Política
preferencial
Ref:
GUA001 UNION LATINOAMERICANA DE
MUJERES
Arequipa,
Perú
Presidente de la Repúbllica Otto Pérez Molina
Casa Presidencial
6a Avenida 4-41
Zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala
16
de Mayo 2013
Estimado
Presidente Otto Peréz Molina
Represión y criminalización de defensores de derechos humanos
Nuestra
organización de mujeres defensoras de derechos humanos, la tierra
y el
ambiente (ULAM), conjuntamente con personas de varios países
comprometidos
con la justicia global y el respeto de derechos humanos, le
hacemos
llegar nuestras preocupaciones sinceras sobre la tendencia
dictatorial
que su gobierno evidencia en su respuesta a conflictos socioambientales
en
los distritos de Jalapa y Santa Rosa.
El
pasado 2 de Mayo de 2013, cuatro municipalidades; San Rafael las Flores,
Mataquescuintla,
Casillas y Santa María Xalapán de los distritos de Jalapa y
Santa
Rosa, fueron declaradas en ‘Estado de Sitio’. Según la Ley de Orden
Publico
de la Asamblea Constituyente, Decreto numero 7, las garantias que
la
Constitución establece están en restricción durante los ‘Estado de Sitio’,
poniendo
en vulnerabilidad el pleno respeto a derechos humanos de los
pobladores.
Las restricciones permiten la disolución de cualquier
‘organización,
asociación o agrupación’, la captura o confinamiento de
personas
‘sospechosas’ sin mandamiento judicial, y la represión por medios
‘ofensivos’
a cualquier acción individual o colectiva contraria a el
restablecimiento
de la ‘normalidad’ (Capitulo V, Articulo 19. 1/2/3). Estos
permisos
anulan el derecho de reunión y manifestación pacifica de
defensores
de derechos humanos, la tierra y el ambiente.
Después
de pasar ocho días bajo estas medidas, el 9 de Mayo de 2013 se
retiró
el ‘Estado de sitio’, instalando un ‘Estado de Prevención’ en las cuatro
municipalidades.
Aunque este nuevo estado restringe menos derechos
Constitucionales
en comparacion con el ‘Estado de Sitio’, igualmente limita
derechos
humanos fundamentales ya que las medidas dan al gobierno
control
total de la expresión de los pobladores (Capitulo II, Articulo 8,
2/3/4/56/7).
Estas medidas violan el derecho a la libre expresión y
movimiento,
pero al facilitar la represión y aplicación de fuerza por parte del
ejercito
lesiona no solo las obligaciones internacionales de Guatemala a
respetar
los derechos humanos sino también la fe de los habitantes de
Guatemala
en instituciones democráticas.
Es
importante hacer hincapié que las raíces de los conflictos entre los
pobladores,
Policías Nacionales Civil (PNC), y el ejercito surgen por el
proyecto
minero ‘El Escobal’, de la subsidiara San Rafael propiedad de la
compañía
minera Canadiense-Estadounidense Tahoe Resources. Los
pobladores
han hecho claro su rotundo rechazo al proyecto minero no solo a
través
de ocho consultas comunitarias sino también mediante un sin numero
de
manifestaciones pacificas. Lamentablemente sus reclamos no han sido
escuchados
ni respetados por autoridades Guatemaltecas.
Apenas
habian pasado dos semanas del secuestro de cuatro lideres
indígenas
Xinca (uno fue encontrado muerto el 18 de Abril de 2013) cuando
el
Ministerio de Energía y Minas aprobó la licencia de explotación de Tahoe
Resources.
Esta noticia intensificó la oposición al proyecto minero. El 27 de
Abril
de 2013, durante una caminata pacifica, seguridad privada de la
compañía
minera disparo en contra de comunitarios, hiriendo a seis
personas
incluyendo a un joven en el rostro. A pesar de la gravedad de los
incidentes,
el gobierno procedió con la aprobación del proyecto minero y el
29
de Abril de 2013 firmó el acuerdo oficial con la compañía minera .
El
trato preferencial que ha mostrado el gobierno Guatemalteco a la
compañía
minera queda demostrando en el informe preliminar publicado
por
la delegación que visitó los municipios afectados los días 4 y 5 de Mayo
de
2013. En este informe quedo documentado el uso desmedido y
desproporcionado
de fuerza, robos y destrucción por manos del ejercito y la
humillación,
denigración e intimidación de mujeres. Todo ello pone en
manifiesto
que las actuales restricciones a que están sometidas las cuatro
municipalidades
solo sirven para criminalizar, reprimir, y aterrorizar a la
población
que manifiesta su oposición al proyecto minero.
En
vista de esta situación, a través de esta carta le instamos Presidente Otto
Pérez
Molina a
que considere las siguientes medidas:
1)
Anular el Estado de Prevención en las cuatro municipales, y
reasuma
con una mesa de dialogo entre el estado, la compañía
minera
y las comunidades.
2)
Garatizar la seguridad física de defensores de derechos
humanos
que están en oposición al proyecto minero, respetando
sus
derechos a justicia y tratamiento humano en detención
3)
Investigar a fondo el asesinato y secuestro de lideres Xinca,
como
también los hechos del 27 de Abril 2013, castigando a los
culpables
y sancionado a Tahoe Resources por los actos de su
seguridad
privada.
4)
Cese la criminalización y persecución de defensores indígenas
e
campesinos quienes se oponen al proyecto minero.
Atentamente
Unión Latinoamericana de Mujeres
“Por el derecho a defender nuestros derechos”
Organizaciones
Unión
Latinoamericana de Mujeres Internacional
Frente
de Mujeres defensoras de la Pachamama Ecuador
Asociación
de Mujeres Unidas Para el Agua Perú
Frente
de Mujeres Guardianas de la Amazonía Ecuador
Homo
et Natura Venezuela
Centro
de Mujeres Indígenas Aymaras Candelaria Bolivia
Fundación
Mujeres Del Agua Venezuela
Comité
de afectados por la minería en Mayoc Perú
Marcha
Indígena, Campesina y Popular de Guatemala Guatemala
Red
Mexicana de Afectados por la Minería México
Network in Solidarity with the People of Guatemala EE.UU.
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