desde su fundación en 1979.
Los archivos vídeos de las audiecias se pueden consultar en http://www.cutvmontreal.com/
El jurado hará públicas próximamente sus recomendaciones específicas dirigidas
a las empresas mineras canadienses, al Estado canadiense, a los Estados de
América latina, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil
organizada.
El veredicto final se hará público en las próximas semanas y enviado a
las empresas en cuestión, al gobierno canadiense asi como a la Comisión
interamericana de derechos humanos y a las Naciones Unidas.
Los miembros del jurado y participantes están disponibles para conceder
entrevistas.
Fuente: Tribunal Permanente de los pueblos, Canada
Información :
Rocio Barba
Tribunal Permanent des Peuples sur l'Industrie
Minière Canadienne
Audience Amérique latine
Montréal (Québec, Canada)
Mineras y
gobierno canadienses, culpables de violentar pueblos
Posted By Taykauraki On junio 8, 2014 @ 12:45 In Canadá,Geografía,Reportajes,Reportajes
Internacional |
Montreal, Canadá. Por
todo América Latina, pero también en su mismo país, empresas mineras y gobierno
canadienses violentan los derechos de los pueblos en su afán extractivista,
sentenciaron expertos y testigos en el Tribunal Permanente de los Pueblos.
El asunto no es menor. De
alrededor de 200 conflictos socioambientales en América Latina, 90 se vinculan
a mineras canadienses, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en
América Latina. Aunque existen numerosos casos (por ejemplo el conflicto en
Wirikuta por First Gold Majestic), dos fueron los casos mexicanos emblemáticos:
la minera Payback (Blackfire Exploration), debido al asesinato de Mariano
Abarca, en Chicomuselo, Chiapas; y La Platosa (Excellon Resources), por la
violación a los derechos de los trabajadores en Durango. Estuvieron también en
el banco de los acusados los casos de Pascua Lama (Barrick Gold) en Chile y
Argentina; Escobal (Tahoe Resources) en Guatemala y San Martín (Goldcorp) en
Honduras.
Del 29 de mayo al 1 de junio,
afectados de América Latina y especialistas se dieron cita para testimoniar las
violaciones de derechos humanos y los daños ambientales causados por la minería
canadiense, en la audiencia internacional del Tribunal Permanente de los
Pueblos, con el apoyo de cerca de 50 organizaciones de Canadá y América Latina.
Es la primera vez que el TPP,
fundado en 1979 en Italia, sesiona en Canadá; el objetivo fue examinar la
responsabilidad no sólo de las empresas mineras, sino también del gobierno
canadiense, en la violación de derechos humanos y socioambientales en América
Latina.
Los cargos que enfrentaron las
empresas mineras son: atentar contra los derechos fundamentales de los
pueblos en América Latina, con el apoyo del Estado canadiense (que sostiene a
esta industria y favorece un contexto de impunidad)[i]. El jurado se integró
con destacadas personalidades como la canadiense Maude Barlow, presidenta del
Consejo de Canadienses, la francesa Mireille Fanon-Mendès, de la Fundación
Frantz-Fanon, Nicole Kirouac, del Comité de vigilancia de Malartic, una ciudad
minera en Québec, Gérald Larose, profesor de la Universidad de Quebec en
Montreal, Viviane Michel, de la nación innu y presidenta de Mujeres Indígenas
de Quebec, el abogado Javier Mujica, del Centro de Políticas Públicas y
Derechos Humanos de Perú, el director del centro de estudios de derecho medio
ambiental Antoni Pigrau Solé, de Cataluña, y el italiano Gianni Tognoni,
fundador y secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Los casos mexicanos
La empresa Blackfire, instalada
en Chicomuselo, Chiapas, fue acusada de atentar contra el derecho a la vida,
instaurar un clima de violencia y estar implicada en el asesinato de Mariano
Abarca, en 2009. A través de un video, José Luis Abarca, hijo del activista,
exigió justicia por el homicidio de su padre y denunció la complicidad de la
embajada canadiense. Jennifer Moore, de la coalición Mining Watch, corroboró el
papel del gobierno de Canadá en el caso y lamentó que no se ha castigado a
ninguno de los responsables del crimen.
La minera Excellon Resources
fue acusada de violar el derecho a la libertad de asociación sindical, el
derecho a la negociación colectiva y a la reunión pacífica en La Platosa,
Durango. Dante López, de la organización ProDESC (Proyecto derechos económicos,
sociales y culturales) presentó el caso ante los jueces y relató las
dificultades que la sección 309 del sindicato enfrenta.
La creciente
criminalización de los movimientos de oposición
En todos los casos, se denunció
la creciente criminalización de los movimientos de resistencia ante la nueva
oleada de colonialismo. Se resaltó que existe un consenso extractivista tanto
de gobiernos de derecha como de izquierda, y hay una clara relación entre el
extractivismo y el autoritarismo. Desplazamientos forzados, represión,
consultas ilegítimas, atentados y asesinatos que hasta el día de hoy permanecen
impunes fueron algunas de las constantes.
Jennifer Moore, de Mining
Watch, afirmó que ante el boom de la minería, se originaron cientos de
movimientos de resistencia. De acuerdo a un informe de Global Witness titulado
“Deadly environment” (Medio ambiente letal),[ii] “entre 2002 y 2013, 908
activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados; de
todos estos crímenes, solamente se han juzgado y castigado 10 casos. Los
países donde hay una mayor incidencia de asesinatos son Brasil, Honduras, Perú,
Colombia, México y Guatemala”. La criminalización, dijo, no es un evento
aislado sino un proceso que va desde la estigmatización, procesos judiciales
hasta ataques físicos, y que tiene impactos tanto individuales como
colectivos.
Las mujeres resisten a
la minería
Lina Solano, del Frente de
Mujeres Defensoras de la Pachamama, en Ecuador, afirmó: “No aceptamos la
destrucción de nuestros ecosistemas, de nuestras culturas, que nos han
permitido subsistir hasta el día de hoy. Nosotras optamos por la vida”.
Nombró además dos casos de mujeres defensoras que han sido perseguidas: Máxima
Acuña, por el conflicto en Cajamarca, Perú, y la activista guatemalteca Yolanda
Oqueli, hacia quienes pidió solidaridad internacional.
Las mujeres se movilizan porque
ven los impactos inmediatos de la minería: contaminación y empobrecimiento;
salen con fuerza a defender su sustento diario y el futuro de sus hijos. Sin
embargo, sus liderazgos muchas veces permanecen invisibilizados, por lo que
Solano animó a las mujeres a formar redes con otras afectadas y hacer oír sus
voces, compartir experiencias y fortalecer las luchas.
Las participantes discutieron
sobre las afectaciones de la minería canadiense en Canadá mismo,
particularmente en territorios indígenas del norte de Quebec, donde habitan 11
naciones. Afirmaron la necesidad de construir lazos de solidaridad y recordaron
que el movimiento Marcha Mundial de las Mujeres tendrá como eje de acción
internacional de 2015 la defensa del cuerpo y el territorio.
El veredicto: culpables
El veredicto preliminar[iii]
señala que en los casos juzgados las empresas son culpables de violar el
derecho “a la vida, a la alimentación, al agua, a la salud, a la habitación, a
la libertad e integridad de las personas, a la seguridad y a un medio ambiente
sano y protegido”. También denuncia que se violó el derecho de los pueblos “a
su autodeterminación, a la participación, a la consulta y al consentimiento
previo, libre e informado, el derecho a un desarrollo propio y al ejercicio
pleno de su propia cultura y tradiciones “. Existen pruebas contundentes
de que las empresas violaron “la libertad de expresión, de asociación, de
reunión pacífica, de acceso a la información y de participación”.
En el caso del gobierno
canadiense, se le consideró culpable por acción u omisión por apoyar a
las empresas canadienses en América Latina “a través de mecanismos políticos,
económicos, financieros y diplomáticos, por tolerar o encubrir violaciones a
los derechos humanos o negar el acceso a las víctimas a recursos efectivos
frente a las violaciones de las empresas”.
Se denunció igualmente la
complicidad de los gobiernos latinoamericanos, que otorgan concesiones y
permisos de explotación a sabiendas de los impactos que la minería tiene en el
medio ambiente, sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades que
serán afectadas: “Son culpables por no exigir a las empresas respetar los
derechos humanos y por flexibilizar las normas laborales, medioambientales y
tributarias para favorecer el interés de las empresas mineras”.
El tribunal exigió un alto a la
criminalización de activistas, defensores y comunidades que se oponen a la
extracción minera y que reivindican su derecho a la autodeterminación y a
decidir qué tipo de desarrollo quieren. Denunció la política canadiense de
injerencias indebidas en las reformas legislativas mineras y ambientales, la
negociación de acuerdos comerciales que blindan las inversiones canadienses en
el exterior y las barreras que socavan en el acceso a la justicia canadiense para
las personas y comunidades afectadas por las actividades mineras.
Se declaró “la responsabilidad
de las empresas Barrick Gold y su filial Nevada SpA, Gold Corp y su filial
Entre Mares, Tahoe Resources y su filial San Rafael S.A., Blackfire Exploration
y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. y Excellon Resources Inc.
y su filial Excellon de México S. A. de C. V. por incurrir en la
violación de los derechos humanos y la responsabilidad de Canadá por haber
tolerado o encubierto tales violaciones, impidiendo el acceso de las
víctimas a un recurso que las proteja de tales violaciones”.
Fotografías: Carmen Díaz
Notas:
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