“¿A quién se le puede ocurrir que una madre use a sus hijos como escudos humanos? ¿Por qué los watía no entienden que para nosotros los yukpas no hay lugar en el mundo más seguro para los niños que parimos y criamos que nuestro lado?”.
Alina Fernández, de 29 años de edad y 2 hijos menores de edad, habla a nombre de los 19 padres y madres que fueron declarados responsables de poner en peligro la vida de 47 niños que estuvieron en la protesta de 11 días que mantuvieron los yukpas en julio de 2010 frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para reclamar sus derechos. Cuando dice “watía” se refiere a todas aquellas personas que no son indígenas.
“Al segundo día de la protesta en Caracas se presentó el Gobierno (funcionarios del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador) y se querían llevar a nuestros muchachitos. Nosotras no nos separamos de nuestros hijos nunca. Hasta cuando son unos carajitos nos los llevamos para sembrar, para vender artesanías y, en los últimos tiempos, para donde quiera que hemos tenido que ir para que nos devuelvan las tierras de la sierra de Perijá. Sólo aceptamos que llevaran para el hospital a los que estaban enfermos. Sabíamos que lo que querían era dividirnos y que no siguiéramos pidiendo que soltaran a tres de nuestros caciques que estaban presos”, recuerda Martínez.
Esos detenidos eran Sabino Romero y Alexander Martínez (hermano de Alina Fernández), de la comunidad Chaktapa, y Olegario Romero, de la comunidad Guamo Pamocha. Los tres fueron encarcelados en Fuerte Macoa luego de ser imputados por las muertes de Hevert García y Mireya Romero, ocurridas en un altercado entre los líderes de ambas comunidades, el 13 de octubre de 2009, un día después de que el Ejecutivo anunció la asignación de lotes de tierras en la sierra de Perijá que, lejos de resolver el conflicto, causaron pugnas fraticidas.
Los manifestantes exigían al TSJ que el caso fuera resuelto en la jurisdicción indígena; es decir, por las autoridades yukpas y de acuerdo con las costumbres de la etnia, tal como está establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Los yukpas no encontraron la tutela judicial que buscaban en Caracas y, por el contrario, regresaron a la sierra de Perijá con el peso de un nuevo proceso judicial. El 5 de agosto de 2010, el fiscal 106 del Ministerio Público, Ramón Liscano, solicitó ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, a cargo de la jueza Joocmar Oviedo Contreras, que se determinara la responsabilidad de los padres y madres yukpas por el “traslado ilícito de niños y su uso indiscriminado para fines personales” sobre el supuesto peligro de muerte en que pusieron a sus hijos, así como de dos de las organizaciones gubernamentales que han apoyado la lucha yukpa: la Sociedad Homo et Natura y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Dos años y medio después. El fiscal Liscano argumentó que los niños que estuvieron frente al TSJ se encontraban “en condiciones que pueden ser catalogadas de inhóspitas, toda vez que duermen en el piso, en sábanas, en carpas improvisadas, etcétera, sin obtener el cuidado sanitario requerido…”
Alina Fernández lamenta que la Fiscalía soslaye el modo de vida yukpa y el origen de sus reclamos: “Nosotros y nuestros niños dormimos en el suelo, aunque estemos en la sierra y en cualquier otra parte. Ese no es el problema. La Fiscalía, en vez de estar acusándonos, nos debería ayudar a recuperar las tierras que nos quitaron los ganaderos. Que apuren la demarcación para que podamos cosechar alimentos; que nos den medicinas para que nuestros niños no sigan muriendo porque en los ambulatorios de la sierra no hay con qué curar una picada de culebra y se nos mueren en el camino a Machiques”, dice la mujer que se desempeña como enfermera en la comunidad El Tokuko.
Para la Fiscalía, la situación de peligro en que se encontraban los 47 niños yukpas frente a la sede del TSJ cesó con su retorno a la sierra de Perijá, el 1° de agosto de 2010. Sin embargo, quedó pendiente la determinación de las responsabilidades por lo ocurrido.
El tribunal demoró dos años y medio en cumplir el requisito de notificar a los representantes de Homo et Natura y a los de Provea a efectos de continuar con el proceso en su contra por haber participado en “la logística” de la protesta ante el TSJ. El 29 de noviembre se formalizó la comunicación a Provea y se fijó el 7 de febrero como fecha para la audiencia preliminar.
El fiscal Liscano está de vacaciones y su suplente, Doris Santiago, no accedió a ofrecer mayores explicaciones sobre el desarrollo del proceso y el empeño del Ministerio Público en sancionar a las dos ONG con multas, en el peor de los casos, para Homo et Natura y Provea.
Criminalización de la protesta. Lusbi Portillo, de Homo et Natura, acompaña a los yukpas desde 1992. Recuerda que con la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, las constantes peregrinaciones de los yukpas a Caracas adquirieron un sentido más digno: dejarían de ser mendigos nómadas (como las mujeres que se instalaban en medio de las avenidas, descalzas y con sus hijos en brazos, esas que golpeaban con un pote las ventanas de los automóviles) para convertirse en irreductibles luchadores por las tierras que ancestralmente les pertenecen.
Portillo afirma que el conflicto está intacto. La última entrega de títulos colectivos a los yukpas de la sierra, el 15 de diciembre de 2011, no satisface la autodemarcación de tierras que aspiran los indígenas y, para mayor gravedad, reconoce el derecho de terceros, entre ellos los ganaderos y parceleros que ocupan la zona.
En la contestación de la demanda, Provea señaló que las protestas cuestionadas por el Ministerio Público se han realizado “desde la propia forma de ser y pensar del pueblo yukpa, que considera la movilidad familiar como un aspecto esencial de su particularidad como pueblo y en la que los niños, niñas y adolescentes acompañan permanentemente a los adultos en especial a su madre”.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, lo resume: “Este proceso contra los yukpas y dos ONG que acompañan su lucha es otra evidencia de una política de Estado sistemática: la criminalización de la protesta, del derecho a exigir derechos”.
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