Cuenca,
11 de junio de 2012
COM
367-FMDP-A
AL COMITÉ DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER-CLADEM
El Frente de
Mujeres Defensoras de
la Pachamama, es una Organización jurídicamente constituida, que vela
por los
Derechos Humanos, Ambientales, de Género, y de la Pachamama, para que se
garantice la vigencia plena de los derechos de las personas en especial
de las
mujeres, la equidad y justicia en todos los órdenes de la sociedad, para
ello
el Frente propicia acuerdos con otras organizaciones a nivel local,
nacional e
internacional, para impulsar acciones conjuntas en beneficio de las
mujeres.
Nuestra organización también trabaja por la eliminación de toda forma de
discriminación contra las mujeres y organizaciones de defensoras/es de
Derechos
Humanos, y denuncia en todos los ámbitos la vulneración a las libertades
y
garantías ya sea por los particulares o por el Estado.
En tal
sentido, como organización
defensora de derechos, manifestamos nuestra preocupación total, porque
en un
“Estado Constitucional de Derechos y Justicia” se estén dando casos como
los de
atentar contra el honor y buen nombre de personas y organizaciones que
velan
por los derechos reconocidos y consagrados en la Constitución vigente y
por el
hecho de que su voz se levante a denunciar violaciones cometidas en
Ecuador,
como es el caso, del informe sobre Derechos Humanos 2011, realizado por
el
Programa Andino de Derechos Humanos (PADH), de la Universidad Andina
Simón
Bolívar.
De igual
manera expresamos nuestra
solidaridad y total apoyo a la Coordinadora del PADH Magíster Gina
Benavides,
quien públicamente ha sido atacada en varias cadenas sabatinas por el
presidente Rafael Correa por haber hecho público dicho informe. Para
nosotras
no es raro ver este tipo de actuaciones del régimen, lamentablemente,
socias de
nuestra organización han tenido que enfrentar actos similares, así como
una
permanente campaña de desprestigio tratando de desacreditar e inclusive
criminalizar nuestra labor como defensoras de derechos.
Subrayamos
que este tipo de actos
son contrarios a lo que establece la Constitución vigente, de la que
tanto hace
alarde el gobierno: Art. 66, “Se
reconoce y garantizará a las personas…” Nº 3 “el derecho a la
integridad
personal, que incluye” literal b) “El
Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y
sancionar toda forma de violencia en especial
ejercida contra las mujeres”; Nº 18 “El
derecho al honor y al buen nombre”. Además, el Art. 393, “El
Estado garantizará la seguridad
humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la
convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir
las formas de violencia y
discriminación...”.
Como mujeres y
como defensoras de
derechos, nos es imposible aceptar este tipo de violencia verbal y
cualquier
otra forma de discriminación contra las mujeres y contra defensoras/res
de
derechos, y es nuestro anhelo que no quedan en la impunidad, de ser así,
dónde
quedaría todo lo referente a los Derechos Humanos plasmados en la
Constitución
ecuatoriana, en los tratados e instrumentos internacionales, que además,
el
Ecuador los ha ratificado.
Por todo lo
mencionado, nos sumamos
a la carta dirigida por su COMITÉ DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER -
CLADEM en respaldo a la Magíster Gina
Benavides y demás miembros del PADH. Nuestro total respaldo a las
medidas
pacíficas que se emprendan en aras de la defensa de los derechos y
nuestra
exigencia de que de forma inmediata, se ponga fin a todo tipo de
acciones de
descalificación y desprestigio contra defensoras/es de Derechos Humanos
en
Ecuador.
Atentamente,
Francisca
Zhagüi
Chuchuca,
PRESIDENTA
CLADEM DENUNCIA
Exigimos al Estado del
Ecuador que garantice el que hacer
de las y los defensores de derechos humanos
¡Exigimos el cese
inmediato de ataques a las
defensoras de los derechos humanos que presentaron el Informe de
Derechos
Humanos Ecuador 2011!
El Comité de
América Latina y El Caribe por la Defensa de los Derechos de las
Mujeres,
CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena
vigencia de
los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, utilizando el
derecho
como una herramienta de cambio. Cuenta con estatus consultivo en la
Categoría
II ante las Naciones Unidas desde 1995 y ante la UNESCO desde 2010,
además goza
de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde el
2002.
Está presente en catorce países de América Latina y el Caribe.
Como
organización de defensa y promoción de los derechos humanos de las
mujeres
manifestamos nuestra preocupación por las expresiones del Estado
ecuatoriano
que descalifican el Informe sobre Derechos Humanos 2011, compilado por
el
Programa Andino de Derechos Humanos, de la Universidad Andina Simón
Bolívar,
sede Ecuador. Y en particular, por los ataques dirigidos a la Magíster
Gina
Benavides, como coordinadora de dicho programa, y a la Maestra Gabriela
Bernal,
por un artículo elaborado para este informe, en el que realiza un
balance sobre
los derechos de la mujer en el año, asimismo, Gabriela Bernal Carrera
viene desempeñándose como Responsable del Programa de Formación de
nuestra
organización desde abril de 2011.
Se intenta
desacreditar no sólo el informe presentado sino a también a las mujeres
investigadoras quienes han intervenido en él. Durante la declaración
presidencial se les ha desconocido su grado académico y la rigurosidad
con que
han sustentado sus informes. Se ha pretendido desvalorizarlas, anular su
reconocimiento y capacidades, utilizando estereotipos de género
que las discriminan perpetuando y legitimando la subordinación
social y legal de las mujeres. Se continúa de esta manera con el recurso
coercitivo
estructural de pacto político patriarcal que siguen manejando nuestros
Estados. Asimismo, se pretende desvirtuar el testimonio de una
mujer campesina y pobre, siendo indiferente con el drama sufrido
producto
de la agresión policial. Esto forma parte una sistematizada violación y
tendencia por negar los derechos de una mujer indígena y rural e impedir
su
acceso a la justicia.
La
defensa y
promoción de los derechos humanos desde su origen tiene como herramienta
el
registro de situaciones violatorias de derechos humanos a partir de los
testimonios y denuncias de las personas que estén implicadas en ellas.
Por ello
querer desacreditar la labor de denuncia realizadas por las compañeras
mencionadas demerita al Estado ecuatoriano: un Estado Democrático de
Derecho
que se precie de serlo tiene la obligación irrestricta de respetar los
derechos
humanos de todas las personas, como libertad de expresión y ser garante
de los
derechos de las personas defensoras de derechos humanos.
En fecha
20 de
octubre de 2011 hemos denunciado a través de una acción urgente[1]
el desalojo forzoso, el uso de la fuerza excesiva y
la violencia ejercida por parte de la Policía Nacional contra
integrantes de la
comunidad de El Jobo de Río Grande, cantón Chone, provincia de Manabí
con la
finalidad de realizar el Proyecto Multipropósito Chone, impulsado por la
SENAGUA y el Ministerio de Ambiente, la acción urgente fue puesta en
conocimiento del Presidente de la República y otros Ministros de Estado,
además
estuvo en su momento ampliamente difundida por medios alternativos de
comunicación por lo que los hechos fueron de conocimiento público.[2]
Tal como hemos
denunciado en su momento, las personas integrantes de esta comunidad
rural han
sido víctimas de violaciones a sus derechos en contextos autoritarios y
de
represión estatal, difícilmente cuentan con los medios de comunicación
expeditos y a nivel nacional que les permitan denunciar los hechos
ampliamente. Debido a esto la labor de denuncia y difusión que puedan
realizar medios de comunicación alternativos y defensoras de derechos
humanos
es fundamental para la protección de los derechos y la construcción de
Estados
democráticos. Es obligación del Estado del Ecuador investigar las
presuntas
violaciones que se pudieron haber derivado de esta situación y dar
garantías de
no repetición, así como escuchar a su ciudadanía y respetar su derecho a
su
tierra y que no se reitere ningún hecho de desalojo forzoso.
Reiteramos la
urgente solicitud de que se investigue los hechos, de brutalidad
policial de la
que fue víctima la Sra. Mirella Cecibel Manzaba Moreira con cédula de
identidad
número 1311357154, mujer de 26 años, que al momento del desalojo se
encontraba
embarazada. Solicitamos que se investigue,
juzgue y sancione de manera inmediata, independiente,
imparcial, eficaz y efectiva a las autoridades y funcionarios que
ejecutaron este desalojo haciendo uso excesivo de la fuerza, en especial
la
violencia ejercida en este caso y que se cumpla con la obligación
estatal
de reparar de manera integral la vulneración de derechos en favor de
las
víctimas, y que se adopten las medidas adecuadas de no repetición de
estas
violaciones. Responsabilizamos
al Estado ecuatoriano de la protección e integridad, de la Sra. Mireya
Cecibel
Manzaba Moreira quien con fecha 22 de mayo, mediante una comunicación
escrita
de aclaración dirigida al Presidente de la República.[3],
ha reiterado su denuncia antes formulada, y de manera
expresa ha señalado que como consecuencia del maltrato perdió su
embarazo.
Desde
CLADEM
expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador por el significativo trabajo que vienen realizando en derechos
humanos,
así como distintas organizaciones
ecuatorianas que desarrollan acciones de monitoreo, defensa y promoción
de los
derechos en ese mismo país. En ningún momento se puede poner en duda el
interés
y compromiso que estas instituciones tienen para con los derechos
humanos.
El
Estado
ecuatoriano tiene la obligación de reconocer y respetar los derechos que
se
articulan en la función y prácticas de las personas defensoras de los
derechos
humanos, consagrados en los instrumentos internacionales[4]
de los cuales es parte y que consisten en:
· Procurar la
protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e
internacional;
· Realizar
una labor en favor de los derechos humanos
individualmente o en asociación con otros;
· Formar asociaciones y ONG;
· Reunirse o manifestarse
pacíficamente;
· Recabar, obtener, recibir y
poseer información sobre
los derechos humanos;
· Desarrollar y
debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y
a
preconizar su aceptación;
· Presentar a los
órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de
los
asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a
llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir
la
realización de los derechos humanos;
· Denunciar las
políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a
que se
examinen esas denuncias;
· Ofrecer y
prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia
pertinentes para defender los derechos humanos;
· Asistir a las audiencias, los
procedimientos y los
juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las
normas
nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos;
· Dirigirse
sin trabas a las organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales y a comunicarse sin trabas con
ellas;
· Disponer
de recursos eficaces;
· Ejercer legítimamente la
ocupación o profesión de
defensor de los derechos humanos;
· Obtener protección eficaz de
las leyes nacionales al
reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con
inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen
violaciones de
los derechos humanos;
· Solicitar, recibir y utilizar
recursos con el objeto
de proteger los derechos humanos (incluida la recepción de fondos del
extranjero).
El Relator
Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
de
Naciones Unidas, Philip Alston en la Misión realizada a Ecuador en el
2011, resaltó en su informe un gran número de amenazas
realizadas contra las personas que desempeñan la labor de defensores y
defensoras de derechos humanos, así como contra agentes humanitarios,
activistas sindicales, movimientos sociales, líderes indígenas,
defensoras de derechos de la mujer.
Recordamos
al Estado Ecuatoriano,
que el derecho a la honra y la dignidad de las defensoras y defensores
se
encuentran protegidos por los artículos V de la Declaración Americana[5]
y 11 de la Convención
Americana[6].
En ese marco los
gobiernos no deben tolerar ningún intento que provenga de agentes del
Estado ni
de particulares que pretendan poner en duda la legitimidad del trabajo
de
las defensoras, defensores y sus organizaciones, dado que estas
acciones
estigmatizan y pueden producir incluso cargas psicológicas que
lesionan el derecho a la integridad psíquica y moral de la defensora
involucrada; a la vez, puede generar un clima de hostilidad que
dificulte el
ejercicio legítimo de la libertad de asociación de demás defensoras; así
lo ha
señalado en su segundo informe sobre la situación de Defensores y
Defensoras de
Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¡Exigimos el
cese inmediato de los ataques y descalificaciones de las que son objeto
el
equipo del Programa Andino de Derechos Humanos, y en general pedimos que
se
respete la labor de personas, organizaciones e instituciones defensoras
de
derechos humanos en Ecuador. Responsabilizamos al
Estado ecuatoriano por cualquier vulneración a la
honra e integridad de la que pudieran ser objeto, así como de cualquier
represalia
o coerción hacia el Programa Andino de
Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina
Simón Bolívar, así como
también hacia la autonomía de dicha Universidad.
Finalmente, CLADEM hace
un llamado a las
organizaciones sociales y civiles, nacionales e internacionales, a
sumarse a la
denuncia frente a estas descalificaciones, en particular a aquellas
defensoras
de los derechos comunitarios, del medio ambiente, vivienda, infancia y
mujeres.
¡Por un Estado que
garantice los derechos humanos de las
mujeres!
www.cladem.org
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