29 de septiembre de 2015

PRONUNCIAMIENTO DEL FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA ANTE EL AVANCE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN RÍO BLANCO Y QUIMSACOCHA

Desde la semana anterior ha vuelto a la discusión pública el tema del informe presentado en el 2013 a la Municipalidad de Cuenca por el Instituto Francés de Investigación Geológica y Minera (BRGM por sus siglas en francés). Dicho informe señala, entre otros preocupantes puntos, que no existen estudios que den cuenta de la situación actual y los posibles impactos de la minería aurífera en el agua, especialmente subterránea, en Río Blanco (Molleturo) y Quimsacocha (Victoria del Portete), lo cual es grave dado que son zonas de páramo donde nacen cuencas y subcuencas hídricas que abastecen extensos territorios de los cantones Cuenca, Girón, San Fernando, llegando incluso a la parte costanera de Azuay, y sectores de las provincias de Guayas y El Oro.

El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama al respecto manifiesta:

1.    Su sentida preocupación, una vez que queda claro que ninguna autoridad de la provincia de Azuay, ni del cantón Cuenca, ha tomado interés en un tema tan sensible como es la posible explotación de minería a gran escala en los páramos del Macizo del Cajas, ya que el informe del BRGM quedó en el olvido por más de dos años, tiempo en el cual ha avanzado el proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto minero Río Blanco, aprobándose en el 2014 el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la fase de explotación, cuando el informe del BRGM señala: “De la información que se tiene, el estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Río Blanco no dispone de estudios y datos necesarios para definir adecuadamente las líneas de base de punto cuantitativo y cualitativo de las aguas. Es especialmente débil en la definición de acuíferos, de los flujos subterráneos y de la velocidad del agua subterránea.”, entre otras consideraciones que constan en dicho informe.

2.    Su rechazo a la política minera del actual gobierno dirigida únicamente a favorecer a las corporaciones transnacionales facilitándoles el saqueo de los minerales, sin importar el costo social y ambiental que esto significará para las comunidades y para la ciudadanía de Cuenca, de otros cantones del Azuay y de otras provincias, ya que tanto el proyecto minero Río Blanco como Loma Larga se encuentran en áreas de páramo del Macizo del Cajas, fundamentales para el abastecimiento de agua de los cantones Cuenca, Girón, San Fernando, Santa Isabel, y zonas de las provincias costeras de Guayas y El Oro.

3.    Su indignación a la pretensión de hacer pasar a los mega proyectos mineros Rio Blanco y Loma Larga dentro de la figura de “mediana minería”, creada el año pasado por el gobierno, lo cual traerá ingentes beneficios a las corporaciones Junefield (China) e INV Metals (Canadiense). En el caso Loma Larga, la empresa en un informe de marzo de este año presenta una cantidad de remoción de material de sólo 1.000 toneladas diarias, cuando antes se hablaba de 3.000, lo que le permitiría entrar en la categoría de “mediana minería” y con ello no tendría que negociar contratos con el Estado, ni pagar impuestos a las ganancias extraordinarias y las regalías serían menores al 5%, entre otras ventajas.

4.    Su rechazo al fraudulento proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la fase de explotación del proyecto minero Río Blanco, realizado por el Ministerio de Ambiente (MAE), y de solicitud de concesiones en la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA-Demarcación Jubones.

En el caso de la aprobación del EIA, se trata de un procedimiento totalmente viciado de ilegalidad desde su inicio, ya que estas concesiones mineras fueron hechas sin información ni Consulta Previa a las comunidades, desacatando el Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente en 2008, y como una mera formalidad para la entrega definitiva de los territorios en beneficio de la corporación china Junefield, ya que este EIA quedó aprobado con una serie de deficiencias, inexactitudes, vacíos de información o información desactualizada, que no permiten tener seguridad de lo que va hacer la empresa en temas sensibles como: la gestión de residuos sólidos y líquidos, efluentes industriales, escorrentía, demanda de agua y los impactos del proyecto en la calidad y disponibilidad de agua.

Lo anterior es mucho más grave si se tiene en cuenta que el EIA de Río Blanco fue aprobado en 2014 con una demanda de agua de 5.04 l/s (litros por segundo), en base del balance completo (mina y beneficio), según lo ha indicado la empresa a su contestación a las observaciones hechas por el MAE. Sin embargo, desde el año pasado la empresa viene solicitando en la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA-Demarcación Hidrográfica Jubones, un total de 18.17 l/s, es decir, el triple de la cantidad que asegura va a utilizar según el EIA aprobado por el MAE. Las concesiones que solicita son de las quebradas Migsihuigsi por 13.11 l/s, Achupalla 3.66 l/s y Catichimachay 2 por 1.40 l/s.

Así este trámite de solicitud de concesiones de agua en la SENAGUA, deja en entredicho el EIA mismo, ya que si este fue elaborado en base a 5.04 l/s pero la empresa ocupará el triple de agua, este instrumento “técnico” simplemente carece de valor y credibilidad.

Por todo lo manifestado el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama considera que a más de retomar el informe dado por el BRGM, el Concejo Cantonal de Cuenca debe:

a)    Exigir en forma urgente la suspensión de todos los procesos administrativos para explotación minera en el Cantón Cuenca que se estén llevando en distintas instancias estatales.

b)    Exigir a la Secretaria Nacional del Agua SENAGUA-Demarcación Hidrográfica Jubones el archivo del trámite para la entrega de concesiones de agua para el proyecto Río Blanco, expediente administrativo DHJ-2013-303-C; así como, la suspensión de los trámites de licenciamiento ambiental en el Ministerio del Ambiente para la fase de explotación y beneficio del mismo proyecto minero.

c)    Impulsar una auditoría al trámite de licenciamiento ambiental del proyecto minero Río Blanco, que incluya la revisión exhaustiva de los EIA aprobados por el Ministerio de Ambiente.

d)    Impulsar de igual manera una auditoría al trámite para las concesiones de agua solicitada por la empresa San Luis Minerales S.A. en SENAGUA-Demarcación Jubones.

e)    Manifestar su posición frente a todas las adecuaciones legales que el gobierno está haciendo para facilitar la explotación minera y beneficiar a las transnacionales como con la creación de la figura de “mediana minería”.

¡POR EL DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS!

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