27 de mayo de 2013

Se publicó artículo sobre el Frente de Mujeres
Defensoras de la Pachamama en la Revista Coyuntura
de la Universidad de Cuenca


"Defensoras de la Pachamama. Cinco años luchando en defensa de nuestros Derechos", es el título del artículo publicado en la Revista Coyuntura No.14 (Marzo-Abril 2013), del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca.

Este número de la Revista Coyuntura consta de una sección en homenaje al mes de las mujeres denominada "MEMORIAS DE LA TERNURA. Huellas de las mujeres ecuatorianas", dispuesta "en la diversidad de temáticas y de autoras, cuyas vidas cotidianas se desarrollan en distintos campos, del arte, de la docencia, de las prácticas sociales, de las profesiones", como se señala en la presentación.

En esta sección se incluyó el artículo escrito por la Socióloga Lina Solano Ortiz, en el que hace una remembranza de los antecedentes y constitución del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama; la criminalización de su lucha y otras violaciones de derechos cometidas contra sus integrantes, resaltando la fortaleza con que continúan resistiendo.

Les invitamos a leer el artículo en el siguiente link:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZXh0b3NkZWZlbnNvcmFzcGFjaGFtYW1hfGd4OjhjYmRlZTI4MWM4OGJkYw

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COMISION DE COMUNICACIÓN DEL
FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA

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COMMISSION DES COMMUNICATIONS DU

FRONT DES FEMMES DÉFENSEURES DE LA PACHAMAMA

24 de mayo de 2013


Política preferencial
Ref: GUA001 UNION LATINOAMERICANA DE MUJERES
Arequipa, Perú

Presidente de la Repúbllica Otto Pérez Molina
Casa Presidencial
6a Avenida 4-41
Zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala

16 de Mayo 2013

Estimado Presidente Otto Peréz Molina

Represión y criminalización de defensores de derechos humanos

Nuestra organización de mujeres defensoras de derechos humanos, la tierra
y el ambiente (ULAM), conjuntamente con personas de varios países
comprometidos con la justicia global y el respeto de derechos humanos, le
hacemos llegar nuestras preocupaciones sinceras sobre la tendencia
dictatorial que su gobierno evidencia en su respuesta a conflictos socioambientales
en los distritos de Jalapa y Santa Rosa.

El pasado 2 de Mayo de 2013, cuatro municipalidades; San Rafael las Flores,
Mataquescuintla, Casillas y Santa María Xalapán de los distritos de Jalapa y
Santa Rosa, fueron declaradas en ‘Estado de Sitio’. Según la Ley de Orden
Publico de la Asamblea Constituyente, Decreto numero 7, las garantias que
la Constitución establece están en restricción durante los ‘Estado de Sitio’,
poniendo en vulnerabilidad el pleno respeto a derechos humanos de los
pobladores. Las restricciones permiten la disolución de cualquier
‘organización, asociación o agrupación’, la captura o confinamiento de
personas ‘sospechosas’ sin mandamiento judicial, y la represión por medios
‘ofensivos’ a cualquier acción individual o colectiva contraria a el
restablecimiento de la ‘normalidad’ (Capitulo V, Articulo 19. 1/2/3). Estos
permisos anulan el derecho de reunión y manifestación pacifica de
defensores de derechos humanos, la tierra y el ambiente.

Después de pasar ocho días bajo estas medidas, el 9 de Mayo de 2013 se
retiró el ‘Estado de sitio’, instalando un ‘Estado de Prevención’ en las cuatro
municipalidades. Aunque este nuevo estado restringe menos derechos
Constitucionales en comparacion con el ‘Estado de Sitio’, igualmente limita
derechos humanos fundamentales ya que las medidas dan al gobierno
control total de la expresión de los pobladores (Capitulo II, Articulo 8,
2/3/4/56/7). Estas medidas violan el derecho a la libre expresión y
movimiento, pero al facilitar la represión y aplicación de fuerza por parte del
ejercito lesiona no solo las obligaciones internacionales de Guatemala a
respetar los derechos humanos sino también la fe de los habitantes de
Guatemala en instituciones democráticas.

Es importante hacer hincapié que las raíces de los conflictos entre los
pobladores, Policías Nacionales Civil (PNC), y el ejercito surgen por el
proyecto minero ‘El Escobal’, de la subsidiara San Rafael propiedad de la
compañía minera Canadiense-Estadounidense Tahoe Resources. Los
pobladores han hecho claro su rotundo rechazo al proyecto minero no solo a
través de ocho consultas comunitarias sino también mediante un sin numero
de manifestaciones pacificas. Lamentablemente sus reclamos no han sido
escuchados ni respetados por autoridades Guatemaltecas.
Apenas habian pasado dos semanas del secuestro de cuatro lideres
indígenas Xinca (uno fue encontrado muerto el 18 de Abril de 2013) cuando
el Ministerio de Energía y Minas aprobó la licencia de explotación de Tahoe
Resources. Esta noticia intensificó la oposición al proyecto minero. El 27 de
Abril de 2013, durante una caminata pacifica, seguridad privada de la
compañía minera disparo en contra de comunitarios, hiriendo a seis
personas incluyendo a un joven en el rostro. A pesar de la gravedad de los
incidentes, el gobierno procedió con la aprobación del proyecto minero y el
29 de Abril de 2013 firmó el acuerdo oficial con la compañía minera .
El trato preferencial que ha mostrado el gobierno Guatemalteco a la
compañía minera queda demostrando en el informe preliminar publicado
por la delegación que visitó los municipios afectados los días 4 y 5 de Mayo
de 2013. En este informe quedo documentado el uso desmedido y
desproporcionado de fuerza, robos y destrucción por manos del ejercito y la
humillación, denigración e intimidación de mujeres. Todo ello pone en
manifiesto que las actuales restricciones a que están sometidas las cuatro
municipalidades solo sirven para criminalizar, reprimir, y aterrorizar a la
población que manifiesta su oposición al proyecto minero.

En vista de esta situación, a través de esta carta le instamos Presidente Otto
Pérez Molina a que considere las siguientes medidas:

1) Anular el Estado de Prevención en las cuatro municipales, y
reasuma con una mesa de dialogo entre el estado, la compañía
minera y las comunidades.

2) Garatizar la seguridad física de defensores de derechos
humanos que están en oposición al proyecto minero, respetando
sus derechos a justicia y tratamiento humano en detención

3) Investigar a fondo el asesinato y secuestro de lideres Xinca,
como también los hechos del 27 de Abril 2013, castigando a los
culpables y sancionado a Tahoe Resources por los actos de su
seguridad privada.

4) Cese la criminalización y persecución de defensores indígenas
e campesinos quienes se oponen al proyecto minero.

Atentamente
Unión Latinoamericana de Mujeres
“Por el derecho a defender nuestros derechos”

Organizaciones
Unión Latinoamericana de Mujeres Internacional
Frente de Mujeres defensoras de la Pachamama Ecuador
Asociación de Mujeres Unidas Para el Agua Perú
Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía Ecuador
Homo et Natura Venezuela
Centro de Mujeres Indígenas Aymaras Candelaria Bolivia
Fundación Mujeres Del Agua Venezuela
Comité de afectados por la minería en Mayoc Perú
Marcha Indígena, Campesina y Popular de Guatemala Guatemala
Red Mexicana de Afectados por la Minería México
Network in Solidarity with the People of Guatemala EE.UU.

4 de mayo de 2013

RECLAMO EN DEFENSORÍA DEL PUEBLO NACIONAL POR RESOLUCIÓN ANTE EL DESACATO AL MANDATO MINERO


En septiembre de 2011, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS), el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y la Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo, presentaron una queja en la Dirección Nacional de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Esta queja se refiere al desacato al Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente en el 2008 por el cual quedaron extinguidas las concesiones de las empresas mineras por varias causales sin que el Ministerio de Energía y Minas, actual de Recursos No Renovables, haya llevado a la práctica esta decisión de la Asamblea, por lo que se pidió a la Defensoría del Pueblo realizar una Acción por Incumplimiento ante la Corte Constitucional. 

En la mencionada queja se planteó el caso específico del proyecto Río Blanco en la parroquia Molleturo, iniciándose por parte de la Dirección de Protección una exhaustiva investigación por casi un año, durante la cual quedó demostrado que jamás hubo procesos de consulta previa en este proyecto, que las cuatro concesiones vigentes están dentro del bosque protector Molleturo-Mollepongo y del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, habiendo sido extinguidas por los Artículos 1, 3 y 4 del Mandato Minero, y al no haber hecho efectiva esta extinción como lo ordenó el Mandato, el Ministerio de Recursos No Renovables cometió un flagrante desacato favoreciendo a la International Mineral Corporation (IMC) anterior dueña del proyecto Río Blanco que hace pocas semanas pasó a manos del consorcio chino Junfield.

Siendo el conflicto en Molleturo uno de los más fuertes en el país por la oposición que desde hace años se mantiene al proyecto Río Blanco, y yendo ya para los dos años de haber iniciado el trámite  en la Defensoría del Pueblo, las organizaciones que presentaron la queja habían venido expresando su preocupación al conocer que desde hace varios meses la Dirección de Protección habría elaborado una resolución, a la que no se le daba trámite; más todavía cuando se solicitó por varias ocasiones una reunión con el Defensor del Pueblo sin tener una respuesta favorable.


Por todo esto una comisión del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y varias otras organizaciones fraternas de la CNDVS, se trasladaron a Quito el pasado 2 de mayo con el objetivo de conversar con la máxima autoridad de la Defensoría Nacional. Al llegar pidieron se le comunique al Defensor que habían venido a quedarse hasta conseguir dialogar con él. Tuvieron que esperar largo rato; varios funcionarios vinieron a atender a la comisión, pero la decisión era firme, permanecer en la Defensoría hasta hablar con el Dr. Ramiro Rivadeneira.


Así permaneció la comisión entonando consignas como “Juguemos en el bosque hasta que el Defensor esté, si el Defensor no aparece las mineras nos comerán”, en alusión al papel que debe cumplir la Defensoría establecido claramente en la Constitución vigente. Al fin el Defensor bajó dispuesto a dialogar con las/los campesinos que desde distintos lugares del país se movilizaron para que se les dé una explicación de la demora en hacer conocer la resolución en torno al desacato al Mandato Minero.


Lina Solano Ortiz fue la encargada de exponer al Defensor todas las preocupaciones de las organizaciones frente a la demora que se ha dado a un asunto tan emergente, y la decisión de exigir por el pronunciamiento inmediato de la Defensoría. “No es un asunto de un mes, ni dos, vamos para los dos años de haber presentado la queja y es inaudito que la Defensoría no se haya pronunciado, más cuando se tratan de derechos fundamentales que han sido violados”.

Varias representantes del Frente de Mujeres tomaron también la palabra y expresaron al Defensor que el conflicto que se vive en las comunidades es permanente y la Defensoría no puede permanecer al margen de un tema trascendental para el país.


Elsa Urgiles, Defensora de la Pachamama de Molleturo dijo al Defensor: “…los que llegan a un puesto ha de ser para hacer algo no sólo para ganar plata y vivir de ello, vivir del pueblo, El pueblo grita porque necesita… Nuestra descendencia un día van a nacer, crecer y vivir, ¿en qué? ¿en un desierto? Nuestra Madre Tierra, la sangre de ella es las minas, si la mina no hay ¿qué suda? ¿qué suda? ¿de dónde sale el agua?... ¿dónde estamos nosotros? Estamos sobre la tierra y necesitamos vida.”


Rosío Pérez Arévalo Coordinadora del Frente por su parte manifestó: “…Vengo de la parroquia Tarqui… allí estamos siendo afectados por esta transnacional minera IAMGOLD… El domingo pasado se fueron compañeros allá y ya están allí máquinas haciendo trabajos,  justo donde nace el Río Irquis, entonces de qué derechos habla la Constitución… en la quebrada Quinahuayco es donde nace el río Irquis, de donde tomamos 1400 personas el agua…” Más adelante en su intervención cuestionó: "¿de qué nos sirve un colegio del milenio que están ofreciendo en Victoria del Portete, si no vamos a tener agua? ¿de qué nos sirve una casa comunal, una cancha múltiple, si no vamos a tener agua, no vamos a tener cómo cultivar?... ¿por qué no defienden nuestras fuentes de agua en la Costa, Sierra y Oriente?...”  

El Defensor del Pueblo de Ecuador por su parte primero pidió disculpas por la demora en este trámite aduciendo que se están agotando todas las fuentes de información en un tema tan delicado. Informó que se han estado realizando unas últimas gestiones a fin de que el expediente quede completo y ofreció que en 15 días se entregaría la resolución correspondiente.


La comisión se retiró luego de reiterar la importancia de que la Defensoría actúe en cumplimiento de lo que le atribuye la Constitución y no deje en la indefensión a las comunidades afectadas por mega proyectos de minería en el país.

Luego las/los delegados acordaron esperar hasta mediados de mes para convocarse a una asamblea en la cual se puedan tomar nuevas resoluciones dependiendo de lo que ocurra.

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