Soc.
Lina Solano Ortiz Mgtr[1]
*Este artículo es parte de la publicación especial de la revista digital LatiCe "¿Por qué nos oponemos a la mega minería?", de marzo de 2014.
INTRODUCCIÓN
El proyecto minero
denominado Río Blanco es uno de los cinco proyectos que el gobierno actual de
Ecuador ha determinado como de “interés nacional”, y pretende desarrollarlos a
corto plazo para dar inicio a la mega minera en el país.
Este proyecto se
encuentra en la parroquia de Molleturo, provincia del Azuay (sur de la región
Andina de Ecuador), y está siendo impulsado por el actual régimen a pesar de
los años de resistencia que las comunidades han levantado, y los probados
derechos que han sido violados desde la entrega misma de las concesiones sin
que hayan existido procesos de información ni Consulta Previa.
En este artículo
trataré sobre los impactos sociales que ha ocasionado este mega proyecto minero,
que al momento se encuentra en trámites para obtener la licencia para la fase
de explotación, centrándome en aquellos que tienen relación con las violaciones
a Derechos Humanos y constitucionales.
También me interesa
evidenciar la resistencia de las comunidades, dando énfasis, en el rol que han jugado
las mujeres en este proceso, en especial el Frente de Mujeres Defensoras de la
Pachamama, y la respuesta del gobierno y el Estado a las justas demandas de la
población.
1. DATOS DEL PROYECTO RIO BLANCO
El proyecto Río Blanco
está ubicado en la parroquia rural Molleturo, noroeste del cantón Cuenca,
provincia del Azuay, cerca de la comunidad de Río Blanco, pequeño asentamiento
de población campesina mestiza.
Las concesiones para
este proyecto están en el páramo andino entre los 3.500 y 4.000 m.s.n.m., dentro
del área del Macizo del Cajas, declarado en mayo de 2013 como Zona de Reserva
de la Biósfera por la UNESCO. Se encuentran además dentro del Bosque Protector
Molleturo-Mollepongo, del Parque Nacional Cajas y su área de amortiguamiento.
Este sector de páramo
andino tiene cuerpos lagunares que cubren una superficie de 68,21 has., siendo
los principales: Yantahuayco (de donde se tomaría parte del agua para la mina),
Sunincocha, Luspa, Patul, Larga, Playas Encantadas.
De igual manera de aquí
nacen importantes ríos que son parte de microcuencas, subcuencas y cuencas que
van hacia la Costa de Ecuador y desembocan en el Océano Pacífico. Muchos de
estos ríos serían potencialmente afectados por el proyecto Río Blanco, entre
ellos: río Blanco, en cuya cabecera se emplazaría el depósito de relaves,
exactamente sobre la quebrada del mismo nombre; río Migüir; río El Chorro,
donde habrá una disminución del flujo de sus tributarios por la captación de
agua para la construcción y operación de la mina; río Canoas, a donde llegarían
las descargas de agua de mina tratada que serán depositadas en la quebrada
Migsihuigsi.
Este proyecto minero
comprende 4 concesiones vigentes: Canoas (2.940 has.), Canoas 1 (459 has.), San
Luis A2 (270 has.), Migüir (2.130 has.). Las dos primeras fueron entregadas a
la corporación RTZ Mining and Exploration en los años 1995 y 1996, la cual
transfirió en 1998 los derechos a la empresa EMIDEL C.A, que a su vez vendió
las concesiones en el 2001 a San Luis Minerales S.A.(SLM), subsidiaria en
Ecuador de la compañía canadiense International Mineral Corporation (IMC).
Cabe subrayar aquí que
las comunidades de Molleturo jamás fueron informadas, mucho menos consultadas,
mientras el territorio concesionado pasaba de mano en mano.
Por su parte San Luis
Minerales consiguió la concesión San Luis A2 en 1999 y Migüir en el 2003, bajo
su primera denominación que fue Chorrera Corporation.
A partir de 1997, San
Luis Minerales inició la fase de exploración. En el 2004 y 2005 se hizo el
estudio de Factibilidad (EF). A partir del 2004 se dio inicio a los trámites
para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la fase de
explotación.
En el 2012 se concreta
la venta de este proyecto a la corporación china Junefield que es la actual propietaria.
En Río Blanco se prevé
la extracción de alrededor de 665.000 onzas de oro y más de 4 millones de onzas
de plata con una mina subterránea y el sistema de lixiviación con cianuro. Esta
mina dejará millonarias ganancias para la corporación china Junefield, mientras
a Ecuador le quedará un pequeño porcentaje por concepto de regalías de las
cuales los mayores beneficiarios serán los acreedores internacionales, siendo
actualmente el principal China; otra parte irá para el gobierno y el Estado, y
una miseria caerá para las comunidades, como ocurre con los ingresos por la explotación
petrolera.
Según el EIA de Río
Blanco, el requerimiento de agua fresca para la construcción y operación será
aproximadamente 6 litros por segundo, dato que ha sido cuestionado por expertos
por no corresponder a las necesidades que se desprenden de las actividades
expuestas en EIA, el cual además carece de información suficiente y confiable
sobre las aguas superficiales y subterráneas de la zona.
Por las características
del área en la que se pretende desarrollar este mega proyecto: frágiles
ecosistemas de páramo con una flora y fauna endémica que dependen del equilibrio
de su hábitat, donde además existen nacimientos y fuentes de agua que
abastecen importantes microcuencas, subcuencas y cuencas hídricas, es evidente
que el impacto ambiental, de darse este proyecto, tendría consecuencias irreversibles,
que además afectarían directamente la vida de las poblaciones locales.
2. ACERCA DE MOLLETURO
Molleturo es una de las
parroquias más grandes de Ecuador, tiene una superficie de 1.331 Km2. Está
ubicada a aproximadamente a 50 Km de la ciudad de Cuenca que es la cabecera
cantonal y capital de la provincia de Azuay.
Esta parroquia rural tiene
una población total de 7.166 habitantes según el censo de 2010, repartida en 71
comunidades que se encuentran entre los 20 y 4.560 m.s.n.m., es decir, que
están tanto en la zona de la cordillera andina como en la región costanera.
Por su ubicación
geográfica esta parroquia tiene diferentes pisos ecológicos con una gran
biodiversidad.
De igual manera, su
población dedicada principalmente a las actividades agropecuarias, tienen una
producción diversificada. En la parte andina se producen especies propias de la
zona como el maíz, frejol, mellocos, camote, hortalizas, sobre todo para
abastecer mercados internos de las ciudades como Naranjal o Cuenca; mientras
que las comunidades ubicadas en la parte costanera producen cacao, plátanos, frutas
de clima cálido, destinados en parte para la exportación. Tanto en la parte
alta como en la costa de Molleturo predominan las pequeñas y medianas unidades
agropecuarias, que mantienen la soberanía alimentaria abasteciendo mercados
locales de importantes sectores de las provincias de Azuay, Guayas y El Oro. Por
tanto, de desarrollarse el proyecto minero Río Blanco, una extensa zona de
producción agropecuaria sería impactada, con las consecuencias que ya son
conocidas en otras experiencias a nivel mundial.
A más del proyecto Río
Blanco, en Molleturo existen otras concesiones para mega minería entregadas a
la compañía Ecuador Gold, así como varios sitios concesionados para mediana y
pequeña minería, que igualmente están causando conflicto con la población.
3. IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO RÍO
BLANCO
3.1.
Violación de derechos humanos y constitucionales, su defensa y exigibilidad a
través de la movilización social
Como en todos los otros proyectos
mineros en Ecuador, en el caso de Río Blanco, nunca ha existido procesos de
información ni Consulta Previa a las comunidades que van a ser afectadas,
violándose así lo establecido en la Constitución de 1998 y la actual, reformada
en el 2008 por la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi.
Por esta razón desde hace más de una
década las comunidades por cuenta propia se han informado sobre los graves
impactos ambientales y sociales de la mega minería, y en base a ese conocimiento
se han movilizado para rechazar la imposición de esta industria extractiva en
sus territorios.
La resistencia en Molleturo ha sido
parte de un proceso general en los distintos puntos de conflicto minero en
Ecuador, que en enero de 2007 llevó a la conformación de la Coordinadora
Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS), la cual integró en
una plataforma común la exigencia de nulidad de las concesiones, por las que en
ese año se dieron grandes movilizaciones en los primeros meses de posesionado
el gobierno de Alianza País.
Posteriormente, en el 2008, la Asamblea
Nacional Constituyente, por la presión social de los afectados por la minería
que se encontraban movilizados y a días de un nuevo paro indefinido, emite en
Abril de ese año el Mandato Constituyente No. 6 o Mandato Minero[2],
el cual recogiendo la demanda por la falta de Consulta Previa, establece en su
artículo 1 la extinción sin compensación económica alguna de todas aquellas
concesiones “…que no hayan realizado los procesos de consulta previa…”.
Esto significó el reconocimiento de que
la demanda de las comunidades era justa, ya que las concesiones se entregaron
sin conocimiento de las poblaciones asentadas en esos territorios por parte de
distintos gobiernos desde la década de los 80 y 90 del siglo pasado, a un dólar
por hectárea.
Este Mandato constituyente además
extinguió las concesiones mineras “…otorgadas al interior de áreas naturales
protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la
autoridad competente y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua.”
(Art. 3)
Sin embargo el Ministerio de Energía y
Minas en aquel entonces, y de Recursos Naturales No Renovables posteriormente,
jamás aplicaron este Mandato, dejando en firme todas las concesiones de los
grandes proyectos que más bien fueron declarados de “interés nacional”.
La CNDVS entonces llevó adelante dos trámites en la
Defensoría del Pueblo de Ecuador por el incumplimiento del Mandato Minero, el primero presentado en noviembre de
2008 y el segundo en septiembre de 2011. A través de estos dos procesos
quedó demostrado que las concesiones de los mega proyectos de minería, y en
particular el de Río Blanco, son inconsultos, están dentro de áreas protegidas,
bosques protectores, zonas de amortiguamiento y afectarán nacimientos y fuentes
de agua, estando incursas además en otros puntos del Mandato Minero.
En
el caso del proyecto Río Blanco no ha existido proceso de Consulta Previa a las
comunidades (Art.1 del Mandato); estas concesiones inconsultas se encuentran en
el área del Macizo del Cajas, dentro del Bosque Protector Molleturo-Mollepongo,
del Parque Nacional Cajas y su área de amortiguamiento, y en fuentes de agua y nacimientos
de varios ríos que integran microcuencas, subcuencas y cuencas hídricas que van
hasta la Costa de Ecuador (Art. 3). Además se mantienen las 4 concesiones
vigentes, cuando según el Art. 4 del Mandato fueron extinguidas al haber sido
otorgadas en un número mayor de 3 a una sola persona jurídica.
“Para
las organizaciones comunitarias el proyecto Río Blanco pone de manifiesto que
el desacato fue un acto premeditado por parte del Ministerio de minas el cual
haciendo a un lado las graves consecuencias sociales y ambientales, muchas de
ellas irreversibles que el proyecto representa para la Parroquia Molleturo
simplemente decidió no aplicar el mandato minero a la empresa SLM/IMC.”[3]
Todo
este proceso por la exigencia de los derechos violados ha implicado la
movilización permanente de las comunidades y poblaciones afectadas, por lo que
en medio del mismo se han cometido graves violaciones a los derechos humanos de
quienes han participado en este movimiento social cometidas por el gobierno y
el Estado, cuya respuesta ha sido la represión, persecución y criminalización
de la protesta. Se han documentado casos de violaciones graves como:
privaciones arbitrarias de la libertad; agresión verbal, física y psicológica
de la parte de la fuerza pública, funcionarios gubernamentales, fuerzas de
seguridad de las mineras y pro-mineros; persecución judicial, intimidación,
amenazas, descalificación, discriminación, desprestigio, difamación, instigación
al ataque, entre otras.
3.2.
Criminalización de la resistencia
Concomitante con la violación de los
derechos y la legítima protesta de las comunidades para defenderlos, se da un
proceso de criminalización y judicialización de la protesta social. Desde que
se dieron las primeras acciones de hecho en contra la minería en junio de 2007,
a pocos meses de haber iniciado el gobierno de Correa y siendo el Ministro de
Minas y Petróleos el economista Alberto Acosta, se hizo un uso indiscriminado
de la fuerza para sofocar las revueltas populares y comenzó una verdadera
persecución judicial contra quienes eran identificados como dirigentes.
A pesar de que el 14 de marzo y 22 de
julio de 2008 la Asamblea Nacional Constituyente dio Amnistía para cientos de
procesos iniciados en contras de defensores de derechos humanos, la persecución
judicial continúo. La Resolución de la Amnistía la Asamblea Constituyente
reconocía que se trataban de casos de criminalización de la protesta social que
se daba en medio de las movilizaciones por los conflictos con empresas mineras,
petroleras y otras que afectan en especial a la Naturaleza.
En junio del 2007, en
que se dan las paralizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional por la
Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS, decenas de manifestantes son
detenidos en forma violenta y se les inicia juicios por “obstaculización de la
vía pública”. Pero será sobre todo en enero de 2009, cuando las comunidades vuelven
a movilizarse en contra del proyecto de Ley de Minería, que la represión se da
con más fuerza.
En el caso de Molleturo,
el 5 de enero de 2009, se producen hechos no esclarecidos hasta hoy como la
quema de una ambulancia de la policía, por lo que se inician varios juicios,
incluso por “terrorismo organizado”, en contra de varias mujeres y hombres. En
pretexto de lo sucedido hubo una verdadera cacería de brujas; la policía allanó
viviendas para apresar en forma ilegal y violenta a personas supuestamente
implicadas en los hechos. Posteriormente las personas son dejadas en libertad,
y, como las acusaciones no tenían ningún sustento, en agosto de 2009 quedó
sobreseído el juicio por “terrorismo organizado” en el cual fueron acusadas
varias socias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Cabe indicar aquí que
la Ley de Minería fue aprobada sin la consulta pre-legislativa a los pueblos
indígenas violándose con ello nuevamente la Constitución y demostrando la
decisión el gobierno de Rafael Correa de llevar adelante los mega proyectos
mineros a costa de los derechos de las/los ciudadanos ecuatorianos y la
Naturaleza reconocidos en la Carta Magna vigente.
La criminalización y judicialización de
la protesta social en el caso de los conflictos mineros se ha hecho con el
objetivo de desmovilizar y amedrentar, tanto a los acusados, procesados y
sentenciados, como a los miembros de sus comunidades u organizaciones, para
permitir que las corporaciones mineras puedan seguir adelante con sus
actividades. En el caso de Río Blanco, estos juicios ha cumplido su objetivo,
muchas personas han dejado la lucha por temor y otras han tenido que bajar su
perfil debido a los procesos judiciales. Para ilustrar mencionaremos el caso de
socias del Frente de Mujeres acusadas por “obstaculización de la vía pública”,
cuyo juicio fue prescrito recién en agosto de 2013, manteniéndolo como una
amenaza permanente sobre las mujeres por cinco años.
La criminalización de la protesta se implementa además a través de
la deslegitimación. El gobierno actual ha venido haciendo en ese sentido un
trabajo continuo sobre todo en el discurso que manejan los funcionarios
comenzando por el propio Presidente.
“Considerando lo
mencionado, la Defensoría del Pueblo ha podido constatar que el discurso
oficial es una herramienta de criminalización secundaria en cuanto ha permitido
que desde las autoridades gubernamentales se vayan construyendo en la sociedad
ecuatoriana percepciones estereotipadas en contra de quienes se movilizan en
defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y cuestionan la política
vigente.
…Así a través de
Enlaces Ciudadanos, cadenas nacionales, discursos pronunciados en eventos
públicos y notas de prensa en medios estatales y privados el gobierno ha
logrado posicionar el tema en la agenda pública y consolidar el apoyo social
para deslegitimar las acciones de protesta de quienes defienden los derechos
constitucionales.”[4]
4. Rol de las mujeres y la presencia del Frente de
Defensoras de la Pachamama en el conflicto por el proyecto Río Blanco
Es muy importante
comprender el proceso de cómo mujeres campesinas, muchas de ellas sin mayor
instrucción ni gran experiencia organizativa anterior al conflicto minero, se
convirtieron en Defensoras de Derechos y activistas en la resistencia contra
los megaproyectos.
Fue sobre todo la defensa
del agua vista por ellas como recursos fundamental para la vida, lo que las
llevó a dejar el espacio doméstico y participar en el proceso de resistencia.
“El impacto de
la minería en la calidad y cantidad de agua es una las motivaciones principales
por la participación de las mujeres en el activismo en contra la minería. Las
mujeres destacan el hecho de que las zonas propuestas para la minería coinciden
con los sitios donde nacen los arroyos y ríos que sostienen sus comunidades y
el país entero. Se utiliza evidencia de otros sitios sobre la contaminación del
agua por las actividades mineras, sobre todo la posibilidad de que cianuro,
mercurio y metales de base se contaminen el agua… responsables por las cosechas
y los animales, las mujeres sienten profundamente estas amenazas. Asimismo,
muchas mujeres explican su activismo en términos del impacto potencial de la
contaminación del agua en la salud de sus familias…”[5]
El tomar conciencia del riesgo que
corren sus espacios de vida, especialmente el agua, y de todas las
implicaciones que eso puede traer, es lo que las motivó a participar en forma
activa en la defensa de sus formas de sobrevivencia.
Posteriormente las mujeres van
reflexionando en forma colectiva y ampliando sus conocimientos y conceptos a
cerca de los ecosistemas, la relación seres humanos-naturaleza, los impactos ambientales
y sociales que provoca la minería, los Derechos Humanos, de Género y de la
Naturaleza, como lo señala Rosío Pérez, actual Coordinadora del Frente de
Mujeres Defensoras de la Pachamama:
“Antes cuando comenzamos en esta lucha era sólo por el agua,
el agua, el agua y nada más, entonces ahorita son nuestros derechos, el agua,
la vida, el ecosistema, o sea, esas palabras no hubiesen estado en nuestro
vocabulario si no es gracias a la organización…”[6]
Empezaron
a comprender más a fondo los impactos de la minería y ampliaron su visión hacia
los efectos sociales. Ahora cuando hablan de la problemática minera se refieren
a distintos aspectos, como se puede evidenciar en lo dicho por otra socia de
las Defensoras de la Pachamama, Marcia Ortiz:
“Otra cosas es la contaminación y las enfermedades de las
personas que están al lado, y no sólo la contaminación, la enfermedad, sino
también la pobreza que existe allí al lado de la minería, o sea la minería está
allí los pueblos del lado son tan pobres que no tienen inclusive ni luz, en
tantas partes que ya hemos visto esto de la minería, que realmente es una
destrucción de personas, de la tierra y de los pueblos que están al lado, es un
desastre de la pobre gente.”[7]
Desde el 2008 en que
fue creado el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama con mujeres de
distintas comunidades del Azuay afectadas por la minería, entre ella de la
parroquia Molleturo, esta organización pasó a ser un actor principal en la
resistencia contra los mega proyectos, especialmente Río Blanco y Quimsacocha.
Las Defensoras de la Pachamama comienzan
así a actuar en varios ámbitos para la defensa de los Derechos Humanos:
-
A
nivel internacional, especialmente como parte de la Unión Latinoamericana de
Mujeres ULAM, toman contacto con organismos y organizaciones de derechos
humanos donde presentan denuncias sobre los casos de violaciones, especialmente
a miembros del Frente. Asisten a diferentes foros internacionales donde hacen
escuchar su voz y acceden medios de comunicación en diferentes países.
-
En
lo nacional, igualmente, llegan a distintas instituciones, como la Defensoría
del Pueblo, y asisten a diversas actividades en distintas provincias, así
denuncian y hacen conocer su experiencia.
-
A
nivel local, sobre todo en la ciudad de Cuenca, donde el Frente tiene su sede,
ha realizado actividades de protesta, gestiones, así como eventos de difusión,
educación, motivación sobre la defensa de los derechos.
-
En
las comunidades de las que son parte. Este ámbito de su actividad cotidiana
donde enfrentan directamente toda la problemática por la presencia de las
empresas mineras.
A través de sus actividades las
Defensoras de la Pachamama tratan de sensibilizar, educar, informar, crear
conciencia, abrir espacios para promover la reflexión, en especial sobre los
derechos humanos relacionados con el ambiente y los de la Pachamama. Un ejemplo
de ello son los Concursos Estudiantiles “S.O.S Pachamama” que los han realizado
por 4 años consecutivos en el mes de abril con motivo del Día Mundial de la
Tierra, logrando en el 2013 convocar a 25 colegios de la ciudad de Cuenca y sus
alrededores con el tema: “Juventud por el derecho a vivir en un ambiente sano”.
En el caso específico
de Río Blanco, el Frente de Mujeres ha organizado, conjuntamente con otras
organizaciones como la Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo, la Comuna
San Felipe de Molleturo, Juntas de Agua y de Regantes de la parroquia,
Asociación de Afiliados al Seguro Social, entre otras, actividades como Diálogos
por la Vida, Asambleas Populares Ambientales, en las cuales con una participación
masiva de la población se ha rechazado rotundamente la minería.
También ha realizado
acciones para impulsar los trámites en la Defensoría del Pueblo como parte de
la CNDVS. Una de las más importantes ha sido la recolección de firmas[8] de
moradores de distintas comunidades que están siendo afectadas por el proyecto
Río Blanco, corroborando que jamás ha existido información ni Consulta Previa.
Incluso se llegaron a realizar acciones de presión directamente en la
Defensoría del Pueblo en Quito para exigir el pronunciamiento sobre las
peticiones realizadas.
El Frente lideró en el
2011el rechazo a la socialización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto Río Blanco, por tratarse de un mero trámite que el Ministerio de
Ambiente exige dentro del proceso de aprobación de la licencia para la
explotación. Además porque se pretendía hacer apresuradamente con el fin de
firmar el contrato de explotación entre el gobierno y la IMC, en medio de la
coyuntura favorable que representaba que el ex gerente de dicha empresa,
Federico Auquilla, estuviera en ese momento como Viceministro de Minas.
Junto con el rechazo a
la socialización, el Frente consiguió que una experta en estudios de impacto
ambiental de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental ELAW por sus siglas en
inglés, revise y haga observaciones al EIA de Río Blanco. La Asesora Técnica de ELAW, Mercedes Lu, presentó un informe[9] en
el 2012 con 28 observaciones que dan cuenta de las graves falencias este EIA.
El Frente de Mujeres entregó estas observaciones a varias autoridades entre
ellas a la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación del Ministerio
de Ambiente en Quito donde se tramita la
aprobación de dicho EIA. Posteriormente el propio ministerio emitirá 121
observaciones al EIA de la fase de explotación y otros 80 y tantos al EIA de la
fase de beneficio, donde se confirma que la información que contienen dichos
documentos es incompleta, desactualizada, errónea, carente de referencias. En
el caso del IEA de la fase de explotación por ejemplo, no contiene una línea
base en cuanto a la flora y la fauna siendo este un sitio de conservación de la
biósfera; tampoco hay una definición adecuada del área social de influencia
directa e indirecta del proyecto.
Todas estas
preocupaciones se han ahondado con la presentación en agosto de 2013 del
Informe del Instituto Francés de Investigación Geológica y Minera BRGM de Francia,
contratado por la Municipalidad de Cuenca para hacer un análisis de los
proyectos mineros en el cantón. En el informe presentado por BRGM se pone una
alerta, entre otras cosas, porque ese EIA de Río Blanco carece de información
sobre las aguas subterráneas, e incluso las superficiales del área a ser
afectada.
Todas las observaciones
realizadas, tanto por Mercedes Lu como por el BRGM e incluso por el propio
Ministerio de Ambiente, demuestran el gravísimo riesgo en el que se encuentran
los ecosistemas y las comunidades que serían afectados de desarrollarse el
proyecto Río Blanco, razones más que suficientes para no expedir la licencia
para la explotación aplicando el principio de PRECAUCIÓN. Sin embargo, como en
el negocio minero no es la razón a la prima sino los intereses del capital, se
mantiene latente la amenaza de la aprobación de la licencia para la explotación
de este mega proyecto.
Con toda la información
generada a través de las fuentes mencionadas, el Frente de Mujeres Defensoras
de la Pachamama ha realizado varios pronunciamientos públicos a través de los
medios de comunicación para expresar su desacuerdo con que el Ministerio de
Ambiente esté tramitando este EIA totalmente carente de valor
científico-técnico, y pretenda dar la licencia para la explotación a un
proyecto cuyas concesiones en principio son inconsultas y quedaron extintas por
el Mandato Minero. El Frente de Mujeres además ha desarrollado eventos de
difusión de esta información en las comunidades de Molleturo.
5. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONFLICTO
Por el momento la
empresa Junefiel, actual propietaria del proyecto, continúa los trámites para
la aprobación del EIA para la fase de explotación en el Ministerio de Ambiente
en Quito.
El gobierno por su
parte, continúa empeñado en llevar adelante este proyecto dejando en pie las
violaciones constitucionales cometidas en nombre del “interés nacional”. Es
pertinente dejar mencionado que, a la par de su política de criminalización de
la resistencia, está implementando una nueva estrategia que es la construcción
de obras directamente en las comunidades donde la resistencia ha sido más
fuerte, a través de un ente creado para canalizar el presupuesto requerido como
es ECUADOR ESTRATÉGICO, el cual realiza todo una campaña de convencimiento de
las “bondades de la minería” y un despliegue publicitario dirigido a mostrar la
supuesta “nueva minería”, por lo que dicha estrategia es motivo de un análisis
particular que no se incluye en el presente artículo.
Por su parte, las
comunidades se mantienen en alerta de lo que ocurra en el trámite de aprobación
del EIA y de la nueva coyuntura que representa el cambio de autoridades
parroquiales, cantonales y provinciales por los resultados de las últimas
elecciones del 23 de febrero. Aunque no se puede dejar de reconocer que las
estrategias implementadas por el gobierno han provocado la disminución de la
movilización, a lo que ha coadyuvado también otros factores como la utilización
de esta justa lucha para fines electorales, entre otros.
Como sector organizado
de la resistencia, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama continúa su
labor permanente de denuncia, información, concientización y sensibilización, con
nuevos proyectos como el de la incursión en la radio a través del programa
“WARMI Voces y Acción”, y otros que se preparan para los próximos meses.
CONCLUSIÓN
1.
El conflicto por el proyecto minero Río
Blanco enfrenta los derechos humanos y de la Naturaleza contra el interés particular
de una corporación que quiere obtener ganancias con la extracción de oro y
plata, y de un gobierno y un Estado que protege esos intereses privados para
obtener parte del lucro.
Esto
lo demuestra el hecho de que a pesar de que se han reconocido las violaciones
de derechos constitucionales que se cometieron con la entrega de las
concesiones mineras sin información ni Consulta Previa, y de un Mandato
Constituyente que las extinguió por varias causales, la corporación china
Junefield mantiene vigentes las 4 concesiones de Río Blanco, y se encuentra en
trámite para la obtención de la licencia ambiental para iniciar la explotación.
El
gobierno por su parte se obstina en que se desarrolle este proyecto a pesar de
las alertas que han puestos varios informes científico-técnicos sobre el
eminente riesgo en que se encuentran los ecosistemas que serían afectados con
las operaciones mineras de Río Blanco.
2.
En este conflicto hay un desbalance de
poder que permite al gobierno y Estado arremeter en contra de las comunidades
cuya vía más efectiva para hacer prevalecer sus derechos es la movilización. La
criminalización y judicialización de la protesta, así como las violaciones de
derechos humanos ha sido la única respuesta que han encontrado las comunidades
de Molleturo a sus justas demandas.
3. En
ese escenario, un grupo de mujeres afectadas por el mega proyecto minero Río
Blanco han tendido que salir del ámbito doméstico y convertirse en activistas,
siendo por ello blanco de violación de sus derechos, de la criminalización y persecución
judicial. A pesar de las adversas circunstancias, las mujeres han podido
organizarse uniéndose a otras compañeras de distintas comunidades de Azuay,
llegando a ser uno de los actores principales dentro de este conflicto
socio-ambiental, por su labor diaria y consecuente para que los derechos
humanos y de la Pachamama primen sobre las ambiciones corporativas.
BIBLIOGRAFÍA
Mandato
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“Una mirada regional al derecho a la Consulta
Previa e informada en el contexto de las industrias extractivas”, Latin
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- Dirección Nacional de Promoción de los
Derechos Humanos y de la Naturaleza. Los escenarios de la criminalización a
defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: Desafíos para un
estado constitucional de derechos”. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Diciembre
de 2011.
Jenkins Katy. Descubriendo el activismo de
las mujeres en contra de la minería en los Andes. Universidad de Northumbria.
Julio 2012. http://www.northumbria.ac.uk/static/5007/sasspdf/LAMMPSpanish.pdf.
- Solano Ortiz Lina. “Impactos Sociales de
la minería a gran escala en la fase de exploración y el rol de las Defensoras
de la Pachamama en la resistencia a los proyectos Río Blanco y Quimsacocha”.
2013. http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4701/1/TESIS.pdf.
“Frente
presenta firmas contra proyecto minero”, diario El Mercurio. http://www.elmercurio.com.ec/317912-frente-presenta-firmas-contra-proyecto-minero/#.UxO5_eN5NvI
Oficio
al Ministerio de Ambiente sobre Observaciones al EIA de Río Blanco.
http://defensoraspachamama.blogspot.com/2012_09_01_archive.html
[1] Socióloga Lina
Solano Ortiz, Magíster en Sociología y Desarrollo; egresada de la Maestría en Salud
con Enfoque de Ecosistemas en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Socia
fundadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y de la Coordinadora
Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS. Actualmente Presidenta
de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM.
[2] Mandato Minero.
http://www.recursosnaturales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/MANDATO-MINERO-6-CONCESIONES-MINERAS.pdf.
[3] “Una mirada
regional al derecho a la Consulta Previa e informada en el contexto de las
industrias extractivas”, Latin American Mining Monitoring. 2014.
[4] Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Humanos y
de la Naturaleza. “Los escenarios de la criminalización a defensores de
derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: Desafíos para un estado
constitucional de derechos”. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Diciembre de
2011.
[5]
Jenkins Katy. Descubriendo el activismo de las mujeres en
contra de la minería en los Andes. Universidad de Northumbria. Julio 2012.
http://www.northumbria.ac.uk/static/5007/sasspdf/LAMMPSpanish.pdf.
[6] Entrevista a
Rosío Pérez, Coordinadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, en
“Impactos Sociales de la minería a gran escala en la fase de exploración y el
rol de las Defensoras de la Pachamama en la resistencia a los proyectos Río
Blanco y Quimsacocha”, Solano Ortiz, Lina. 2013, Pág. 122. http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4701/1/TESIS.pdf.
[7] Entrevista a
Marcia Ortiz, miembro del Directorio de las Defensoras de la Pachamama, en
Ibíd., Pág. 122.
[8] “Frente presenta
firmas contra proyecto minero”, diario El Mercurio. http://www.elmercurio.com.ec/317912-frente-presenta-firmas-contra-proyecto-minero/#.UxO5_eN5NvI
[9] Oficio al
Ministerio de Ambiente sobre Observaciones al EIA de Río Blanco. http://defensoraspachamama.blogspot.com/2012_09_01_archive.html
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