MUJER, VIOLENCIA E INDUSTRIA MINERA[1]
Por Lina Solano Ortiz[2]
En el sistema
capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su
imposición y desarrollo. Múltiples
son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las
mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y
luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden
un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el
control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades
y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego
generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de
sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los
espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia
intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres
defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando
las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud
de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.
Violencia contra las mujeres antes, durante y
después de la explotación minera
En del sistema capitalista-imperialista y patriarcal las mujeres son explotadas,
oprimidas y excluidas. Son la población con mayor índice de pobreza, desempleo,
analfabetismo y están sometidas a distintos tipos y niveles de violencia y
discriminación en el ámbito público y privado. En las comunidades rurales sus
espacios de participación son limitados, no tienen el mismo peso en la toma de
decisiones que los hombres, quienes acaparan la representación comunitaria
muchas veces utilizando figuras femeninas dóciles a su manipulación, por ello
las necesidades de las mujeres son las menos tenidas en cuenta. En esas
condiciones cuando una empresa minera se adueña de territorios vía concesiones
por parte de los Estados, y violando derechos como el de la Autodeterminación,
las opiniones, aspiraciones, posiciones y exigencias de las mujeres campesinas
e indígenas de las comunidades despojadas simplemente no cuentan. Las corporaciones,
gobiernos, estados, y en algunos casos los propios miembros de las comunidades,
buscan pretextos para excluirlas, por ejemplo con el discurso de que la minería
es un tema estrictamente “técnico” y que ellas no están en capacidad de
discutir estos temas.
En el caso de Ecuador, cuando los gobiernos y el Estado entregaron los
territorios a las grandes corporaciones para la prospección y posterior
exploración de los minerales, las comunidades no fueron informadas ni consultadas,
a pesar de que estos derechos ya estaban reconocido en la Constitución. Miles
de mujeres de los territorios concesionados se enteraron luego de muchos años
de que sus propiedades estaban dentro de las áreas acaparadas por las
transnacionales, y comenzaron a reclamar, en especial al conocer sobre los
graves impactos sociales y ambientales que genera la minería.
Cuando ellas decidieron levantar su voz recibieron como respuesta
violencia por parte de las empresas, del gobierno, del Estado, de quienes
estaban a favor de las mineras dentro de sus propias comunidades e incluso
dentro de sus familias. Un ejemplo de ello es el caso de las socias del Frente
de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quienes han vivido los impactos
negativos de la minería a través de la persecución, judicialización, criminalización
y otras violaciones de sus derechos, llegando incluso a ser privadas
injustamente de su libertad, enjuiciadas penalmente con falsas acusaciones
hasta de “terrorismo organizado”; siendo además insultadas y discriminadas por
las autoridades del actual gobierno, comenzando por el propio Rafael Correa. Y
cuando no han sido ellas el blanco directo de los ataques, han tenido que
afrontar la persecución y criminalización de sus hijas/os, madres, padres,
esposos, hermanas/os, otros familiares, y/o miembros de sus comunidades o de
sus organizaciones. Comenzaron también a vivir los efectos del rompimiento del
tejido social, llegando a ser agredidas físicamente por hombres pro-mineros a
favor de las empresas Iamgold e International Mineral Corporation (IMC), con
sus proyectos Quimsacocha (hoy Loma Larga) y Río Blanco, ubicados en las
parroquias Victoria del Portete y Molleturo respectivamente[3].
Este es un patrón en todos los territorios afectados por la industria
minera. Las mujeres no son escuchadas, ni cuentan con mecanismos para presionar
por sus legítimas demandas, todo lo contrario pasan a ser blanco de rabiosos y
permanentes ataques por parte de las corporaciones, gobiernos y estados que las
consideran un “obstáculo” para la imposición de los mega proyectos. Un caso
ilustrativo es el de la campesina cajamarquina Máxima Acuña en Perú, dentro del
conflicto por el megaproyecto de oro denominando Conga. Máxima y su familia
viven desde hace años un hostigamiento constante de parte de la empresa minera
Yanachocha junto con el gobierno y Estado de ese país, que ha incluido violencia
física por parte de la policía y fuerzas de seguridad de la minera intentando
desalojar a los Chaupe de su terreno en el sector Tragadero Grande. La empresa
además les ha enjuiciado por invasión de propiedad privada, y, tanto Máxima
como su familia, son blando de amenazas, intimidación, campañas de
desprestigio, daños a su propiedad, entre otras violaciones a sus derechos. Así
esta corporación minera, una de las más grandes del mundo, le ha quita a esta humilde
campesina cajamarquina la paz y tranquilidad, y la ha colocado en una situación
de mayor vulnerabilidad, ejerciendo distintas formas de violencia contra ella y
su familia.
Las mujeres se enfrentan así al poderío corporativo en defensa de sus
legítimos derechos. Frente a ello los usurpadores recurren a otras formas y
mayores niveles de violencia contra las mujeres, como la violación sexual para
el despojo forzado de los territorios. Uno de los casos
emblemáticos de cómo se utiliza a la violencia sexual para los desalojos en
favor de las empresas mineras es el de las indígenas Maya-Q´eqchis de Lote Ocho
en Guatemala: “El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la
comunidad Lote Ocho fe víctima de violación sexual, durante el desalojo
violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la
Compañía Guatemala de Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía
Nacional Civil y el ejército. LA CGN era en esa época subsidiaria de la empresa
minera trasnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando
los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote
Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los
agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas
trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron
violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.”[4]
El ambiente de hostilidad permanente que viven las mujeres, incluso
antes del inicio de la explotación minera, incrementa sus preocupaciones cotidianas,
pone en grave riesgo su vida, su integridad, y su salud física y emocional ya
que las somete a mayores niveles de presión y sentimientos de frustración al no
poder hacer frente al poder corporativo y de los gobiernos y estados cómplices
del saqueo minero.
Una vez que las corporaciones se instalan en los territorios usurpados, el
predominio de los hombres será mayor, ya que la minería es una actividad que
demanda principalmente su mano de obra, provocando una verdadera “masculinización”
de los territorios donde se implanta. A la par con ello, las mujeres despojadas
de sus medios de subsistencia como es la producción de alimentos a pequeña
escala, caerán en una una mayor dependencia económica con respecto a los
hombres, esto como es lógico se traducirá en mayores niveles de violencia
intrafamiliar.
A más de la violencia doméstica, las mujeres deberán seguir haciendo
frente a la violencia institucionalizada por parte de los gobiernos y estados,
cuando no a la de otros actores que se involucran en los conflictos mineros
como mafias de la droga o de la trata de personas y/u otros grupos armados. Así
la violencia se instituye en forma permanente en los territorios ocupados y se
vuelven cotidianos los casos de mujeres violadas, heridas, asesinadas, desaparecidas,
secuestradas, torturadas. Laura Carlsen, analizando el caso de México señala: “Las
mujeres organizadas contra la minería, los megaproyectos y otras invasiones de
sus derechos y tierras entran en conflicto con adversarios inmensamente poderosos
y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por los invasores,
las fuerzas gubernamentales de seguridad y las fuerzas paramilitares con
frecuencia atacan a la gente que defiende sus tierras donde las mujeres a
menudo lideran estas luchas… La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de
Derechos Humanos presentó un diagnóstico de los ataques contra las defensoras
en 2012. En la región, 38 fueron asesinadas, la mayor parte mujeres defendiendo
tierras, territorios y recursos.”[5]
Y no se puede dejar de mencionar una de las formas de violencia directa
contra el cuerpo de las mujeres que genera la industria minera y que afecta cada
vez con mayor fuerza a miles de mujeres, incluso niñas y adolescentes, esto es
la prostitución y el negocio de la trata de blancas. Para mencionar sólo un
ejemplo, es conocido el caso del municipio de Bosconia en Colombia donde la
minería de carbón ha provocado altos índices de prostitución infantil y juvenil.
Niñas de 13 y 14 años son obligadas a vender sus cuerpos en una zona donde las
grandes corporaciones del carbón como la estadounidense Drummond,
embolsan millonarias ganancias cada año. En su artículo “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres
rurales”, Dana Barón, citando una investigación periodística de agosto de 2013
referida a la prostitución infantil en Bosconia, da a conocer que: “desde
Cartagena, Pereira, Medellín, Armenia y Cali se mueven ‘oficinas de enganche’
de menores y prostitutas de hasta 26 años (…) estas redes criminales han
montado campamentos, cerca de las minas, para prestar servicios de
entretenimiento a los trabajadores”[6].
Cuando el mineral se
agota, las empresas abandonan los territorios devastados, dejando dolorosas
secuelas para las comunidades y en especial para las mujeres. Si por efecto de
la contaminación minera las mujeres se ven afectadas en su salud y/o en la de
sus hijas/os u otros miembros de su familia, esto hará que la carga de su
trabajo reproductivo aumente, ya que el cuidado de las/los enfermos recae
directamente sobre ella. En el Valle de Siria Honduras se han documentado casos
de graves impactos a la Salud de las/los niños por las operaciones de la mina
San Martín de Entre Mares, subsidiaria de la canadiense ColdCorp. En el 2008
comenzó el cierre de la mina y se acrecentó las denuncias de las comunidades de
los terribles daños ambientales y sociales que dejaban 8 años de explotación de
oro a cielo abierto. “La investigación “Contaminación de agua en el área de
explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud
humana”, realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de
las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil
alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media
nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los
trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el
833‰ o bien 33 veces la media nacional.[7]” Y a pesar de que las
demandas han llegado incluso a tribunales internacionales no se ha logrado
justicia para los afectados por ColdCorp, no sólo para quienes actualmente ya
han sido privados de su salud, sino para las generaciones venideras, ya que los
daños causados a los ecosistemas son irreversibles y sus efectos nocivos durarán
por cientos de años.
Las
mujeres hacen frente a la violencia minera con dignidad y valor
A pesar de toda la
violencia que se ejerce contra las mujeres en los territorios bajo el dominio
de la industria minera, eso no ha impedido que sigan siendo protagonistas de la
resistencia que levantan los pueblos en defensa de la Pachamama (Madre Tierra),
la Vida y la Soberanía, jugando un rol fundamental en la denuncia y exigencia
por los derechos violados.
El aumento de las formas
y niveles de violencia es una dura realidad que la viven miles de mujeres de comunidades
afectadas por los intereses y necesidades del capital transnacional minero, sin
embargo esta realidad ha llevado a gran número de ellas a no resignarse al
papel de víctimas, a abandonar el ámbito doméstico o comunitario y ponerse en
primera fila para organizarse, luchar, denunciar, reclamar, protestar, y, en
algunos casos, convertirse en activas defensoras de derechos, siendo la viva
muestra de que “donde hay opresión hay resistencia”.
[1]
Una versión del presente
artículo traducida al francés fue publicada en la revista Droits et libertés,
de la Liga por los Derechos y Libertades de Quebec. Volumen 34, número 1.
Junio, 2015.
[2] Lina Solano Ortiz es
Ecuatoriana. Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y
activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la
Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la
Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras
de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador.
Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM,
red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la
Región. Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en
Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad
de Cuenca.
[3]
Estas dos parroquias pertenecen al cantón Cuenca de la provincia de Azuay (sur
de la Región Andina de Ecuador).
[4] “Abriendo brecha en la búsqueda de
justicia: Violencia Sexual contra Mujeres Q´eqchis”. http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=78687.
[5]
“¿Por qué “la seguridad” induce más violencia contra las mujeres”. Laura
Carlsen. Abril 2014. http://www.cipamericas.org/es/archives/11957.
[6] “Impactos
de la minería en los derechos de las mujeres rurales?”, Dana Barón. http://cinep.info/cinep/images/stories/Documentos/ciendias80/2_mineria.pdf.
[7]
“Actividad minera en Región de Honduras deja rastros de enfermedades,
destrucción ambiental y desempleo”. Giorgio Trucchi. Septiembre de 2014. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2014/09/actividad-minera-en-region-de-honduras.html.
No hay comentarios:
Publicar un comentario