"La Unión Latinaomericana de Mujeres ULAM-Red Internacional, ha firmado este pronunciamiento conjunto con más de 200 organizaciones locales, nacionales, regionales, e internacionales, demandando un alto inmediato a la criminalización de las defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y movimientos en NIcaragua.
Compartimos el texto el pronunciamiento:
"PRONUNCIAMIENTO
DEMANDAMOS UN ALTO INMEDIATO A LA CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS,SUS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS EN
NICARAGUA
Agosto, 2018
Las 276 organizaciones de ámbito internacional, regional, nacional y local firmantes expresamos
nuestra preocupación ante la sistemática campaña de represión, hostigamiento, amenazas, ataques
y criminalización por parte del Estado, actores parapoliciales y otros vinculados al gobierno, que
están enfrentando en Nicaragua las mujeres defensoras y sus organizaciones en el marco de la crisis
política y de derechos humanos desencadenada en el país desde el pasado 19 de abril.
nuestra preocupación ante la sistemática campaña de represión, hostigamiento, amenazas, ataques
y criminalización por parte del Estado, actores parapoliciales y otros vinculados al gobierno, que
están enfrentando en Nicaragua las mujeres defensoras y sus organizaciones en el marco de la crisis
política y de derechos humanos desencadenada en el país desde el pasado 19 de abril.
Desde el inicio de la crisis, las mujeres defensoras y sus organizaciones han desarrollado un papel
fundamental en los movimientos de resistencia pacífica en todo el país, jugando roles importantes de
liderazgo en distintos niveles, contribuyendo también al monitoreo, verificación, denuncia y
acompañamiento de las numerosas violaciones a derechos humanos en todo el país. Por este motivo
se han convertido en blanco sistemático y reiterado de ataques de toda índole y gravedad, tal y como
reflejan las más de veinte #AlertaDefensoras, individuales y colectivas, emitidas en los últimos cuatro
meses y que afectan a más de cien defensoras.
Pese a la presión internacional, las recomendaciones y auditoría de instancias oficiales de Derechos
Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lejos de detenerse, estos ataques se intensifican y se
complejizan a través de iniciativas gubernamentales como las recientemente aprobadas “Ley de la
Unidad de Análisis Financiero (UAF)” y “Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo
y a la proliferación de armas de destrucción masiva”, claramente orientadas a fiscalizar y criminalizar la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la protesta social.
Evidencia de ello es el reciente señalamiento vertido en redes sociales contra el Grupo Venancia, el
Colectivo de Mujeres de Matagalpa y La Finca - Campamento de Vida Joven, organizaciones de
Matagalpa de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, donde se
las acusa de apoyar a “terroristas” y se pide que “les hagan auditorías y las cierren por ser parte de
los vándalos y los delincuentes”.
Este tipo de señalamientos en redes sociales no son inocuos ya que muchas veces son el preámbulo
de agresiones más graves, como por ejemplo, el levantamiento de cargos por terrorismo en contra de
defensoras, sus organizaciones y/o movimientos, como lo hemos visto ya en otros casos. En relación
a esto, en comunicado emitido el pasado 9 de agosto un grupo de expertos de la ONU expresa su
preocupación ante el hecho que “estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones
estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas".
Ante ello, las organizaciones firmantes señalamos al Estado nicaragüense como responsable de
cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos en el país, y le exigimos:
● En sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, el cese
inmediato de la “caza de brujas” contra las organizaciones y personas que defienden y
ejercen los derechos humanos en Nicaragua, poniendo un alto a distintas formas de violencia
y represión contra actores de movimientos autoconvocados.
● La derogación de las anticonstitucionales “Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)” y
“Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de
destrucción masiva”.
● El cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CIDH el 21 de mayo tras su visita al
país.
● Proporcionar todo el apoyo a la Misión en Nicaragua del Alto Comisionado de Derechos
Humanos de la ONU y a la Misión de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH (MESENI),
para que puedan tener acceso a información relevante y diferentes instancias (como centros
de detención), trasladarse en condiciones de seguridad, para que puedan cumplir a
cabalidad con su papel crucial ante esta crisis.
● Apoyar el retorno a una mesa de diálogo verdadero, que contribuya a asegurar una salida
pacífica y democrática a la crisis actual, en el que las voces de los diversos movimientos
autoconvocados, incluyendo las mujeres, tengan una participación fundamental."
fundamental en los movimientos de resistencia pacífica en todo el país, jugando roles importantes de
liderazgo en distintos niveles, contribuyendo también al monitoreo, verificación, denuncia y
acompañamiento de las numerosas violaciones a derechos humanos en todo el país. Por este motivo
se han convertido en blanco sistemático y reiterado de ataques de toda índole y gravedad, tal y como
reflejan las más de veinte #AlertaDefensoras, individuales y colectivas, emitidas en los últimos cuatro
meses y que afectan a más de cien defensoras.
Pese a la presión internacional, las recomendaciones y auditoría de instancias oficiales de Derechos
Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lejos de detenerse, estos ataques se intensifican y se
complejizan a través de iniciativas gubernamentales como las recientemente aprobadas “Ley de la
Unidad de Análisis Financiero (UAF)” y “Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo
y a la proliferación de armas de destrucción masiva”, claramente orientadas a fiscalizar y criminalizar la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la protesta social.
Evidencia de ello es el reciente señalamiento vertido en redes sociales contra el Grupo Venancia, el
Colectivo de Mujeres de Matagalpa y La Finca - Campamento de Vida Joven, organizaciones de
Matagalpa de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, donde se
las acusa de apoyar a “terroristas” y se pide que “les hagan auditorías y las cierren por ser parte de
los vándalos y los delincuentes”.
Este tipo de señalamientos en redes sociales no son inocuos ya que muchas veces son el preámbulo
de agresiones más graves, como por ejemplo, el levantamiento de cargos por terrorismo en contra de
defensoras, sus organizaciones y/o movimientos, como lo hemos visto ya en otros casos. En relación
a esto, en comunicado emitido el pasado 9 de agosto un grupo de expertos de la ONU expresa su
preocupación ante el hecho que “estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones
estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas".
Ante ello, las organizaciones firmantes señalamos al Estado nicaragüense como responsable de
cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos en el país, y le exigimos:
● En sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, el cese
inmediato de la “caza de brujas” contra las organizaciones y personas que defienden y
ejercen los derechos humanos en Nicaragua, poniendo un alto a distintas formas de violencia
y represión contra actores de movimientos autoconvocados.
● La derogación de las anticonstitucionales “Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)” y
“Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de
destrucción masiva”.
● El cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CIDH el 21 de mayo tras su visita al
país.
● Proporcionar todo el apoyo a la Misión en Nicaragua del Alto Comisionado de Derechos
Humanos de la ONU y a la Misión de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH (MESENI),
para que puedan tener acceso a información relevante y diferentes instancias (como centros
de detención), trasladarse en condiciones de seguridad, para que puedan cumplir a
cabalidad con su papel crucial ante esta crisis.
● Apoyar el retorno a una mesa de diálogo verdadero, que contribuya a asegurar una salida
pacífica y democrática a la crisis actual, en el que las voces de los diversos movimientos
autoconvocados, incluyendo las mujeres, tengan una participación fundamental."
Para leer el pronunciamiento en línea:
¡POR EL
DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS
Y A LA
MADRE TIERRA!
COMISION DE COMUNICACIÓN DEL
FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA
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GROUP OF COMMUNICATION OF THE
WOMEN DEFENDERS OF THE PACHAMAMA FRONT
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FRONT DES FEMMES DÉFENSEURES DE LA PACHAMAMA
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