EL FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA ANTE LA
ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL AL MEGAPROYECTO DE ORO RÍO BLANCO
Una vez que mediante Resolución No. 986, el
Ministerio de Ambiente de Ecuador procedió a otorgar la Licencia Ambiental al
megaproyecto minero Río Blanco de la transnacional china Junefield para la
explotación de oro y otros minerales, el Frente de Mujeres Defensoras de la
Pachamama manifiesta:
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Su
rechazo e indignación por la falta de transparencia con que se llevan todos
estos procesos de licenciamiento a los proyectos mineros, ya que nuestra
organización ha venido solicitando reiteradamente copia de la licencia
ambiental de este proyecto, y la única respuesta que nos ha dado el Ministerio
de Ambiente son evasivas y pretextos, como el pedirnos que indiquemos el lugar
en dónde se encontraba esta información (Oficio No. MAE-CGJ-2015-0530). Incluso
dicha información ha sido recientemente proporcionada a la Dirección de
Derechos Colectivos, Naturaleza y Ambiente de la Defensoría del Pueblo de
Ecuador, luego de ser requerida así mismo por largo tiempo. De esta forma se
nos ha negado información pública, a la que sólo hemos podido acceder por
terceros, lo que ha entorpecido el seguimiento que realizamos de estos
trámites, aparentemente con el fin de evitar reclamos y denuncias, violando en
definitiva el Art. 18 literal 2 de la Constitución.
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El
proyecto minero de oro Río Blanco es inviable por encontrarse en una zona
ecológica extremadamente frágil de páramo donde están ubicadas fuentes de agua
que dan origen a importantes cuencas hídricas que abastecen a poblaciones de la
región andina y costanera de Azuay, así como de Guayas y El Oro. Además este
megaproyecto está dentro del Bosque Protector Molleturo-Mollepongo, del área de
amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y de la Reserva de la Biósfera del
Macizo del Cajas.
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El
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente, no
garantiza los derechos de la Naturaleza, ni los derechos de las poblaciones
actuales y futuras al Agua, a un Ambiente Sano, a la Salud, entre otros reconocidos
en la Constitución.
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No
existen estudios independientes que den cuenta de la situación actual del agua
superficial y subterránea en la zona y los graves impactos que provocará la
minería en esta área de páramo vital para el abastecimiento de agua para
poblaciones de la provincia de Azuay, Guayas y El Oro.
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Todo
del proceso de licenciamiento y la Resolución Nro. 986 carecen de eficacia
jurídica según lo anotado en los artículos 424 y 398 de la Constitución vigente
porque no ha existido CONSULTA PREVIA a las comunidades, tanto de la parroquia
Molleturo, como de las demás afectadas por este proyecto minero, de acuerdo a
lo que establece la Constitución Ecuatoriana y la legislación internacional.
Hacemos énfasis además que las concesiones de este proyecto fueron extinguidas
por el Mandato Minero en el 2008.
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El
gobierno sabe bien que está cometiendo actos reñidos con la Constitución y las
leyes para cumplir con las exigencias de los prestamistas chinos, a los que ha
endeudado al país hasta el cuello, entregándoles a cambio nuestros recursos
naturales.
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Lo
que están tratando de hacer es dejar toda la parte administrativa lista del megaproyecto
minero Río Blanco para tener ese pretexto frente a futuros reclamos de los
azuayos y cuencanos para que no se lleve adelante la explotación de oro en este
sector de páramo del Cajas, ni se responda por las violaciones de derechos que
se han cometido en este proceso desde la entrega misma de las concesiones.
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Esto sucede ante la
pasividad, o silencio cómplice de las autoridades provinciales, cantonales y
parroquiales, quienes no se han preocupado del tema, más aún luego de que en
septiembre del año pasado nuestra organización denunció el avance apresurado de
los procesos administrativos en el Ministerio de Ambiente y SENAGUA para la
explotación en Río Blanco, y en forma pública, y mediante oficios entregados el
30 de septiembre al Alcalde Marcelo Cabrera y a varios Concejales, hicimos la
petición formal para que exijan la suspensión de todos estos procesos
administrativos, frente a lo que las autoridades no han hecho absolutamente nada,
y más bien se ha adelantado la entrega de la licencia ambiental.
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Todo lo que se han venido
planteando respecto a una moratoria minera o a realizar comisiones con las
universidades para hacer estudios, carece de sentido si los trámites de
licenciamiento y entrega de concesiones de agua siguen adelante. Hasta que se
haga algo efectivo para avanzar en estas propuestas los trámites ya habrán
concluido e iniciará la explotación minera, justificándose luego en los “hechos
consumados”.
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El
Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama reitera su exigencia a las
autoridades cantonales y a las demás del Azuay, para que se actúen en forma
eficiente y efectiva para detener los procesos administrativos de los proyectos
mineros en la provincia, en especial del proyecto Río Blanco, y realicen una
auditoria exhaustiva de los mismos que incluya la revisión de los Estudios de Impacto
Ambiental que han sido aprobados por el Ministerio de Ambiente para que se
constate todas las falencias y deficiencias que tiene dicho estudio.
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El Frente de Mujeres Defensoras de la
Pachamama insiste en alertar a la ciudadanía cuenca y azuaya del peligro en que
se encuentran los páramos del Cajas, y con ello el agua y los demás elementos
vitales que nos proporcionan estos ecosistemas, ya que de iniciarse la
explotación en Río Blanco se estaría abriendo la puerta a la mega minería en
una zona ecológica extremadamente frágil, lo que traerá nefastas consecuencias.
¡POR EL DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS
Y LOS DE LA MADRE TIERRA!
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