24 de mayo de 2013


Política preferencial
Ref: GUA001 UNION LATINOAMERICANA DE MUJERES
Arequipa, Perú

Presidente de la Repúbllica Otto Pérez Molina
Casa Presidencial
6a Avenida 4-41
Zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala

16 de Mayo 2013

Estimado Presidente Otto Peréz Molina

Represión y criminalización de defensores de derechos humanos

Nuestra organización de mujeres defensoras de derechos humanos, la tierra
y el ambiente (ULAM), conjuntamente con personas de varios países
comprometidos con la justicia global y el respeto de derechos humanos, le
hacemos llegar nuestras preocupaciones sinceras sobre la tendencia
dictatorial que su gobierno evidencia en su respuesta a conflictos socioambientales
en los distritos de Jalapa y Santa Rosa.

El pasado 2 de Mayo de 2013, cuatro municipalidades; San Rafael las Flores,
Mataquescuintla, Casillas y Santa María Xalapán de los distritos de Jalapa y
Santa Rosa, fueron declaradas en ‘Estado de Sitio’. Según la Ley de Orden
Publico de la Asamblea Constituyente, Decreto numero 7, las garantias que
la Constitución establece están en restricción durante los ‘Estado de Sitio’,
poniendo en vulnerabilidad el pleno respeto a derechos humanos de los
pobladores. Las restricciones permiten la disolución de cualquier
‘organización, asociación o agrupación’, la captura o confinamiento de
personas ‘sospechosas’ sin mandamiento judicial, y la represión por medios
‘ofensivos’ a cualquier acción individual o colectiva contraria a el
restablecimiento de la ‘normalidad’ (Capitulo V, Articulo 19. 1/2/3). Estos
permisos anulan el derecho de reunión y manifestación pacifica de
defensores de derechos humanos, la tierra y el ambiente.

Después de pasar ocho días bajo estas medidas, el 9 de Mayo de 2013 se
retiró el ‘Estado de sitio’, instalando un ‘Estado de Prevención’ en las cuatro
municipalidades. Aunque este nuevo estado restringe menos derechos
Constitucionales en comparacion con el ‘Estado de Sitio’, igualmente limita
derechos humanos fundamentales ya que las medidas dan al gobierno
control total de la expresión de los pobladores (Capitulo II, Articulo 8,
2/3/4/56/7). Estas medidas violan el derecho a la libre expresión y
movimiento, pero al facilitar la represión y aplicación de fuerza por parte del
ejercito lesiona no solo las obligaciones internacionales de Guatemala a
respetar los derechos humanos sino también la fe de los habitantes de
Guatemala en instituciones democráticas.

Es importante hacer hincapié que las raíces de los conflictos entre los
pobladores, Policías Nacionales Civil (PNC), y el ejercito surgen por el
proyecto minero ‘El Escobal’, de la subsidiara San Rafael propiedad de la
compañía minera Canadiense-Estadounidense Tahoe Resources. Los
pobladores han hecho claro su rotundo rechazo al proyecto minero no solo a
través de ocho consultas comunitarias sino también mediante un sin numero
de manifestaciones pacificas. Lamentablemente sus reclamos no han sido
escuchados ni respetados por autoridades Guatemaltecas.
Apenas habian pasado dos semanas del secuestro de cuatro lideres
indígenas Xinca (uno fue encontrado muerto el 18 de Abril de 2013) cuando
el Ministerio de Energía y Minas aprobó la licencia de explotación de Tahoe
Resources. Esta noticia intensificó la oposición al proyecto minero. El 27 de
Abril de 2013, durante una caminata pacifica, seguridad privada de la
compañía minera disparo en contra de comunitarios, hiriendo a seis
personas incluyendo a un joven en el rostro. A pesar de la gravedad de los
incidentes, el gobierno procedió con la aprobación del proyecto minero y el
29 de Abril de 2013 firmó el acuerdo oficial con la compañía minera .
El trato preferencial que ha mostrado el gobierno Guatemalteco a la
compañía minera queda demostrando en el informe preliminar publicado
por la delegación que visitó los municipios afectados los días 4 y 5 de Mayo
de 2013. En este informe quedo documentado el uso desmedido y
desproporcionado de fuerza, robos y destrucción por manos del ejercito y la
humillación, denigración e intimidación de mujeres. Todo ello pone en
manifiesto que las actuales restricciones a que están sometidas las cuatro
municipalidades solo sirven para criminalizar, reprimir, y aterrorizar a la
población que manifiesta su oposición al proyecto minero.

En vista de esta situación, a través de esta carta le instamos Presidente Otto
Pérez Molina a que considere las siguientes medidas:

1) Anular el Estado de Prevención en las cuatro municipales, y
reasuma con una mesa de dialogo entre el estado, la compañía
minera y las comunidades.

2) Garatizar la seguridad física de defensores de derechos
humanos que están en oposición al proyecto minero, respetando
sus derechos a justicia y tratamiento humano en detención

3) Investigar a fondo el asesinato y secuestro de lideres Xinca,
como también los hechos del 27 de Abril 2013, castigando a los
culpables y sancionado a Tahoe Resources por los actos de su
seguridad privada.

4) Cese la criminalización y persecución de defensores indígenas
e campesinos quienes se oponen al proyecto minero.

Atentamente
Unión Latinoamericana de Mujeres
“Por el derecho a defender nuestros derechos”

Organizaciones
Unión Latinoamericana de Mujeres Internacional
Frente de Mujeres defensoras de la Pachamama Ecuador
Asociación de Mujeres Unidas Para el Agua Perú
Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía Ecuador
Homo et Natura Venezuela
Centro de Mujeres Indígenas Aymaras Candelaria Bolivia
Fundación Mujeres Del Agua Venezuela
Comité de afectados por la minería en Mayoc Perú
Marcha Indígena, Campesina y Popular de Guatemala Guatemala
Red Mexicana de Afectados por la Minería México
Network in Solidarity with the People of Guatemala EE.UU.

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