Durante la entrevista con el compañero Manuel Pacheco
de la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS
Les invitamos a escuchar nuestro octavo programa de “WARMI
Voces y Acción, transmitido el 8 de abril de 2014.
Escúchenlo en el archivo de Punkuradio.com
También pueden encontrarlo en Radioteca.net
LA PIEDRA EN EL ZAPATO
EDITORIAL DE "WARMI Voces y Acción" 8
ECUADOR
ESTRATÉGICO:
COMPRANDO LA LICENCIA SOCIAL
Hace una década comenzó en distinta
comunidades del sur de Ecuador, la preocupación por la presencia de empresas
mineras en sus territorios, las cuales estaban avanzando en el exploración de
distintos minerales, en algunos casos incluso ya habían construido campamentos,
tenían personal trabajando en forma permanente y, habían establecido relaciones
con los gobiernos locales, en especial con Juntas Parroquiales.
A pesar de que la presencia de compañías
mineras es mucho más antigua, y de que comunidades ya habían realizado anteriormente
movilizaciones o acciones en rechazo a las empresas, hace una década esta movilización se hizo permanente y fue tomando
dimensiones más allá de las comunidades directamente afectadas hasta confluir
en un movimiento nacional al constituirse en enero de 2007 la Coordinadora por
la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS.
Con este movimiento se puso en
cuestionamiento la entrega de miles de hectáreas del territorio ecuatoriano en
manos de corporaciones transnacionales a espaldas de las comunidades, por
tanto, violando fundamentales derechos como la información y Consulta Previa.
Además se constató que estas concesiones fueron entregadas dentro de bosques
protectores, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, así como ecosistemas
en donde nacen fuentes de agua. Y para mayor indignación, fueron acaparadas por
pocas personas y compañías, que llegaron a adueñarse de extensos territorios,
como es el caso del denominado cinturón de cobre de la canadiense Corriente
Resources (hoy perteneciente al consorcio chino CCRC Tongguan Invesment).
Por todas esas razones, las comunidades
reclamaron la nulidad de las concesiones mineras y llevaron esta demanda a la
Asamblea Nacional Constituye, la cual emitió en el 2008 el Mandato Minero, que
fue desacatado por el Ministerio de Minas y Petróleos, dejando intocadas las
concesiones de las trasnacionales, y más bien cincos de los proyectos donde la
resistencia era más fuerte fueron declaradas de prioridad nacional.
Al mismo tiempo se inicia un proceso de
persecución y criminalización de la protesta. Los juicios se ponen a la orden
del día, y el gobierno emprende una campaña para desacreditar y deslegitimar la
resistencia anti-minera. A su vez se apresura en aprobar una nueva ley de
minería que le permita dar continuidad a la política de los anteriores gobiernos,
y en enero de 2009 se aprueba ese cuerpo legal en medio del rechazo y la
movilización de las comunidades.
A pesar de todos los esfuerzos por
llevar adelante los proyectos, la resistencia continuó, sobre todo para evitar
que estos se legalicen con la entrega de licencias ambientales. Por ejemplo, en
el 2011 en Molleturo se rechaza la socialización del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto Río Blanco, y se inicia un proceso de cuestionamiento
del mismo, sin que se haya aprobado hasta la fecha.
Todo lo anteriormente señalado evidencia
que los proyectos de minería no tienen legitimidad, y que no han logrado la
aceptación de las comunidades, en palabras de las empresas no tienen “licencia
social”.
Según algunos autores, la licencia
social se define como la “…aprobación continua o amplia aceptación, por parte
de una comunidad local y sus grupos de interés… de un proyecto de inversión…” La
licencia social implica legitimidad, credibilidad y confianza. (Thomson y
Joyce, 2000).
En busca de conseguir esa “licencia
social” para los proyectos de los sectores estratégicos, dentro de ellos los
mineros, se crea el 5 de septiembre de 2011Ecuador Estratégico mediante el
Decreto Ejecutivo 870. Este ente, responde a las necesidades del sector minero
para generar confianza con la construcción de obras de infraestructura en las
comunidades que están dentro del área de influencias de los proyectos, convirtiéndose
en un mecanismo a través del cual el Estado cumple su rol de facilitar el
ingreso, o, la permanencia de las corporaciones, y garantiza su inversión.
Es importante aquí subrayar que
actualmente 3 de los 5 proyectos mineros denominados “estrellas” por el régimen
de Correa están en manos de consorcios chinos, los cuales no van a actuar como
los canadienses, es decir, no entregarán dinero directamente en las comunidades,
sino exigen la intervención del Estado.
Es así que Ecuador Estratégico ha
comenzado a construir escuelas, hospitales, y las famosas “comunidades del
milenio”, obras con las que quieren convencer de las bondades de la “nueva
minería”, como dice la propaganda gubernamental.
El Estado nuevamente está actuando para
favorecer a las corporaciones mineras, igual que lo ha hecho desde el inicio al
entregar las concesiones sin información ni consulta; como lo ha hecho al
desacatar el Mandato Minero, y al criminalizar y judicializar la resistencia.
Está simplemente cumpliendo su papel al servicio del capital transnacional,
desbrozando el camino, comprando la “licencia social”.
Y eso es lógico pues vemos cómo el
gobierno actual está desesperado por captar inversión extranjera, sobre todo de
corporaciones chinas, ante las cuales fue inclinarse Jorge Glas en enero de
este año. En un video de su visita a China que cínicamente se difunde hasta en
el ingreso del mismo Ministerio de Ambiente, se dice:
“La transformación de Ecuador precisa de
importantes inversiones que sostengan las ambiciosas obras de infraestructura
planificadas por el gobierno. Con la intensión de captar inversionistas el
Vicepresidente Glas se presenta en el Foro Ecuador Crece, ante 100 de los más
influyentes empresarios chinos.”
China tiene según Glas lo que “Ecuador
necesita para sostener su modelo de desarrollo. Ecuador, por otro lado, tiene
los recursos naturales no renovables que necesita China”.
Es decir, puertas abiertas para el
saqueo.
Entonces, por un lado tenemos al
gobierno verdeagua desesperado por entregar al capital internacional
–especialmente Chino-, los recursos no renovables, y las corporaciones
presionando para que se les dé “mejores condiciones” para su inversión; por
otro lado, especialmente en el caso de la minería, comunidades resistiendo una
década a pesar de la criminalización y judicialización de la protesta social.
Ecuador Estratégico aparece en este escenario como el instrumento ideal para
doblegar la voluntad de las comunidades, creando un ambiente tranquilizador
para que las empresas inicien la explotación y ganando credibilidad para el
Estado y el gobierno.
En algunos casos lamentablemente las
comunidades están aceptando pasivamente la presencia de Ecuador Estratégico,
sin darse cuenta del costo político que implica, es decir, como afecta su
posibilidad de organización y movilización para continuar resistiendo.
Si Ecuador Estratégico da los resultados
esperados, las comunidades se encandilarán con las obras y permitirán el inicio
de la explotación minera, con lo que habrán cambiado su vida, sus ecosistemas,
su agua y su salud por un espejismo de desarrollo.
Sin embargo, una “licencia social” comprada
no legitima los proyectos, no garantiza una credibilidad y confianza
sostenible, ya que no puede evitar los impactos desastrosos de la minería, por
lo que los proyectos siempre estarán en terreno inestable sujetos a los sismos
del cambio de opinión de las poblaciones.
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