En
septiembre de 2011, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la
Soberanía (CNDVS), el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y la
Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo, presentaron una queja en la
Dirección Nacional de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de
la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Esta queja se refiere al desacato al
Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente en el 2008 por el cual
quedaron extinguidas las concesiones de las empresas mineras por varias
causales sin que el Ministerio de Energía y Minas, actual de Recursos No Renovables,
haya llevado a la práctica esta decisión de la Asamblea, por lo que se pidió a
la Defensoría del Pueblo realizar una Acción por Incumplimiento ante la Corte
Constitucional.
En
la mencionada queja se planteó el caso específico del proyecto Río Blanco en la
parroquia Molleturo, iniciándose por parte de la Dirección de Protección una
exhaustiva investigación por casi un año, durante la cual quedó demostrado que
jamás hubo procesos de consulta previa en este proyecto, que las cuatro concesiones
vigentes están dentro del bosque protector Molleturo-Mollepongo y del área de
amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, habiendo sido extinguidas por los Artículos 1, 3 y 4 del Mandato Minero, y al no haber hecho efectiva esta
extinción como lo ordenó el Mandato, el Ministerio de Recursos No Renovables
cometió un flagrante desacato favoreciendo a la International Mineral
Corporation (IMC) anterior dueña del proyecto Río Blanco que hace pocas semanas
pasó a manos del consorcio chino Junfield.
Siendo
el conflicto en Molleturo uno de los más fuertes en el país por la oposición
que desde hace años se mantiene al proyecto Río Blanco, y yendo ya para los dos
años de haber iniciado el trámite en la
Defensoría del Pueblo, las organizaciones que presentaron la queja habían venido
expresando su preocupación al conocer que desde hace varios meses la Dirección
de Protección habría elaborado una resolución, a la que no se le daba trámite; más
todavía cuando se solicitó por varias ocasiones una reunión con el Defensor del
Pueblo sin tener una respuesta favorable.
Por
todo esto una comisión del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y
varias otras organizaciones fraternas de la CNDVS, se trasladaron a Quito el
pasado 2 de mayo con el objetivo de conversar con la máxima autoridad de la
Defensoría Nacional. Al llegar pidieron se le comunique al Defensor que habían
venido a quedarse hasta conseguir dialogar con él. Tuvieron que esperar largo
rato; varios funcionarios vinieron a atender a la comisión, pero la decisión
era firme, permanecer en la Defensoría hasta hablar con el Dr. Ramiro
Rivadeneira.
Así
permaneció la comisión entonando consignas como “Juguemos en el bosque hasta
que el Defensor esté, si el Defensor no aparece las mineras nos comerán”, en
alusión al papel que debe cumplir la Defensoría establecido claramente en la Constitución
vigente. Al fin el Defensor bajó dispuesto a dialogar con las/los campesinos
que desde distintos lugares del país se movilizaron para que se les dé una
explicación de la demora en hacer conocer la resolución en torno al desacato al Mandato Minero.
Lina
Solano Ortiz fue la encargada de exponer al Defensor todas las
preocupaciones de las organizaciones frente a la demora que se ha dado a un
asunto tan emergente, y la decisión de exigir por el pronunciamiento inmediato de
la Defensoría. “No es un asunto de un mes, ni dos, vamos para los dos años de
haber presentado la queja y es inaudito que la Defensoría no se haya
pronunciado, más cuando se tratan de derechos fundamentales que han sido
violados”.
Varias
representantes del Frente de Mujeres tomaron también la palabra y expresaron al
Defensor que el conflicto que se vive en las comunidades es permanente y la
Defensoría no puede permanecer al margen de un tema trascendental para el
país.
Elsa
Urgiles, Defensora de la Pachamama de Molleturo dijo al Defensor: “…los
que llegan a un puesto ha de ser para hacer algo no sólo para ganar plata y
vivir de ello, vivir del pueblo, El pueblo grita porque necesita… Nuestra
descendencia un día van a nacer, crecer y vivir, ¿en qué? ¿en un desierto?
Nuestra Madre Tierra, la sangre de ella es las minas, si la mina no hay ¿qué
suda? ¿qué suda? ¿de dónde sale el agua?... ¿dónde estamos nosotros? Estamos sobre
la tierra y necesitamos vida.”
Rosío
Pérez Arévalo Coordinadora del Frente por su parte manifestó: “…Vengo de la
parroquia Tarqui… allí estamos siendo afectados por esta transnacional minera
IAMGOLD… El domingo pasado se fueron compañeros allá y ya están allí máquinas
haciendo trabajos, justo donde nace el
Río Irquis, entonces de qué derechos habla la Constitución… en la quebrada Quinahuayco
es donde nace el río Irquis, de donde tomamos 1400 personas el agua…” Más
adelante en su intervención cuestionó: "¿de qué nos sirve un colegio del milenio
que están ofreciendo en Victoria del Portete, si no vamos a tener agua? ¿de qué
nos sirve una casa comunal, una cancha múltiple, si no vamos a tener agua, no
vamos a tener cómo cultivar?... ¿por qué no defienden nuestras fuentes de agua en
la Costa, Sierra y Oriente?...”
El
Defensor del Pueblo de Ecuador por su parte primero pidió disculpas por la
demora en este trámite aduciendo que se están agotando todas las fuentes de información
en un tema tan delicado. Informó que se han estado realizando unas últimas
gestiones a fin de que el expediente quede completo y ofreció que en 15 días se
entregaría la resolución correspondiente.
La
comisión se retiró luego de reiterar la importancia de que la Defensoría actúe
en cumplimiento de lo que le atribuye la Constitución y no deje en la
indefensión a las comunidades afectadas por mega proyectos de minería en el país.
Luego
las/los delegados acordaron esperar hasta mediados de mes para convocarse a
una asamblea en la cual se puedan tomar nuevas resoluciones dependiendo de lo
que ocurra.
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