De izquierda a derecha: Elizabeth Cunya Novillo (Secretaria de ULAM), Michel Forst, Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre la situación de defensoras y defensores de Derechos Humanos, y,
Lina Solano Ortiz (Presidenta de ULAM)
28 de Enero 2015,
nuestras compañeras Lina Solano Ortiz y Elizabeth Cunya Novillo, Presidenta y
Secretaria de ULAM respectivamente, participaron en Guatemala, junto con otras
defensoras y defensores de Derechos Humanos de 17 países de Latinoamérica, en la
Consulta Regional para las Américas con Michel Forst Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la situación de defensoras y defensores de los Derechos
Humanos.
Todos los días mujeres de
comunidades rurales e indígenas en conflictos socio-ambientales por la minería
son blanco de criminalización, persecución, judicialización y violación de sus
derechos y libertades fundamentales. El conflicto que se genera por la
presencia de estas industrias extractivas coloca a las mujeres en altos niveles
de riesgo y vulnerabilidad, situación que muchas veces es invisibilizada o
desconocida.
La
Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM saluda este acercamiento del nuevo
Relator Especial a defensoras y defensores de la Región, en especial la
preocupación y apertura que ha mostrado a las mujeres defensoras de derechos, y
espera que se mantenga esa línea de diálogo directo, la misma que
adquiere más sentido si los gobiernos demuestran la voluntad de
examinar las observaciones e inquietudes que exprese el relator en
sus resultados y recomendaciones respecto a la situación de las y los
defensores de los derechos humanos.
Para ver la nota en la página web de ULAM haga click aquí
PRONUNCIAMIENTO DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS PARTICIPANTES EN LA CONSULTA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES
Guatemala, a 27 de enero de 2015
Nosotras, defensoras de derechos humanos participantes en la Consulta Regional para las Américas del Relator Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos, hemos denunciado agresiones y violaciones a nuestro derecho a defender derechos y planteado recomendaciones sobre la situación que enfrentamos las mujeres defensoras en 15 países del continente.
Reconocemos la apertura y sensibilidad que el Relator Michel Forst tuvo para abrir un espacio específico para que las defensoras de derechos humanos pudiéramos compartir los riesgos y necesidades particulares que las mujeres defensoras tenemos para ejercer en condiciones adecuadas nuestro trabajo en favor de los derechos humanos.
Algunas de las principales preocupaciones que hemos expresado al Relator durante estos días fueron:
-La discriminación de género que persiste en nuestras sociedades y gobiernos limita el trabajo de las defensoras de derechos humanos y genera riesgos específicos que muchas veces no son contemplados en los mecanismos de protección, tanto oficiales como de la sociedad civil.
El aumento de la violencia contra las mujeres en la mayoría de los países de la región ha generado un entorno de riesgo para las mujeres que defendemos los derechos humanos.
Las defensoras de derechos humanos muchas veces defendemos derechos poco o nada reconocidos social y jurídicamente o que ocupan una atención secundaria o limitada por parte de los Estados. Tal es el caso de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho al territorio y los bienes naturales o el derecho a una vida libre de violencia.
-Muchas mujeres que defienden derechos humanos no son reconocidas como defensoras ni por ellas mismas, ni por el Estado y, algunas veces, ni por el movimiento de derechos humanos. Tal es el caso de muchas defensoras comunitarias e indígenas, defensoras de migrantes, defensoras de víctimas de trata o defensoras familiares de víctimas de violencia o desaparición forzada, mujeres trans, entre otras. La falta de reconocimiento del carácter que tienen estas mujeres como defensoras las pone en situación de riesgo y limita su trabajo.
Las defensoras del territorio y los bienes naturales son de los grupos que más ataques y agresiones están recibiendo tanto por parte de los Estados como por parte de las empresas con la complicidad de las propias autoridades.
-Las defensoras de derechos humanos muchas veces no contamos con redes de apoyo para enfrentar ataques y agresiones cometidas como consecuencia del ejercicio de nuestra labor. Ello se debe a que no siempre es reconocido nuestro trabajo en nuestras familias, comunidades y organizaciones, y a que incluso en estos espacios también enfrentamos agresiones y discriminaciones.
-En contextos de conflicto, gobiernos autoritarios o en territorios controlados por grupos criminales con la complicidad de las autoridades o en donde se están imponiendo proyectos extractivistas, se incrementa la violencia contra las mujeres, se cierran espacios de interlocución y se limitan las garantías mínimas de participación política y social de las mujeres. Estos contextos no solo obstaculizan el trabajo de las defensoras, sino que inhiben la participación de todas las mujeres, las cuales dejan de participar en iniciativas de promoción de los derechos humanos.
-Las agresiones contra las defensoras de derechos humanos suelen tener componentes de género. Campañas de desprestigio centradas en poner en cuestión nuestra moral sexual, violencia o amenazas de violencia sexual, amenazas o ataques contra nuestros hijas e hijos son algunos ejemplos de ello.
-Muchas defensoras de derechos humanos realizamos nuestro trabajo en condiciones de precariedad y discriminación. Algunas no contamos con suficientes recursos económicos o asumimos solas el cuidado familiar y las labores domésticas. Esta situación no solo limita nuestro trabajo sino que nos genera un mayor desgaste y deterioro de nuestra salud física y mental.
-Frente a esta situación hemos propuesto al Relator Especial sobre la Situación de las y los Defensores que apele a los gobiernos de nuestros países para que:
-Fortalezcan el marco de protección de los derechos de las mujeres a nivel nacional, elevando a rango constitucional o asegurando el cumplimiento de los tratados, convenciones e instrumentos de derechos humanos que han sido firmados por los países. En particular que adopten, cuando no lo hayan hecho, el Protocolo Facultativo de la CEDAW y que respeten los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Reconozcan el papel de las defensoras de derechos humanos como una acción que genera un entorno social respetuoso de la labor de las defensoras e inhibe posibles agresiones. Algunas medidas específicas en las que se concreta este reconocimiento son:
>Que todo funcionario o funcionaria del Estado se abstenga de emitir cualquier declaración que cuestione o deslegitime la labor de las defensoras, así como cualquier declaración que promueva la estigmatización, difamación, discriminación y machismo en contra de una defensora.
>Reconozca públicamente las obligaciones que como Estado tiene con la protección de las defensoras de derechos humanos.
>Reconozca públicamente a las defensoras y las organizaciones de mujeres como interlocutoras válidas y necesarias para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como la legitimidad del trabajo que realizan, en particular cuando denuncian violaciones a derechos humanos.
-Asuman las implicaciones jurídicas de la adopción de la Resolución “Protección de las defensoras de los derechos humanos”, adoptada en noviembre de 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
-Elaboren, en los países donde no exista, y fortalezcan en los casos donde sí, mecanismos jurídicos e institucionales para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos que tengan una perspectiva transversal de género tanto en la formulación misma de la ley como en sus mecanismos de implementación. Para ello resulta fundamental que defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas participen de forma activa en la formulación, implementación y evaluación de estos marcos jurídicos/institucionales.
-En el marco de estos mecanismos institucionales de protección, asegurar el diseño de un protocolo de protección integral específico para defensoras de derechos humanos que contemple medidas de reparación integral que, entre otras cosas, combatan la estigmatización de las defensoras de derechos humanos.
-Se abstengan de criminalizar o amenazar con la criminalización a defensoras que trabajan derechos consagrados en instrumentos internacionales pero que no están reconocidos en el marco nacional como el aborto o la diversidad sexual.
-Se reconozca y aplique el marco internacional en materia de tortura sexual.
-Se reconozca el necesario aporte y rol de las redes de defensoras de derechos humanos para fortalecer, dar seguimiento, observar y generar recomendaciones tanto en la atención de casos particulares como en la implementación general de las políticas de protección.
La labor de las defensoras de derechos humanos fortalece la democracia y el estado de derechos y asegura la plena participación en condiciones de igualdad de todas las mujeres en la sociedad. Es obligación de los Estados y responsabilidad de toda la sociedad proteger y reconocer el trabajo y contribución de las defensoras de derechos humanos.
Atentamente:
Haydee Castillo, Instituto de Liderazgo de las Segovias (Nicaragua); Mayte Ochoa, IPAS Centroamérica; Azahalea Solis, Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicaragua); Natividad Obeso, Asociación Civil de Derechos Humanos: Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina; Marlin Sierra, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos; Regina Fonseca, Centro de Derechos de Mujeres (Honduras); Dalia Figueredo, Asociación Brasileña de Defensa de la Mujer de la Crianza y la Juventud; Beatriz Bataszew, Colectivo Mujeres Sobrevivientes de Chile; Tarcila Rivera, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas; Susana Chavez, PROMSEX Perú y Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI); Gabriela Redondo, Colectivo Unidad Color Rosa de Honduras; Emma Bolshia Bravo Cladera, Instituto de Terapia e Investigacion sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (Bolivia); Miriam Miranda, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH); Consuelo Castillo, Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA- Honduras) y Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; Maria Luisa Aguilar Rodriguez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Leyla Días, CLADEM Honduras; Elizabeth Cunya Novillo, Asociación de mujeres Protectoras de cuencas de agua, bosques, páramos y biodiversidad (Perú), miembra de la Unión Latinoamericana de mujeres (ULAM); Bettina Cruz Velázquez, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Ángela Fuentes, Red Nacional de Defensoras de Guatemala; Claudia Samayoa, UDEFEGUA (Guatemala) e IM-Defensoras; Marusia López, JASS e IM-Defensoras; Daniela Fonkatz AWID e IM-Defensoras; Yésica Sánchez, Consorcio Oaxaca, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México e IM-Defensoras; Alejandra Burgos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (El Salvador) e IM-Defensoras.
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