La Asamblea General del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, reunida en Cuenca el 30 de marzo de 2010, en sus atribuciones como máximo organismo Directivo del Frente, resuelve emitir el siguiente BOLETIN DE PRENSA para denunciar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. En Ecuador, las comunidades afectadas por megaproyectos de minería de corporaciones transnacionales se encuentran en total indefensión e inseguridad jurídica, ya que en nuestro país el gobierno y el Estado defienden los intereses de las transnacionales mineras, a las que se les da toda garantía, protección y seguridad.
2. Es en estas condiciones de grave riesgo para la Democracia y los Derechos Humanos en el país, que el gobierno de Rafael Correa Delgado pretende imponer la minería a gran escala.
3. Las autorizaciones para el reinicio de las actividades de las transnacionales mineras en Ecuador se están dando desacatando el Mandato Minero (No. 6) emitido en abril de 2008 por la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes; sin tomar en cuenta las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo de Ecuador en diciembre de 2009; y, con la vergonzante sentencia de la Corte Constitucional validando una ley de minería totalmente inconstitucional.
4. Hasta la fecha no se recibe contestación de parte de la Dirección de Minería del Austro, y de igual manera por más de un año el Ministerio de Minas y Petróleos jamás respondió ante la queja en la Defensoría del Pueblo, sobre las razones por las que no se ha aplicado el Mandato Minero a las empresas IMC, IAMGOLD, CORRIENTE RESOURCES y KINROSS, mismas que jamás hicieron consulta a las comunidades, y cuyas concesiones están dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, Bosque Protector Irquis-Yanuncay, y Bosque El Cóndor, respectivamente; manteniendo además más de 3 concesiones vigentes, con lo cual se ha desacatado varios artículos del mencionado Mandato.
5. La Defensoría del Pueblo de Ecuador en su resolución No.79-CNDHIG, recomienda “Al Ministerio de Minas y Petróleos a que ejecute lo dispuesto en el Mandato Constituyente No.6…”, reconociendo de esta forma que durante más de un año este Ministerio no presentó pruebas de descargo válidas frente a la denuncia de desacato al Mandato Minero presentada por la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS).
6. A esta flagrante desobediencia a un Mandato Constituyente, hay que añadir la aprobación y validación de una ley de minería inconstitucional, ya que la propia Corte Constitucional en su sentencia No. 001-10-SIN-CC, reconoce que dicha ley fue aprobada sin el requisito de la consulta pre-legislativa a los pueblos indígenas como lo establece la Constitución vigente, sin embargo de lo cual la declara constitucional, demostrando con ello que los grandes intereses económicos de las transnacionales mineras y del actual gobierno acólito de los invasores extranjeros, son el “argumento jurídico” de mayor peso, y que para defenderlos se utilizará cualquier tipo de argucia, pretextos y justificaciones “en aras de afirmar la seguridad jurídica y en especial la gobernabilidad de Estado…”, como se señala en la referida sentencia de la Corte Constitucional.
7. Otra arista del este nefasto entreguismo es la criminalización y la persecución a las y los Defensores de Derechos. El gobierno y el Estado de Ecuador continúan criminalizando nuestra justa lucha, y persiguiendo judicialmente a miembros de nuestra organización; tal es el caso del injusto proceso judicial de corte penal que lleva la fiscalía en Morona Santiago, contra la compañera Lina Solano Ortiz, en relación a supuestos incidentes en el campamento Rosa de Oro de la empresa minera canadiense Corriente Resources-EXSA-Ecuacorriente.
Por todo lo expuesto expresamos:
- Nuestro rechazo total a la sentencia de la Corte Constitucional, y su famosa “constitucionalidad condicionada”.
- Nuestra oposición frontal a la farsa de las consultas “no vinculantes” con las que se pretende legitimar a los invasores extranjeros.
- Nuestra demanda de que el gobierno y el Estado de Ecuador cumplan su papel de garantes de los derechos constitucionales y humanos, como manda nuestra Constitución.
- Nuestra exigencia de que las empresas mineras se retiren de nuestros territorios, y sean anuladas sus concesiones anticonstitucionales, inconsultas, ilegales e ilegítimas.
- Nuestra determinación indeclinable de luchar contra la imposición de la minería en nuestras comunidades y contra todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en pretexto del “desarrollo”, la “democracia”, la “seguridad jurídica” y la “gobernabilidad”.
- Nuestra solidaridad y apoyo irrestricto a la compañera Lina Solano Ortiz enjuiciada injustamente por el único delito de ser una Defensora de Derechos.
- Nuestra decisión de organizar junto con la Coordinadora Campesina Popular (CCP), y el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, el FORO POPULAR “CALENTAMIENTO GLOBAL Y DEFENSA DE LA PACHAMAMA” a realizarse en la ciudad de Cuenca el 21 de abril y el 22 en Gualaquiza, como parte de las JORNADAS DE DEFENSA POR EL DIA MUNDIAL DE LA TIERRA, convocadas por la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS).
¡POR UN ECUADOR LIBRE DE MINERÍA!
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