Compartimos la ponencia "Derechos de la Naturaleza frente a la imposición de la minería a gran escala en Ecuador. Más allá de las ilusiones constitucionalistas", presentada por nuestra compañera Lina Solano Ortiz en el Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo SITAC, el 23 de enero de 2015 en México D.F.
SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE TEORÍA sobre ARTE CONTEMPORÁNEO SITAC XII
“ARTE
JUSTAMENTE”
23
de enero 2015: JUSTICIA ALIMENTARIA
De izquierda a derecha: Paulo Tavares, Lina Solano Ortiz, Federico Navarrete,
Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg
Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg
PANEL:
“¿Juicio frente a quién? En
el choque –o interdependencia- entre los derechos humanos y no-humanos / ¡A la
desaparición de diferencia!
Ponencia:
Derechos de la Naturaleza frente a la
imposición de la minería a gran escala en Ecuador. Más allá de las ilusiones
constitucionalistas
Lina
Solano Ortiz*
Por motivos de
tiempo mi presentación se limitará al caso de la resistencia a la mega minería
en Ecuador, primer país en introducir en su Constitución Derechos de la
Naturaleza, para evidenciar como la movilización social impulsó el
reconocimiento jurídico de dichos derechos, y como su aplicación se ve
restringida y limitada por contradicciones en el propio texto constitucional,
por la legislación posterior a su aprobación y por los intereses económicos de
las grandes corporaciones transnacionales, correspondiendo nuevamente al
movimiento popular luchar para que estos derechos se hagan efectivos.
Sectores organizados
y comunidades campesinas e indígenas en varias provincias de Ecuador han venido
resistiendo a la minería desde hace décadas, pero a partir del 2005 comienza un
proceso que llevará, a mediados del 2007, a las más grandes protestas contra la
imposición de la mega minería, y a generar un verdadero
movimiento de las comunidades en exigencia de la salida de las compañías y la
anulación de sus concesiones entregadas en forma inconsulta.
En 2006 Ecuador va a un proceso electoral luego
de un período de gran conflictividad social que llevó al derrocamiento sucesivo
de 3 gobiernos. El partido Alianza País, apoyado por el centro y la izquierda,
triunfa en las elecciones con la propuesta de instalar una Asamblea Constituyente
para “refundar la nación” reformando la Constitución. Rafael Correa es electo
Presidente con la promesa de que la “larga noche neoliberal” llegaba a su fin y
de recoger las demandas populares, entre ellas las del movimiento contra la
mega minería que había tomado dimensiones nacionales cuando varios campamentos
mineros fueron desalojados por las comunidades campesinas e indígenas a finales
de 2006, en especial en el sur de la Amazonia ecuatoriana.
En enero de 2007 surge la Coordinadora Nacional
por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS, coincidiendo con el inicio del gobierno
de Correa, cuyo primer ministro de Energía y Minas fue el Alberto Acosta, quien
conocía muy de cerca el conflicto entre las comunidades y las transnacionales
mineras, por lo que se esperaba que hiciera algo frente a la demanda de nulidad
de las concesiones, pero él más bien priorizó los intereses del gobierno.
En junio de 2007 se realiza un Levantamiento Nacional
contra la minería que fue brutalmente reprimido, iniciándose además decenas de
juicios penales contra los manifestantes, mostrando claramente cuál iba a ser
la línea a seguir por parte del gobierno de Rafael Correa.
Para finales del 2007 se instala la Asamblea Constituyente
presidida por Alberto Acosta y con una amplia mayoría gobiernista, mientras la
Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, y otros
sectores, continuaban movilizados. En el caso de la CNDVS a través de los
denominados Diálogos por la Vida, con lo que se logró colocar el tema minero como
uno de los centrales en la Asamblea Constituyente, a tal punto que entre los
Mandatos que emitió estuvo el No. 6 conocido como Mandato Minero, que fue
expedido en abril de 2008 frente a la presión de nuevas medidas de hecho que
las comunidades reunidas en CNDVS realizaron.
Este denominado Mandato Minero se constituye en
un importante antecedente del reconocimiento de los derechos de la Naturaleza,
no solo porque es un instrumento jurídico de una Asamblea instalada con plenos
poderes, sino porque jamás fue aplicado a los mega proyectos de minería como
era la aspiración de las comunidades.
El Mandato Minero establecía claramente que los
proyectos que no hubieran tenido proceso de Consulta Previa, que se encontraran
dentro de Áreas Protegidas, Bosques Protectores o sus zonas de amortiguamiento,
sitios de nacimiento de agua, entre otras causales, quedaban extinguidas “sin compensación
económica alguna”. En cumplimiento de este Mandato, el Ministerio de Energía y
Minas debió proceder contra todos los proyectos de mega minería, cosa que jamás
sucedió, al contrario el gobierno declara de interés nacional los proyectos:
Mirador, Pananza-San Carlos, Fruta del Norte, Quimsacocha y Río Blanco.
Posterior al desacatado Mandato Minero, se
aprueba la Constitución en la que se reconocen los Derechos de la Naturaleza y
otras importantes demandas como el derecho humano al Agua, que han quedado lamentablemente
como letra muerta, debido a que la propia Constitución limita y restringe los
derechos reconocidos al dar al Estado central competencias exclusivas sobre los
Recursos Naturales, en especial sobre aquellos determinados como “sectores
estratégicos”, entre los que están las minas. En la práctica esto ha
significado que las comunidades sean excluidas completamente de las decisiones
sobre sus territorios.
Si bien en el artículo 398 de la Constitución se
mantiene la obligación de consultar a las comunidades sobre todas decisión o
autorización estatal que afecte al ambiente -más todavía si se trata de
comunidades indígenas-, sin embargo, en este mismo artículo se añadió que “Si
del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la
comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada
por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior
correspondiente de acuerdo con la ley”, es decir, la decisión de las
comunidades no es vinculante.
Otro ejemplo de como en la misma Constitución
existen contradicciones que limitan y restringen los derechos reconocidos a la
Naturaleza es lo relacionado con las Áreas Protegidas. En el Art. 407 se
establece: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las
áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación
forestal" Pero: "Excepcionalmente
dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de
la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea
Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.” A
través de este subterfugio es que el gobierno aprobó el año pasado, con la
mayoría de asambleísta de su partido, la explotación de los campos petroleros
en el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del
planeta y territorio de pueblos indígenas amazónicos no contactados.
Estos son solo algunos ejemplos, de una Constitución
plagada de bonitas palabras como Pachamama (Madre Tierra) o Sumak Kawsay (Buen
Vivir), pero también de contradicciones destinadas a impedir la exigencia y
ejercicio de los derechos que dice reconocer.
Luego de que fue aprobada la Constitución a
finales del 2008, inmediatamente se aprobaron leyes declaradas como urgentes,
entre ellas la de Minería en enero de 2009 en medio de la protesta de las
comunidades y la represión y judicialización de los manifestantes como
respuesta del gobierno.
La ley de minería aprobada, entre otras cosas, la
declara de interés nacional, dando con ello todas las garantías a las empresas
mineras, las cuales pueden, por ejemplo, disponer del agua no solo que este
dentro de su área de concesión sino en sectores aledaños. Según esta ley
también se puede hacer actividades mineras en cuerpos de agua y en zonas
protegidas.
A la nefasta ley de minería se suman otros
instrumentos legales que hacen impracticables los derechos constitucionales
reconocidos a la Naturaleza, como son la ley de Aguas, que declara, entre otras
cosas, como autoridad única del agua a la instancia estatal denominada
Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, así una empresa minera puede solicitar
concesiones de agua directamente a este organismo y no se requieren consultar a
las comunidades. Y para evitar la reacción popular, se aprobó un nuevo Código Orgánico
Integral Penal que endurecen las sanciones contra la protesta social, a pesar
de que el artículo 98 de la Constitución reconoce el derecho a la resistencia.
Para completar este nefasto marco legal, en los
últimos días de diciembre de 2014 se aprobó la Ley Orgánica de Incentivo a la Producción,
mediante la cual, entre otros “estímulos” a la inversión minera, se congelarán
las tarifas tributarias a la fecha de firma de los contratos con el Estado, y, para
captar mayores inversión en el sector, se establece que las nuevas inversiones no
pagarán impuesto a la renta por 10 años.
De esta manera, a pesar del reconocimiento de
los Derechos de la Naturaleza en la Constitución, las corporaciones continúan
haciendo su voluntad. Ya han obtenido enormes ganancias sin haber siquiera
empezado la explotación de los minerales, gracias al negocio de la
especulación, compra y venta en las bolsas de valores en Canadá. Varios de los
proyectos declarados de interés nacional fueron vendidos por compañías
canadienses a otras empresas de ese país o a consorcios chinos, como el caso de
los proyectos de cobre Mirador y Pananza-San Carlos, ubicados en el sur de la
Amazonía. De todas estas millonarias transacciones en las bolsas de valores de Canadá,
Ecuador no ha recibido un solo dólar.
Otra muestra de cómo el reconocimiento de Derechos
de la Naturaleza no impide el saqueo minero son los procesos de aprobación de
los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y licenciamiento por parte el
Ministerio de Ambiente. En el caso del proyecto de oro Río Blanco de la empresa
china Junfield, ubicado en una zona de páramo, el año pasado fue aprobado su
EsIA y ni siquiera se cuenta con estudios serios, confiables y actualizados
sobre el agua superficial y subterránea del área que será impactada. La
preocupación aumenta más al conocerse que la empresa está pidiendo en concesión
a SENAGUA 3 veces más agua de la que consta en el EsIA aprobado. Y hay que
subrayar que en aplicación del Mandato Minero las concesiones de este proyecto
debieron ser revertidas al Estado en el 2008. Cabe entonces preguntar ¿dónde
quedan los principios como el de precaución, así como el “interés nacional” de
proteger el ambiente establecidos en la Constitución ecuatoriana?
Todo este panorama preocupa si se piensa que el
mayor porcentaje de inversión en minería actualmente es de corporaciones de
China, país con el que Ecuador se ha venido endeudando en forma vertiginosa en
los últimos años. Hace pocos días Rafael Correa regresó de una gira por ese
país con el ofrecimiento de nuevos préstamos por 7 mil millones de dólares para
inversión, esto en medio del desplome de los precios del petróleo, principal
producto de exportación de Ecuador, que además en gran parte está ya
comprometido a China a través del mecanismo de venta anticipada de crudo.
En conclusión, ha sido fundamentalmente con la
movilización social que se ha logrado hasta el momento detener el avance de los
mega proyectos mineros, ninguno de los cuales ha iniciado su fase de
explotación. Más allá del reconocimiento jurídico-formal de los derechos de la
Naturaleza en la Constitución, ha sido la acción legítima y directa de las comunidades
y organizaciones la que ha frenado el saqueo minero. Pero el costo ha sido
alto: heridos e incluso muertos durante las protestas o en las áreas de
conflicto; cientos de encarcelamientos, juicios por terrorismo organizado,
sabotaje y otros delitos contra la seguridad del Estado; múltiples violaciones
de derechos humanos que han quedado en la impunidad.
Luego de esta brevísima síntesis de un proceso
tan complejo quisiera, para finalizar, invitarles a que recordemos que “la
Pachamama existió y podría seguir existiendo sin los seres humanos, pero
nosotros jamás podríamos existir sin la Pachamama”. Gracias.
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* Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región.
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* Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región.
Desde hace más de una
década ha sido parte del movimiento de resistencia a los mega proyectos de
minería, en especial en el sur de Ecuador, siendo por ello blanco de
persecución, judicialización y criminalización por parte de las corporaciones
mineras, el Estado y gobierno de ese país Sudamericano.
Ha participado en foros y
eventos internacionales para denunciar la imposición de la mega minería en
Ecuador y la criminalización, en especial de las Mujeres Defensoras de Derechos
en conflictos socio-ambientales por la minería.
En mayo-junio de 2014 fue
invitada en calidad de experta para la audiencia del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP) sobre violaciones
de derechos y daños ambientales cometidos por compañías mineras canadienses en
América Latina, que se desarrolló en Montreal, donde hizo una
presentación sobre “Impactos de la industria minera en los derechos de las
Mujeres”.
Es Socióloga, Magíster en
Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de
Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. (SITAC XII)
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