27 de diciembre de 2011

CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE OLLANTA HUMALA POR LA REPRESIÓN A LAS PROTESTAS CONTRA EL PROYECTO MINERO CONGA EN CAJAMARCA


Presidente Ollanta Humala Tasso

Despacho Presidencial

Girón de la Unión s/n 1 cdra

Lima, Perú

19 de Diciembre de 2011

Su despacho,

Nosotros, los abajos firmantes, individuos e instituciones de varios continentes comprometidos con los movimientos para la justicia mundial, protección ambiental y desarrollo sostenible muy respetuosamente le escribimos para expresar nuestra más profunda preocupación por la creciente evidencia de un deslizamiento de su gobierno hacia el autoritarismo en respuesta a las recientes protestas anti-mineras que han ocurrido en Perú.

El pasado 4 de Octubre del 2011 a través del Dictamen 301/2011CR - el cual modificó el Decreto Legislativo 1095 - usted le otorgó a las fuerzas armadas “control y conducción total” en cualquier zona sujeta al “estado de emergencia”. De esta manera las fuerzas armadas efectivamente pasan a susplantar a la policía Peruana. Este marco legal es preocupante porque cualquier grupo de civiles que protesten en contra de políticas gubernamentales pueden en la práctica ser considerados un “grupo hostil” y como tal ser objeto de “operaciones militares” que incluyan “fuerza letal “ y “daño colateral” (DL 1095 Artículo 2,4,5 y 19). De esta manera los manifestantes pasan a ser formalmente considerados soldados enemigos (DL 1095 Artículo 7) mientras que a los efectivos militares se les otorga en la práctica inmunidad que los libera de persecución (DL 1095 Artículo 9). Esta legislación ciertamente va en contra de las obligaciones internacionales del Peru en el campo de los derechos humanos. La dependencia en intimidación y represión de la protesta civil contribuye al arraigamiento de los antagonismos y frustran los intereses de todos los actores.

El día 29 de Noviembre en respuesta a las protestas en contra del proyecto Conga las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes desarmados, que se acercaban a las instalaciones de la mina. Se estima que unos 20 manifestantes recibieron heridas de bala. Uno de ellos Elmer Campos Álvarez quedó permanentemente incapacitado. Informes médicos conjuntamente con los testimonios de víctimas aportan evidencia del uso de armas de fuego. Sin embargo, hasta ahora su gobierno se ha negado a admitir el alto número de lesionados civiles y el uso de armas de fuego contra civiles. El señor Oscar Valdez quien en su capacidad como Ministro del Interior ha negado que armas de fuego fueron usadas el 29 de Noviembre fue designado recientemente como Primer Ministro. Este tipo de conducta socava gravemente el estado de derecho en Perú.

En respuesta a las protestas en la región de Cajamarca el día 4 de Diciembre su gobierno declaró un Estado de Emergencia por un período de sesenta días. Esta medida suspendió libertades civiles, y autorizó a las fuerzas de seguridad a disolver reuniones y a arrestar opositores a su antojo. El día 6 de Diciembre el Sr. Wilfredo Saavedra y cinco otros líderes de la oposición fueron arrestados sin que existiera ni orden de arresto ni cargos en su contra. Los manifestantes han jurado continuar su oposición pacífica a la mina.

Esta situación puede devenir en un riesgo inminente de violencia en gran escala. Las circunstancias guardan un parecido alarmante con la serie de incidentes recientes que han ocurrido durante las protestas contra la industria extractiva, incluyendo el uso de armas de fuego en Bagua en Junio de 2009, en el cual no menos de 34 manifestantes y oficiales de la policía murieron.

En estos momentos cuando el mundo mira los eventos que se desarrollarán en los próximos días en la mina Yanacocha, muy respetosamente solicitamos de Ud. Señor Presidente que considere las siguientes medidas:

  1. Que Perú honre su compromiso con la ley y con los derechos humanos, mediante el reconocimiento y la compensación a los víctimas del incidente del 29 de Noviembre;
  2. Garantizar en todo momento la seguridad física de los manifestantes en la región de Cajamarca, incluyendo el derecho a la justicia y a un tratamiento respetuoso y apegado a la ley al ser detenido;
  3. Responder las preocupaciones ambientales que han surgido con respeto a la mina Conga, e imponer los requerimientos apropiados a la compañía Yanacocha.

Sin más a que hacer referencia, queda de Ud.

Muy atentamente,



Glevys Rondón

Directora de Proyectos

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