CONTEXTO GENERAL Y SITUACIÓN ACTUAL
Desde hace varios años, comunidades rurales e indígenas en distintos lugares de Ecuador han venido levantando una férrea resistencia a mega proyectos de minería de corporaciones transnacionales, las cuales obtuvieron concesiones sin procesos de información y consulta previa. Con la movilización las comunidades se consiguió la emisión en el 2008 por parte de la Asamblea Nacional que reformó la Constitución ecuatoriana, del Mandato Constituyente No. 6, conocido como Mandato Minero, en el que se declara la extinción de las concesiones que no hayan realizado los procesos de consulta previa (Art. 1). Sin embargo esto jamás se aplicó, a pesar de la Resolución de la Defensoría del Pueblo de Ecuador No. 79-CNDHIG-Exp-No. 40821-2009, en la que se recomienda al Ministerio de Minas y Petróleos la ejecución del Mandato Minero.
Esta posición de amparo por parte del gobierno y el Estado ecuatoriano a las ilegales e ilegítimas concesiones de las empresas mineras transnacionales, se complementa con la criminalización, represión y persecución a quienes reclaman por los derechos violados, siendo las mujeres de las comunidades afectadas por la minería víctimas de una serie de amenazas como: criminalización, judicialización o más exactamente una verdadera persecución judicial, privación arbitraria de su libertad, agresión física, verbal y sexual de parte de la fuerza pública y pro-mineros, intimidación, campañas de desprestigio, discriminación, y a todo ello se suma la impunidad frente a las denuncias presentadas por las violaciones cometidas contra los derechos de la mujeres y comunidades.
Muestra de ello es lo sucedido con la Presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quien fue amenazada por mineros de una zona de Molleturo donde la organización pidió al Ministerio de Ambiente realizar una inspección por la presencia de mineros ilegales en junio del año pasado. Esta denuncia llegó hasta la fiscalía pero no se hizo nada argumentando que la amenaza era únicamente de enjuiciarle y no de muerte.
Otro ejemplo es el juicio que existe contra Lina Solano Ortiz, por parte de la empresa minera Corriente Resources, el cual no prospera por la inconsistencia de las acusaciones, sin embargo de lo cual los fiscales no proceden a archivar el proceso que fue abierto a inicios del 2007, habiendo incluso concluido el tiempo de la indagación fiscal. Este juicio se mantiene abierto con la clara intención de intimidar.
En estas circunstancias de indefensión e inseguridad jurídica para las comunidades, y en especial para las mujeres, desde fines del año pasado el gobierno de Ecuador está iniciando un proceso de negociación de contratos con las empresas transnacionales mineras. Esto ha intensificado la actividad de las empresas en la pretensión de comprar la licencia social a través de miserables donativos como: sillas de plástico, bandas para madrinas, pollos de cría, caramelos, y otras baratijas. A su vez esto aumenta la conflictividad social en las comunidades, ya que quienes reciben los donativos de las mineras se convierten en fuerza de choque de las mismas.
Todo esto configura un escenario de riesgo, que se incrementará por el empecinamiento del gobierno de imponer los mega proyectos, frente a lo cual las comunidades continuarán resistiendo, y la evidente respuesta será la represión, persecución, judicialización contra quienes reclaman por los derechos violados como el de ser debidamente informados y consultados sobre la implementación de proyectos que afecten al ambiente.
En el caso de la Amazonía, debido a que la mega minería causará una devastación sin precedentes en extensas zonas de esta región no impactados por las petroleras, es imprescindible fortalecer la organización y presencia de las mujeres que se encuentran en resistencia contra las corporaciones, tanto de las comunidades indígenas, como campesinas, y fortalecer los vínculos con otras mujeres que están luchando por los derechos ambientales y de la Pachamama en esta región de Ecuador.
En el caso específico del pueblo Kichwa de Tzawata-Ila-Chucapi, cantón Arosemena Tola, provincia de Napo, quienes vienen resistiendo contra la transnacional minera MERENDON, el pasado mes de noviembre sufrieron una incursión militar en sus territorios por parte de fuerzas especiales del ejército, existiendo una permanente situación de riesgo en estas comunidades, el peligro de militarización y desalojo del campamento de resistencia.
Desde hace varios años, comunidades rurales e indígenas en distintos lugares de Ecuador han venido levantando una férrea resistencia a mega proyectos de minería de corporaciones transnacionales, las cuales obtuvieron concesiones sin procesos de información y consulta previa. Con la movilización las comunidades se consiguió la emisión en el 2008 por parte de la Asamblea Nacional que reformó la Constitución ecuatoriana, del Mandato Constituyente No. 6, conocido como Mandato Minero, en el que se declara la extinción de las concesiones que no hayan realizado los procesos de consulta previa (Art. 1). Sin embargo esto jamás se aplicó, a pesar de la Resolución de la Defensoría del Pueblo de Ecuador No. 79-CNDHIG-Exp-No. 40821-2009, en la que se recomienda al Ministerio de Minas y Petróleos la ejecución del Mandato Minero.
Esta posición de amparo por parte del gobierno y el Estado ecuatoriano a las ilegales e ilegítimas concesiones de las empresas mineras transnacionales, se complementa con la criminalización, represión y persecución a quienes reclaman por los derechos violados, siendo las mujeres de las comunidades afectadas por la minería víctimas de una serie de amenazas como: criminalización, judicialización o más exactamente una verdadera persecución judicial, privación arbitraria de su libertad, agresión física, verbal y sexual de parte de la fuerza pública y pro-mineros, intimidación, campañas de desprestigio, discriminación, y a todo ello se suma la impunidad frente a las denuncias presentadas por las violaciones cometidas contra los derechos de la mujeres y comunidades.
Muestra de ello es lo sucedido con la Presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quien fue amenazada por mineros de una zona de Molleturo donde la organización pidió al Ministerio de Ambiente realizar una inspección por la presencia de mineros ilegales en junio del año pasado. Esta denuncia llegó hasta la fiscalía pero no se hizo nada argumentando que la amenaza era únicamente de enjuiciarle y no de muerte.
Otro ejemplo es el juicio que existe contra Lina Solano Ortiz, por parte de la empresa minera Corriente Resources, el cual no prospera por la inconsistencia de las acusaciones, sin embargo de lo cual los fiscales no proceden a archivar el proceso que fue abierto a inicios del 2007, habiendo incluso concluido el tiempo de la indagación fiscal. Este juicio se mantiene abierto con la clara intención de intimidar.
En estas circunstancias de indefensión e inseguridad jurídica para las comunidades, y en especial para las mujeres, desde fines del año pasado el gobierno de Ecuador está iniciando un proceso de negociación de contratos con las empresas transnacionales mineras. Esto ha intensificado la actividad de las empresas en la pretensión de comprar la licencia social a través de miserables donativos como: sillas de plástico, bandas para madrinas, pollos de cría, caramelos, y otras baratijas. A su vez esto aumenta la conflictividad social en las comunidades, ya que quienes reciben los donativos de las mineras se convierten en fuerza de choque de las mismas.
Todo esto configura un escenario de riesgo, que se incrementará por el empecinamiento del gobierno de imponer los mega proyectos, frente a lo cual las comunidades continuarán resistiendo, y la evidente respuesta será la represión, persecución, judicialización contra quienes reclaman por los derechos violados como el de ser debidamente informados y consultados sobre la implementación de proyectos que afecten al ambiente.
En el caso de la Amazonía, debido a que la mega minería causará una devastación sin precedentes en extensas zonas de esta región no impactados por las petroleras, es imprescindible fortalecer la organización y presencia de las mujeres que se encuentran en resistencia contra las corporaciones, tanto de las comunidades indígenas, como campesinas, y fortalecer los vínculos con otras mujeres que están luchando por los derechos ambientales y de la Pachamama en esta región de Ecuador.
En el caso específico del pueblo Kichwa de Tzawata-Ila-Chucapi, cantón Arosemena Tola, provincia de Napo, quienes vienen resistiendo contra la transnacional minera MERENDON, el pasado mes de noviembre sufrieron una incursión militar en sus territorios por parte de fuerzas especiales del ejército, existiendo una permanente situación de riesgo en estas comunidades, el peligro de militarización y desalojo del campamento de resistencia.
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Desde el Movimiento de Mujeres Ana Soto De Venezuela, saludo revolucionario y combativo, nos solidarizamos con la lucha que estan llevando a cabo compañeras, la lucha es ardua pero es la lucha y hay que hacerla. Sigamos pues adelante, el futuro nos pertenece.
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